La comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados recibió ayer a familiares de víctimas y especialistas en delitos contra la integridad sexual, que manifestaron la necesidad de que el Congreso avance en un proyecto para modificar el actual régimen establecido por la ley de ejecución penal, para que los acusados de ese tipo de acciones no puedan acceder a salidas transitorias ni libertad asistida.
Durante el encuentro, los integrantes de la comisión, que preside la radical jujeña Gabriela Burgos, escucharon a familiares de víctimas, asociaciones civiles y especialistas que reclamaron la aprobación de la iniciativa en ese sentido impulsada por la diputada nacional Mónica Litza, del Frente Renovador.
El proyecto propone modificar el régimen establecido por la ley de ejecución penal, que tuvo por objeto establecer un catálogo de delitos que quedaban excluidos de la concesión de cualquier beneficio penitenciario de los comprendidos en el denominado período de prueba.
Según los fundamentos, la estadística oficial sostiene que -entre 1999 y 2002-, los abusos sexuales rondaron entre los 8.655 y los 9.471 casos, en tanto que en 2002 la cifra fue de 9.102, de los cuáles 3.036 fueron violaciones y se mantuvieron en paridad o en ascenso, según el año. En 2015 fue mayor que en 2014.
En la actualidad, la tasa de víctimas de otros delitos contra la integridad sexual, es decir, sin computar las violaciones, pasó de 24,7 víctimas por cada 100.000 habitantes en 2014 a 40 en 2015, lo que marca un aumento del 27%, mientras que el aumento entre 2008 y 2015 ha sido del 78%.

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