La querella pidió penas de hasta 21 años de prisión en el juicio oral que se le realiza a una banda que está acusada de haber intentado enviar 700 kilos de cocaína a Europa a través de muebles de estilo y un velero, la cual está integrada por supuestos ex miembros del cartel colombiano del Norte del Valle.
Fuentes judiciales informaron a Télam que la solicitud fue formulada en el marco de los alegatos del debate que lleva adelante desde octubre el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, en el cual se juzga a 21 imputados colombianos, españoles, portugueses y argentinos.
Al exponer ante los jueces esta semana, los abogados Gabriel Merola y Martín Olari Ugrotte, que representan en el juicio a la Unidad de Información Financiera (UIF), pidieron penas de entre cuatro y 21 años para quienes consideran financistas, organizadores y cómplices secundarios de la banda.
Los letrados reclamaron 21 años para María Claudia de la Misericordia Gómez Martínez (50), sindicada como financista de la organización y viuda del sicario asesinado Juan Carlos Ortiz Escobar (40), alias "Cuchilla", quien fuera integrante del cartel del Norte del Valle.
La misma pena solicitaron para Héctor Julio Jiménez Hurtado (46), en tanto que se pidió una condena de 18 años para Fernando Manuel Machado Lousao (61), 16 años para Gustavo Mejía Medina (69), 15 para Carlos Andrés Pérez Carrillo (38) y 14 para Gustavo Varela Marmolejo (38).
Asimismo, los abogados de la UIF pidieron a los jueces Jorge Michelli, Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo que se decomisen los veleros "Traful" y "Black Diamond", utilizados para enviar droga; dos camionetas, dinero en efectivo y armas secuestradas en los allanamientos.
Esta organización fue desbaratada en abril de 2012 en un operativo conocido como "Luis XV", en el que se secuestraron 253 kilos de cocaína escondidos en muebles de estilo que iban a ser enviados a Europa y Estados Unidos y estaban en dos galpones de la localidad bonaerense de Lanús.
Casi un año antes, en junio de 2011, se habían descubierto 444 kilos de cocaína en el velero "Traful", que había partido desde el puerto de Berisso rumbo a Uruguay, pero sus tripulantes debieron abandonar por un desperfecto.
Luego se determinó que la droga pertenecía a la misma organización.
De acuerdo a la acusación del fiscal federal Marcelo Molina, que alegará en el juicio el martes, la banda era liderada por el narco colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff (54), que fue detenido en Argentina en marzo de 2011 y dos años más tarde fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por importación de cocaína.
Por ese motivo Meyendorff no pudo ser juzgado en este debate, ni tampoco Alejandro "Gato Seco" Gracia Alvarez (47), el sindicado narco colombiano que fue extraditado al país por esta causa en abril.
Según Molina, la banda tiene algunos miembros con vinculación con carteles narcos colombianos, entre ellos el de Cali, que vinieron a instalarse a la Argentina y funcionaba con una estructura conformada por dos grupos: uno dedicado al narcotráfico y otro al lavado de los activos, lo que se juzgará en otro debate.
Es por ello que en el juicio es querellante la UIF, que hizo importantes aportes a la causa y junto con la AFIP trabaron embargos sobre bienes de la banda por más de 920 millones de pesos.
Lo que se descubrió es que la organización, a través de empresas "fantasmas", adquiría bienes con el producido del narcotráfico, principalmente propiedades en countries y en Nordelta, donde vivían varios de sus integrantes.
La investigación se inició el 30 de octubre de 2007, cuando en una denuncia anónima se advirtió que un tal Jaime García (que resultó ser García Rivera, alias "El Costeño") y su esposa, Hernández, se dedicaban a efectuar envíos de estupefacientes a Estados Unidos.
Fuentes judiciales informaron a Télam que la solicitud fue formulada en el marco de los alegatos del debate que lleva adelante desde octubre el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, en el cual se juzga a 21 imputados colombianos, españoles, portugueses y argentinos.
Al exponer ante los jueces esta semana, los abogados Gabriel Merola y Martín Olari Ugrotte, que representan en el juicio a la Unidad de Información Financiera (UIF), pidieron penas de entre cuatro y 21 años para quienes consideran financistas, organizadores y cómplices secundarios de la banda.
Los letrados reclamaron 21 años para María Claudia de la Misericordia Gómez Martínez (50), sindicada como financista de la organización y viuda del sicario asesinado Juan Carlos Ortiz Escobar (40), alias "Cuchilla", quien fuera integrante del cartel del Norte del Valle.
La misma pena solicitaron para Héctor Julio Jiménez Hurtado (46), en tanto que se pidió una condena de 18 años para Fernando Manuel Machado Lousao (61), 16 años para Gustavo Mejía Medina (69), 15 para Carlos Andrés Pérez Carrillo (38) y 14 para Gustavo Varela Marmolejo (38).
