El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, de la suspendida presidente Dilma Rousseff, exigió ayer la destitución de 10 ministros del Gobierno interino de Michel Temer, a los que acusó de violar tanto la ética política como la propia Constitución, porque eran legisladores, sufragaron a favor del impeachment, y "negociaron sus cargos antes de las votaciones".
La demanda fue presentada por el diputado Alfonso Florence, jefe de la bancada del PT en la Cámara Baja, ante la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, un día después de que el ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, renunció a su cargo en medio de un segundo escándalo asociado a las corruptelas en la estatal Petrobras. El primero fue el alejamiento del ministro de Planificación Romero Jucá.
Según el documento del PT, hasta su nombramiento, ocho de los ministros de Temer ocupaban sendos escaños en la Cámara Baja y los otros tres en el Senado, y todos votaron a favor de instaurar el proceso que separó de sus funciones temporalmente a Rousseff, por lo que queda claro que "negociaron sus cargos antes de las votaciones".
La demanda afecta al canciller José Serra y a los titulares de Agricultura, Blairo Maggi; Ciudades, Bruno Araújo; Desarrollo Social y Agrario, Osmar Terra; Transportes, Mauricio Quintella; Educación, José Mendon‡a Filho; Salud, Ricardo Barros; Medio Ambiente, José Sarney hijo; Minas y Energía, Fernando Coelho Filho; y Trabajo, Ronaldo Nogueira.
"La votación del proceso de ''impeachment'', que debía ser jurídica y hecha con base en el interés público, fue motivada por intereses personales y políticos, como denota el hecho de que los denunciados hayan sido nombrados ministros inmediatamente después de que votaron por la suspensión de la presidenta Rousseff", afirma el PT.
En el caso del canciller Serra, se anexa una demanda particular, en la cual se le acusa de "conferirle un tono nítidamente ideológico a su gestión y obligar a sus subordinados a adherir a su visión específica de los hechos políticos ocurridos en el país". El PT sostiene que eso se "comprueba" con "instrucciones dadas" a las embajadas brasileñas en el exterior, en las que Serra habría "ordenado" que "el cuerpo diplomático brasileño combata la tesis de que hubo un golpe en el país", como afirma Rousseff. Los documentos presentados por el PT a la Comisión de Ética de la Presidencia de la República incluyen también numerosos reportajes de diarios nacionales, en los que se reflejan las negociaciones que Temer mantuvo con su base política antes de las votaciones en que las cámaras legislativas se decantaron por procesar a Rousseff. Según el PT, todos los denunciados violaron el artículo 37 de la Constitución, que se refiere a la "moralidad" y la "ética" en la política, y otras leyes específicas de la administración pública, que establecen la "separación de intereses públicos y privados".
La demanda fue presentada por el diputado Alfonso Florence, jefe de la bancada del PT en la Cámara Baja, ante la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, un día después de que el ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, renunció a su cargo en medio de un segundo escándalo asociado a las corruptelas en la estatal Petrobras. El primero fue el alejamiento del ministro de Planificación Romero Jucá.
Según el documento del PT, hasta su nombramiento, ocho de los ministros de Temer ocupaban sendos escaños en la Cámara Baja y los otros tres en el Senado, y todos votaron a favor de instaurar el proceso que separó de sus funciones temporalmente a Rousseff, por lo que queda claro que "negociaron sus cargos antes de las votaciones".
La demanda afecta al canciller José Serra y a los titulares de Agricultura, Blairo Maggi; Ciudades, Bruno Araújo; Desarrollo Social y Agrario, Osmar Terra; Transportes, Mauricio Quintella; Educación, José Mendon‡a Filho; Salud, Ricardo Barros; Medio Ambiente, José Sarney hijo; Minas y Energía, Fernando Coelho Filho; y Trabajo, Ronaldo Nogueira.
"La votación del proceso de ''impeachment'', que debía ser jurídica y hecha con base en el interés público, fue motivada por intereses personales y políticos, como denota el hecho de que los denunciados hayan sido nombrados ministros inmediatamente después de que votaron por la suspensión de la presidenta Rousseff", afirma el PT.
En el caso del canciller Serra, se anexa una demanda particular, en la cual se le acusa de "conferirle un tono nítidamente ideológico a su gestión y obligar a sus subordinados a adherir a su visión específica de los hechos políticos ocurridos en el país". El PT sostiene que eso se "comprueba" con "instrucciones dadas" a las embajadas brasileñas en el exterior, en las que Serra habría "ordenado" que "el cuerpo diplomático brasileño combata la tesis de que hubo un golpe en el país", como afirma Rousseff. Los documentos presentados por el PT a la Comisión de Ética de la Presidencia de la República incluyen también numerosos reportajes de diarios nacionales, en los que se reflejan las negociaciones que Temer mantuvo con su base política antes de las votaciones en que las cámaras legislativas se decantaron por procesar a Rousseff. Según el PT, todos los denunciados violaron el artículo 37 de la Constitución, que se refiere a la "moralidad" y la "ética" en la política, y otras leyes específicas de la administración pública, que establecen la "separación de intereses públicos y privados".
