La Comisión de Minería del Senado dio ayer dictamen favorable al proyecto de creación de la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), que fue privatizada en 1994, y que obliga al Estado Nacional a hacerse cargo del pasivo de la firma que funciona en la localidad santacruceña de Río Turbio.

El intendente de la ciudad de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna, reveló que buscará "consensuar" con el Ejecutivo un "veto parcial".

La iniciativa fue rubricada por los legisladores del Frente para la Victoria que conforman la comisión, pese a que la discusión se dio en un plenario conjunto con de Presupuesto y Hacienda, que no contaba con el quórum necesario.

En circunstancias similares, es decir en un plenario de comisiones en la que uno de los cuerpos no tiene el número suficiente de legisladores presentes, otros proyectos no pudieron ser dictaminados.

Así ocurrió el año pasado con la creación de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y hace un mes con la modificación de la Ley de Administración Financiera que obliga al Ejecutivo a pedirle permiso al Congreso para tomar deuda.

No obstante, la firma de la Comisión de Minería, en la que su presidente, el sindicalista y representante del Movimiento Popular Neuquino, Guillermo Pereyra, estuvo ausente, aún falta el dictamen de Presupuesto y Hacienda.

El proyecto busca reflotar la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales, absorbiendo la deficitaria Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Para ello, la iniciativa declara de "interés nacional el desarrollo de la exploración y explotación del carbón mineral y sus derivados, como recurso para la generación de energía eléctrica".

El vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González, dijo que si la iniciativa, que ya tiene sanción de Diputados, no se aprueba "podrían extinguirse dos localidades de la provincia" y provocar un "grave perjuicio".

El senador radical santacruceño, Alfredo Martínez, recordó que en enero se publicó una Resolución del Poder Ejecutivo para realizar una auditoría de la situación de la empresa que durará 120 días.

"Se busca que se unifiquen el yacimiento y la usina", y reclamó aguardar el resultado de la auditoría para firmar el dictamen. Sin embargo, su coterránea, la kirchnerista María Labado reclamó "darle continuidad rápido" al asunto.

La voz discordante la puso el senador porteño Fernando "Pino" Solanas al denunciar que la medida "es un disparate, un mamarracho" y recordó que "el país firmó un compromiso internacional para disminuir la contaminación". "Vamos a aprobar una industria contaminante. Esta es una salida demagógica, mentirosa y corrupta", sentenció.

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