Asimismo, los abogados de la UIF pidieron a los jueces Jorge Michelli, Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo que se decomisen los veleros "Traful" y "Black Diamond", utilizados para enviar droga; dos camionetas, dinero en efectivo y armas secuestradas en los allanamientos.
Esta organización fue desbaratada en abril de 2012 en un operativo conocido como "Luis XV", en el que se secuestraron 253 kilos de cocaína escondidos en muebles de estilo que iban a ser enviados a Europa y Estados Unidos y estaban en dos galpones de la localidad bonaerense de Lanús.
Casi un año antes, en junio de 2011, se habían descubierto 444 kilos de cocaína en el velero "Traful", que había partido desde el puerto de Berisso rumbo a Uruguay, pero sus tripulantes debieron abandonar por un desperfecto.
Luego se determinó que la droga pertenecía a la misma organización.
De acuerdo a la acusación del fiscal federal Marcelo Molina, que alegará en el juicio el martes, la banda era liderada por el narco colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff (54), que fue detenido en Argentina en marzo de 2011 y dos años más tarde fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por importación de cocaína.
Por ese motivo Meyendorff no pudo ser juzgado en este debate, ni tampoco Alejandro "Gato Seco" Gracia Alvarez (47), el sindicado narco colombiano que fue extraditado al país por esta causa en abril.
Según Molina, la banda tiene algunos miembros con vinculación con carteles narcos colombianos, entre ellos el de Cali, que vinieron a instalarse a la Argentina y funcionaba con una estructura conformada por dos grupos: uno dedicado al narcotráfico y otro al lavado de los activos, lo que se juzgará en otro debate.
Es por ello que en el juicio es querellante la UIF, que hizo importantes aportes a la causa y junto con la AFIP trabaron embargos sobre bienes de la banda por más de 920 millones de pesos.
Lo que se descubrió es que la organización, a través de empresas "fantasmas", adquiría bienes con el producido del narcotráfico, principalmente propiedades en countries y en Nordelta, donde vivían varios de sus integrantes.
La investigación se inició el 30 de octubre de 2007, cuando en una denuncia anónima se advirtió que un tal Jaime García (que resultó ser García Rivera, alias "El Costeño") y su esposa, Hernández, se dedicaban a efectuar envíos de estupefacientes a Estados Unidos.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla
La querella pidió penas de hasta 21 años de prisión en el juicio oral que se le realiza a una banda que está acusada de haber intentado enviar 700 kilos de cocaína a Europa a través de muebles de estilo y un velero, la cual está integrada por supuestos ex miembros del cartel colombiano del Norte del Valle.
Fuentes judiciales informaron a Télam que la solicitud fue formulada en el marco de los alegatos del debate que lleva adelante desde octubre el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, en el cual se juzga a 21 imputados colombianos, españoles, portugueses y argentinos.
Al exponer ante los jueces esta semana, los abogados Gabriel Merola y Martín Olari Ugrotte, que representan en el juicio a la Unidad de Información Financiera (UIF), pidieron penas de entre cuatro y 21 años para quienes consideran financistas, organizadores y cómplices secundarios de la banda.
Los letrados reclamaron 21 años para María Claudia de la Misericordia Gómez Martínez (50), sindicada como financista de la organización y viuda del sicario asesinado Juan Carlos Ortiz Escobar (40), alias "Cuchilla", quien fuera integrante del cartel del Norte del Valle.
La misma pena solicitaron para Héctor Julio Jiménez Hurtado (46), en tanto que se pidió una condena de 18 años para Fernando Manuel Machado Lousao (61), 16 años para Gustavo Mejía Medina (69), 15 para Carlos Andrés Pérez Carrillo (38) y 14 para Gustavo Varela Marmolejo (38).
Asimismo, los abogados de la UIF pidieron a los jueces Jorge Michelli, Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo que se decomisen los veleros "Traful" y "Black Diamond", utilizados para enviar droga; dos camionetas, dinero en efectivo y armas secuestradas en los allanamientos.
Esta organización fue desbaratada en abril de 2012 en un operativo conocido como "Luis XV", en el que se secuestraron 253 kilos de cocaína escondidos en muebles de estilo que iban a ser enviados a Europa y Estados Unidos y estaban en dos galpones de la localidad bonaerense de Lanús.
Casi un año antes, en junio de 2011, se habían descubierto 444 kilos de cocaína en el velero "Traful", que había partido desde el puerto de Berisso rumbo a Uruguay, pero sus tripulantes debieron abandonar por un desperfecto.
Luego se determinó que la droga pertenecía a la misma organización.
