La Cámara de Diputados avanzó ayer con el tratamiento en comisiones de la ley ómnibus que establece el pago a jubilados y un blanqueo de capitales, con la opinión de funcionarios, tributaristas y dirigentes de la tercera edad, y el jueves prevé emitir dictámenes a la iniciativa, con cambios, con el fin de tratarlos en el recinto el miércoles próximo.
Durante el debate, uno de los aspectos más reclamados sobre todo por los dirigentes de organizaciones de jubilados es el reemplazo del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), establecido en la ley para pagar la deuda a los jubilados, por el Índice sobre las Remuneraciones Básicas de la Industria de la Construcción (Isbic).
Fuentes parlamentarias señalaron que el texto sufriría cambios por pedido de la oposición: entre ellos, se cambiarán los topes de los porcentajes de inversión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que hoy cuenta con 770 mil millones de pesos, y que será destinado a pagar la deuda histórica con los jubilados.
La ley vigente establece distintos porcentajes para cada forma de inversión (títulos, acciones, letras) del FGS y esos límites serán modificados "con un criterio de riesgo crediticio", dijo un diputado oficialista.
A su vez, el Frente Renovador, que lidera el diputado Sergio Massa, reclama la suba del haber mínimo jubilatorio, lo que es otro de los puntos de negociación con el oficialismo, así como lo relacionado con la venta de las acciones de la Anses en empresas privadas, tales como Techint, Grupo Clarín y Banco Macri.
Eliminada la imposibilidad de que la Anses se desprenda de sus participaciones en empresas privadas -como lo establece el proyecto de ley-, las bancadas oficialista y opositoras negocian, por ejemplo, autorizar la venta de estas acciones por porcentajes.
A su vez, el Frente Renovador, que lidera el diputado Sergio Massa, reclama la suba del haber mínimo jubilatorio, lo que es otro de los puntos de negociación con el oficialismo, así como lo relacionado con la venta de las acciones de la Anses en empresas privadas, tales como Techint, Grupo Clarín y Banco Macri.
Eliminada la imposibilidad de que la Anses se desprenda de sus participaciones en empresas privadas -como lo establece el proyecto de ley-, las bancadas oficialista y opositoras negocian, por ejemplo, autorizar la venta de estas acciones por porcentajes.
En relación con el blanqueo, el segundo gran título de esta ley ómnibus, está prácticamente acordado entre el oficialismo y la oposición que, además de los funcionarios del Poder Ejecutivo, también quedarán excluidos de la posibilidad de registrar sus bienes en negro los senadores y diputados nacionales y los funcionarios y magistrados del Poder Judicial.
Sin embargo, está en duda si esa exclusión también alcanzará a los gobernadores y a los contratistas del Estado.
Durante el debate, uno de los aspectos más reclamados sobre todo por los dirigentes de organizaciones de jubilados es el reemplazo del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), establecido en la ley para pagar la deuda a los jubilados, por el Índice sobre las Remuneraciones Básicas de la Industria de la Construcción (Isbic).
Al respecto, el exdiputado radical Eduardo Santín, experto en cuestiones previsionales, indicó que aplicar el Ripte, como establece la ley, supone un tercio del monto ajustado que daría aplicar el Ibsic.
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La Cámara de Diputados avanzó ayer con el tratamiento en comisiones de la ley ómnibus que establece el pago a jubilados y un blanqueo de capitales, con la opinión de funcionarios, tributaristas y dirigentes de la tercera edad, y el jueves prevé emitir dictámenes a la iniciativa, con cambios, con el fin de tratarlos en el recinto el miércoles próximo.
Durante el debate, uno de los aspectos más reclamados sobre todo por los dirigentes de organizaciones de jubilados es el reemplazo del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), establecido en la ley para pagar la deuda a los jubilados, por el Índice sobre las Remuneraciones Básicas de la Industria de la Construcción (Isbic).
Fuentes parlamentarias señalaron que el texto sufriría cambios por pedido de la oposición: entre ellos, se cambiarán los topes de los porcentajes de inversión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que hoy cuenta con 770 mil millones de pesos, y que será destinado a pagar la deuda histórica con los jubilados.
La ley vigente establece distintos porcentajes para cada forma de inversión (títulos, acciones, letras) del FGS y esos límites serán modificados "con un criterio de riesgo crediticio", dijo un diputado oficialista.
A su vez, el Frente Renovador, que lidera el diputado Sergio Massa, reclama la suba del haber mínimo jubilatorio, lo que es otro de los puntos de negociación con el oficialismo, así como lo relacionado con la venta de las acciones de la Anses en empresas privadas, tales como Techint, Grupo Clarín y Banco Macri.
Eliminada la imposibilidad de que la Anses se desprenda de sus participaciones en empresas privadas -como lo establece el proyecto de ley-, las bancadas oficialista y opositoras negocian, por ejemplo, autorizar la venta de estas acciones por porcentajes.
A su vez, el Frente Renovador, que lidera el diputado Sergio Massa, reclama la suba del haber mínimo jubilatorio, lo que es otro de los puntos de negociación con el oficialismo, así como lo relacionado con la venta de las acciones de la Anses en empresas privadas, tales como Techint, Grupo Clarín y Banco Macri.
Eliminada la imposibilidad de que la Anses se desprenda de sus participaciones en empresas privadas -como lo establece el proyecto de ley-, las bancadas oficialista y opositoras negocian, por ejemplo, autorizar la venta de estas acciones por porcentajes.
En relación con el blanqueo, el segundo gran título de esta ley ómnibus, está prácticamente acordado entre el oficialismo y la oposición que, además de los funcionarios del Poder Ejecutivo, también quedarán excluidos de la posibilidad de registrar sus bienes en negro los senadores y diputados nacionales y los funcionarios y magistrados del Poder Judicial.
Sin embargo, está en duda si esa exclusión también alcanzará a los gobernadores y a los contratistas del Estado.
Durante el debate, uno de los aspectos más reclamados sobre todo por los dirigentes de organizaciones de jubilados es el reemplazo del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), establecido en la ley para pagar la deuda a los jubilados, por el Índice sobre las Remuneraciones Básicas de la Industria de la Construcción (Isbic).
Al respecto, el exdiputado radical Eduardo Santín, experto en cuestiones previsionales, indicó que aplicar el Ripte, como establece la ley, supone un tercio del monto ajustado que daría aplicar el Ibsic.