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Rechazan pedido de prescripción presentado por una escribana

Martes, 31 de mayo de 2016 01:30
ARMANDO BERRUEZO
El juez de Control N§ 4, Isidoro Arzud Cruz, rechazó el incidente de prescripción de la acción penal que había interpuesto la defensa técnica de la escribana adscripta al Registro del Estado, Patricia Aguilera, en la causa en la que se encuentra imputada por supuesto incumplimiento a los deberes de funcionario público.
La citada profesional es la que habría confeccionado la escritura pública N§ 100, que otorgaba la propiedad de un lote fiscal, en la finca El Pongo, al exjefe de Gabinete del último Gobierno provincial, Armando Rubén Berruezo.
De esta manera, si se ratifica la decisión de Cruz, la profesional seguiría involucrada en la causa en la que se investiga a Berruezo por supuestos negocios incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, falsedad ideológica y fraude a la administración pública.
Apelación de fiscal
Por otra parte, trascendió que el fiscal Carlos Enrique Farfán habría apelado la decisión del juez de Control, Gastón Mercau, que hizo lugar al pedido de nulidad de elevación a juicio en la causa que se sigue a exfuncionarios y exempleados del Ministerio de Educación, por la compra de alimentos para carroceros en 2013.
Esta presentación, de ser confirmada, deberá ser resuelta por la Cámara de Apelaciones.
En esta causa se investiga a los exfuncionarios, entre ellos el exministro de Educación Rodolfo Tecchi, y exempleados por una supuesta liberación de fondos que alcanzaría los 120 mil pesos, para ser destinados a la compra de sandwiches y gaseosas a carroceros en la Fiesta de los Estudiantes del 2013.
Tecchi, actual rector de la Unju, y Claudio Flores, exjefe del Area de Gestión Presupuestaria del Ministerio de Educación, siguen imputados por ser los supuestos autores del delito de "fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad en concurso real", en tanto que Lourdes Rodríguez Ramos y Germán Sarapura por presunto "fraude en perjuicio de la administración pública".
Por otra parte, trascendió en ámbitos judiciales que los principales imputados en este caso fueron citados a declarar en dos ocasiones, y en ambas se habrían abstenido de hacerlo valiéndose de su derecho constitucional.
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El juez de Control N§ 4, Isidoro Arzud Cruz, rechazó el incidente de prescripción de la acción penal que había interpuesto la defensa técnica de la escribana adscripta al Registro del Estado, Patricia Aguilera, en la causa en la que se encuentra imputada por supuesto incumplimiento a los deberes de funcionario público.
La citada profesional es la que habría confeccionado la escritura pública N§ 100, que otorgaba la propiedad de un lote fiscal, en la finca El Pongo, al exjefe de Gabinete del último Gobierno provincial, Armando Rubén Berruezo.
De esta manera, si se ratifica la decisión de Cruz, la profesional seguiría involucrada en la causa en la que se investiga a Berruezo por supuestos negocios incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, falsedad ideológica y fraude a la administración pública.
Apelación de fiscal
Por otra parte, trascendió que el fiscal Carlos Enrique Farfán habría apelado la decisión del juez de Control, Gastón Mercau, que hizo lugar al pedido de nulidad de elevación a juicio en la causa que se sigue a exfuncionarios y exempleados del Ministerio de Educación, por la compra de alimentos para carroceros en 2013.
Esta presentación, de ser confirmada, deberá ser resuelta por la Cámara de Apelaciones.
En esta causa se investiga a los exfuncionarios, entre ellos el exministro de Educación Rodolfo Tecchi, y exempleados por una supuesta liberación de fondos que alcanzaría los 120 mil pesos, para ser destinados a la compra de sandwiches y gaseosas a carroceros en la Fiesta de los Estudiantes del 2013.
Tecchi, actual rector de la Unju, y Claudio Flores, exjefe del Area de Gestión Presupuestaria del Ministerio de Educación, siguen imputados por ser los supuestos autores del delito de "fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad en concurso real", en tanto que Lourdes Rodríguez Ramos y Germán Sarapura por presunto "fraude en perjuicio de la administración pública".
Por otra parte, trascendió en ámbitos judiciales que los principales imputados en este caso fueron citados a declarar en dos ocasiones, y en ambas se habrían abstenido de hacerlo valiéndose de su derecho constitucional.
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