De acuerdo a la acusación del fiscal federal Marcelo Molina, que alegará en el juicio el martes, la banda era liderada por el narco colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff (54), que fue detenido en Argentina en marzo de 2011 y dos años más tarde fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por importación de cocaína.
Por ese motivo Meyendorff no pudo ser juzgado en este debate, ni tampoco Alejandro "Gato Seco" Gracia Alvarez (47), el sindicado narco colombiano que fue extraditado al país por esta causa en abril.
Según Molina, la banda tiene algunos miembros con vinculación con carteles narcos colombianos, entre ellos el de Cali, que vinieron a instalarse a la Argentina y funcionaba con una estructura conformada por dos grupos: uno dedicado al narcotráfico y otro al lavado de los activos, lo que se juzgará en otro debate.
Es por ello que en el juicio es querellante la UIF, que hizo importantes aportes a la causa y junto con la AFIP trabaron embargos sobre bienes de la banda por más de 920 millones de pesos.
Lo que se descubrió es que la organización, a través de empresas "fantasmas", adquiría bienes con el producido del narcotráfico, principalmente propiedades en countries y en Nordelta, donde vivían varios de sus integrantes.
La investigación se inició el 30 de octubre de 2007, cuando en una denuncia anónima se advirtió que un tal Jaime García (que resultó ser García Rivera, alias "El Costeño") y su esposa, Hernández, se dedicaban a efectuar envíos de estupefacientes a Estados Unidos.
Fuentes judiciales informaron a Télam que la solicitud fue formulada en el marco de los alegatos del debate que lleva adelante desde octubre el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, en el cual se juzga a 21 imputados colombianos, españoles, portugueses y argentinos.
Al exponer ante los jueces esta semana, los abogados Gabriel Merola y Martín Olari Ugrotte, que representan en el juicio a la Unidad de Información Financiera (UIF), pidieron penas de entre cuatro y 21 años para quienes consideran financistas, organizadores y cómplices secundarios de la banda.
Los letrados reclamaron 21 años para María Claudia de la Misericordia Gómez Martínez (50), sindicada como financista de la organización y viuda del sicario asesinado Juan Carlos Ortiz Escobar (40), alias "Cuchilla", quien fuera integrante del cartel del Norte del Valle.
La misma pena solicitaron para Héctor Julio Jiménez Hurtado (46), en tanto que se pidió una condena de 18 años para Fernando Manuel Machado Lousao (61), 16 años para Gustavo Mejía Medina (69), 15 para Carlos Andrés Pérez Carrillo (38) y 14 para Gustavo Varela Marmolejo (38).
Asimismo, los abogados de la UIF pidieron a los jueces Jorge Michelli, Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo que se decomisen los veleros "Traful" y "Black Diamond", utilizados para enviar droga; dos camionetas, dinero en efectivo y armas secuestradas en los allanamientos.
Esta organización fue desbaratada en abril de 2012 en un operativo conocido como "Luis XV", en el que se secuestraron 253 kilos de cocaína escondidos en muebles de estilo que iban a ser enviados a Europa y Estados Unidos y estaban en dos galpones de la localidad bonaerense de Lanús.
Casi un año antes, en junio de 2011, se habían descubierto 444 kilos de cocaína en el velero "Traful", que había partido desde el puerto de Berisso rumbo a Uruguay, pero sus tripulantes debieron abandonar por un desperfecto.
Luego se determinó que la droga pertenecía a la misma organización.
De acuerdo a la acusación del fiscal federal Marcelo Molina, que alegará en el juicio el martes, la banda era liderada por el narco colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff (54), que fue detenido en Argentina en marzo de 2011 y dos años más tarde fue extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por importación de cocaína.
Por ese motivo Meyendorff no pudo ser juzgado en este debate, ni tampoco Alejandro "Gato Seco" Gracia Alvarez (47), el sindicado narco colombiano que fue extraditado al país por esta causa en abril.
Según Molina, la banda tiene algunos miembros con vinculación con carteles narcos colombianos, entre ellos el de Cali, que vinieron a instalarse a la Argentina y funcionaba con una estructura conformada por dos grupos: uno dedicado al narcotráfico y otro al lavado de los activos, lo que se juzgará en otro debate.
Es por ello que en el juicio es querellante la UIF, que hizo importantes aportes a la causa y junto con la AFIP trabaron embargos sobre bienes de la banda por más de 920 millones de pesos.
Lo que se descubrió es que la organización, a través de empresas "fantasmas", adquiría bienes con el producido del narcotráfico, principalmente propiedades en countries y en Nordelta, donde vivían varios de sus integrantes.
La investigación se inició el 30 de octubre de 2007, cuando en una denuncia anónima se advirtió que un tal Jaime García (que resultó ser García Rivera, alias "El Costeño") y su esposa, Hernández, se dedicaban a efectuar envíos de estupefacientes a Estados Unidos.