Diputados provinciales del bloque FPV-PJ apelaron en la jornada de ayer el fallo de un juez federal de La Plata que avaló los aumentos en las tarifas de luz dispuestos por el Gobierno nacional para las empresas Edenor y Edesur.
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Diputados provinciales del bloque FPV-PJ apelaron en la jornada de ayer el fallo de un juez federal de La Plata que avaló los aumentos en las tarifas de luz dispuestos por el Gobierno nacional para las empresas Edenor y Edesur.
El escrito fue presentado por los diputados Walter Abarca y Eva Ramírez, ante el Juzgado Federal 2 de La Plata, a cargo de Adolfo Ziulu.
Los legisladores interpusieron un recurso de reposición y apelación en subsidio. Es para que el juez revea su decisión de no hacer lugar a la medida cautelar que habían solicitado para lograr la nulidad de las resoluciones 6/16 y 7/16 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la 1/2016 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre).
"En la actualidad, el tarifazo de luz (también de gas y agua) es un hecho público y notorio que no necesita pruebas. Éstas están, existen y han sido tema de los medios de comunicación al igual que todos los amparos con cautelares favorables que han suspendido el aumento en discusión", sostuvieron en la presentación.
Además, consignaron que el propio Estado "ha reconocido su error al acrecentar indiscriminadamente y en forma brutal el servicio eléctrico y el suministro de gas de todas las distribuidoras, sean del Conurbano como del Interior de la Provincia".
Reiteraron también la importancia de la audiencia pública como garantía constitucional, "ya que es un requisito previo que la administración debe cumplir antes de determinar una suba del cuadro tarifario".
El juez federal de La Plata, Adolfo Gabino Ziulu, avaló el jueves pasado la suba en la tarifa de electricidad de las empresas Edenor y Edesur, al rechazar un amparo presentado por un grupo de diputados bonaerenses y el Defensor del Pueblo de la provincia.
Ese fue el primer pronunciamiento en el fuero federal contrario a este tipo de pedido, ya que jueces de otros puntos del país venían fallando a favor del pedido de suspender la suba de tarifas.
En los fundamentos, Ziulu sostuvo que "no corresponde sustraerse a la realidad de una grave crisis energética y las eventuales consecuencias que derivarían de una medida cautelar con los alcances que pretenden los accionantes".
También graficó que "la producción, el transporte y la distribución de la energía eléctrica constituyen instrumentos estratégicos para el progreso del Estado y el bienestar de sus habitantes, generando un derecho en éstos de un acceso digno, sin el cual se afectan derechos sustanciales como la salud, la educación y la cultura".
Por último, consignó que el control de legalidad por parte del Poder Judicial de los actos estatales debe ejercerse "con extrema prudencia, evitando que una decisión apresurada y carente de una sólida información técnica pueda tener la disvaliosa consecuencia no sólo de obstaculizar la solución de la crisis sino, incluso, de agravarla".
Esta es una de las tantas medidas que algunos funcionarios emplean para frenar la suba en las tarifas.