A 10 años de la primera gran marcha de estudiantes, Chile enfrentó ayer algunos de aquellos reclamos que golpearon con fuerza a los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, si bien la mandataria -ahora en su segundo Gobierno- afirma que todos los esfuerzos de su gestión están puestos en lograr la gratuidad de una educación de calidad.
Aquel 26 de mayo de 2006, unos 100 mil estudiantes secundarios salieron a las calles y cuatro días después 600 mil se sumaron al primer paro nacional para cambiar el sistema educativo chileno edificado por la dictadura, que hizo de los secundarios y universidades públicas y privadas un negocio costeado por el estudiantado en al menos un 75 por ciento, a la vez que trasladó a los municipios la educación primaria gratuita, con diferencias de calidad según fuesen ricas o pobres las comunas.
Ese estallido, en el comienzo del primer mandato de la socialista Bachelet, se convirtió en la mayor protesta de estudiantes en la historia de Chile, superando a las producidas en 1972 durante el gobierno de Salvador Allende y su proyecto de la Escuela Nacional Unificada y durante la década de 1980 contra las políticas educacionales del régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
El martes, a dos días del aniversario de la primera manifestación estudiantil, los alumnos chilenos volvieron a hacer oír sus reclamos, incluso dentro del Palacio de La Moneda al que ingresaron simulando ser turistas.
El alza en el costo del PSU (Prueba de Selección Universitaria) y la restricción del uso del pase escolar a sólo dos veces al día fue lo que encendió la mecha del estallido de la "revolución de los pingüinos" de 2006, como se conoció a la protesta de los secundarios por el color blanco y negro de sus uniformes.
Diez años después, los entonces dirigentes -hoy en su mayoría profesionales, padres o políticos- comentan que ese movimiento no sólo abrió la puerta para que en 2011 los universitarios pudieran levantar sus propias demandas, sino que puso a la educación en el centro de la discusión. "Hoy la educación es una prioridad nacional, y eso sin duda es mérito del movimiento en que nos tocó participar", señaló hace dos semanas el exlíder del movimiento secundario, Julio Isamit, en declaraciones a un diario local.
La población secundaria, cuando opta por la educación superior accede a centros privados con aranceles que bordean los 420 dólares mensuales en contraposición con un salario mínimo valorado en 340 dólares. En ese marco se entiende la insatisfacción que perdura en el movimiento estudiantil ante avances parciales propuestos por Bachelet desde el año pasado, y obstaculizados por los partidos de derecha y sectores del poder judicial.
La mandataria anunció en su cuenta pública que la gratuidad garantizada por el Estado de la educación universitaria favorecerá en 2016 a 264 mil jóvenes de muy bajos recursos, y que se amplió en un 16% los fondos disponibles para becas.

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