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El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, de la suspendida presidente Dilma Rousseff, exigió ayer la destitución de 10 ministros del Gobierno interino de Michel Temer, a los que acusó de violar tanto la ética política como la propia Constitución, porque eran legisladores, sufragaron a favor del impeachment, y "negociaron sus cargos antes de las votaciones".
La demanda fue presentada por el diputado Alfonso Florence, jefe de la bancada del PT en la Cámara Baja, ante la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, un día después de que el ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, renunció a su cargo en medio de un segundo escándalo asociado a las corruptelas en la estatal Petrobras. El primero fue el alejamiento del ministro de Planificación Romero Jucá.
Según el documento del PT, hasta su nombramiento, ocho de los ministros de Temer ocupaban sendos escaños en la Cámara Baja y los otros tres en el Senado, y todos votaron a favor de instaurar el proceso que separó de sus funciones temporalmente a Rousseff, por lo que queda claro que "negociaron sus cargos antes de las votaciones".
La demanda afecta al canciller José Serra y a los titulares de Agricultura, Blairo Maggi; Ciudades, Bruno Araújo; Desarrollo Social y Agrario, Osmar Terra; Transportes, Mauricio Quintella; Educación, José Mendon‡a Filho; Salud, Ricardo Barros; Medio Ambiente, José Sarney hijo; Minas y Energía, Fernando Coelho Filho; y Trabajo, Ronaldo Nogueira.
"La votación del proceso de ''impeachment'', que debía ser jurídica y hecha con base en el interés público, fue motivada por intereses personales y políticos, como denota el hecho de que los denunciados hayan sido nombrados ministros inmediatamente después de que votaron por la suspensión de la presidenta Rousseff", afirma el PT.
En el caso del canciller Serra, se anexa una demanda particular, en la cual se le acusa de "conferirle un tono nítidamente ideológico a su gestión y obligar a sus subordinados a adherir a su visión específica de los hechos políticos ocurridos en el país". El PT sostiene que eso se "comprueba" con "instrucciones dadas" a las embajadas brasileñas en el exterior, en las que Serra habría "ordenado" que "el cuerpo diplomático brasileño combata la tesis de que hubo un golpe en el país", como afirma Rousseff. Los documentos presentados por el PT a la Comisión de Ética de la Presidencia de la República incluyen también numerosos reportajes de diarios nacionales, en los que se reflejan las negociaciones que Temer mantuvo con su base política antes de las votaciones en que las cámaras legislativas se decantaron por procesar a Rousseff. Según el PT, todos los denunciados violaron el artículo 37 de la Constitución, que se refiere a la "moralidad" y la "ética" en la política, y otras leyes específicas de la administración pública, que establecen la "separación de intereses públicos y privados".
La demanda fue presentada por el diputado Alfonso Florence, jefe de la bancada del PT en la Cámara Baja, ante la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, un día después de que el ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, renunció a su cargo en medio de un segundo escándalo asociado a las corruptelas en la estatal Petrobras. El primero fue el alejamiento del ministro de Planificación Romero Jucá.
Según el documento del PT, hasta su nombramiento, ocho de los ministros de Temer ocupaban sendos escaños en la Cámara Baja y los otros tres en el Senado, y todos votaron a favor de instaurar el proceso que separó de sus funciones temporalmente a Rousseff, por lo que queda claro que "negociaron sus cargos antes de las votaciones".
La demanda afecta al canciller José Serra y a los titulares de Agricultura, Blairo Maggi; Ciudades, Bruno Araújo; Desarrollo Social y Agrario, Osmar Terra; Transportes, Mauricio Quintella; Educación, José Mendon‡a Filho; Salud, Ricardo Barros; Medio Ambiente, José Sarney hijo; Minas y Energía, Fernando Coelho Filho; y Trabajo, Ronaldo Nogueira.
"La votación del proceso de ''impeachment'', que debía ser jurídica y hecha con base en el interés público, fue motivada por intereses personales y políticos, como denota el hecho de que los denunciados hayan sido nombrados ministros inmediatamente después de que votaron por la suspensión de la presidenta Rousseff", afirma el PT.
En el caso del canciller Serra, se anexa una demanda particular, en la cual se le acusa de "conferirle un tono nítidamente ideológico a su gestión y obligar a sus subordinados a adherir a su visión específica de los hechos políticos ocurridos en el país". El PT sostiene que eso se "comprueba" con "instrucciones dadas" a las embajadas brasileñas en el exterior, en las que Serra habría "ordenado" que "el cuerpo diplomático brasileño combata la tesis de que hubo un golpe en el país", como afirma Rousseff. Los documentos presentados por el PT a la Comisión de Ética de la Presidencia de la República incluyen también numerosos reportajes de diarios nacionales, en los que se reflejan las negociaciones que Temer mantuvo con su base política antes de las votaciones en que las cámaras legislativas se decantaron por procesar a Rousseff. Según el PT, todos los denunciados violaron el artículo 37 de la Constitución, que se refiere a la "moralidad" y la "ética" en la política, y otras leyes específicas de la administración pública, que establecen la "separación de intereses públicos y privados".