Días atrás el Congreso de la Nación aprobó un proyecto de emergencia ocupacional, más conocida como “Ley antidespidos” la cual fue vetada por el presidente Mauricio Macri. Ante esto la diputada nacional por Jujuy Alejandra Martínez expresó que la oposición busca caracterizar ese veto como un gesto autoritario.
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Días atrás el Congreso de la Nación aprobó un proyecto de emergencia ocupacional, más conocida como “Ley antidespidos” la cual fue vetada por el presidente Mauricio Macri. Ante esto la diputada nacional por Jujuy Alejandra Martínez expresó que la oposición busca caracterizar ese veto como un gesto autoritario.
“El sobrenombre encierra un error, ya que supone la eficacia de esta norma en el combate del desempleo, cosa que no se ha demostrado en absoluto. Por ello el presidente apeló a otro enfoque, que en mi opinión describe mejor a este proyecto, y se refirió a él como un cepo laboral. Motivado por esa convicción, decidió hacer uso de una facultad que la Constitución le reconoce y la vetó”.
Explicó que la ley antidespidos no es una buena ley. “Este proyecto no contempla en absoluto la realidad laboral del país, no se basa en ningún dato concreto u objetivo sobre el desempleo en Argentina y desoye a sectores importantísimos que se verían afectados, como las Pymes, empleadoras del 70 por ciento de los trabajadores. El Gobierno nacional ha decidido, en cambio, fortalecer a estos actores vitales de nuestra economía con créditos sumamente accesibles y medidas de alivio fiscal”.
Agregó que la declaración de emergencia ocupacional sólo perjudica a quien dice beneficiar. Señalando que la última vez que se sancionó una norma como ésta el desempleo había alcanzado casi un 20 %o.
Añadió que en Argentina hay 6,3 millones de trabajadores en el ámbito privado, 3 millones en el ámbito público y 6 millones de personas desocupadas o que trabajan en negro. “En el NOA, el trabajo precarizado llega al 41 %. Estos trabajadores son los más castigados por el proyecto de cepo laboral, que dificulta las condiciones de su contratación o registro”.
En ese sentido dijo que Jujuy tiene 55 mil trabajadores en el ámbito privado, 85 mil en el público y 110 mil planes sociales. “Éste es el saldo que dejó el Gobierno anterior, al transformar el subempleo en una herramienta de subordinación. Pero optamos por un cambio, con la convicción de que otra provincia es posible; una provincia con empleo formal, de calidad, que permita el desarrollo de las potencialidades individuales y colectivas de los jujeños”.
Por último dijo que por eso el presidente, Mauricio Macri, vetó la ley. “Quiero expresar, por ello, mi apoyo hacia esta decisión del presidente”.