El pasado viernes se presentó en la Fiscalía de Investigación Penal Nª 1 el excoordinador general de Obras Pública de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, arquitecto Javier Bustos, uno de los inculpados en la megacausa "Pibes Villeros".
Cabe recordar que también se encuentran imputadas la excontadora general del municipio Norma Aguirre, actual diputada del Mercosur por Jujuy y la extesorera Karina Argañaraz.
La causa que tiene imputados al expresidente del Ivuj Lucio Abregú, al exministro de Viviendas y Ordenamiento Territorial Luis Cosentini y a Milagro Sala entre otros, están siendo investigados a los efectos de poder aclarar el destino de fondos provenientes de la Nación que fueron destinados para la construcción de viviendas por parte de las cooperativas pertenecientes a la organización barrial "Tupac Amaru".
Ampliación
Dentro de ese marco el fiscal de Investigación N§ 1 Diego Cussel informó sobre la ampliación de los plazos de investigación por otros 4 meses, que le fuera otorgado por el juez de Control Gastón Mercau, esta ampliación se compadece con la complejidad de la causa y fue uno de los fundamentos esgrimidos por el juez.
Al término de esos plazos, el fiscal deberá estar en condiciones de dictar prisión preventiva, pedir la elevación a juicio y hasta dictar el sobreseimiento de alguno de los imputados.
El arquitecto Bustos se encuentra imputado en esta causa y esa es la razón por la cual se presentó a declarar, ya que su función era la de controlar la ejecución de las viviendas por parte de las cooperativas, que se realizaban con fondos públicos, que llegaban del Ministerio de Infraestructura de Nación, pasaban por el secretario de Obras Públicas José López y se enviaban a la UEP desde donde se les pagaba con cheques del Banco Macro a los municipios.
Los municipios eran los encargados de pagar a las cooperativas y de realizar la supervisión de las obras además de otorgar los certificados correspondientes, de acuerdo al avance de obra.
Si bien el Ministerio Público de la Acusación no brindó información oficial en relación a este tema, trascendieron algunos dichos del abogado defensor de una de las imputadas, quien manifestó a la prensa que "la declaración de Bustos fue beneficiosa para la causa ya que habría indicado que en ninguno de los casos fue amenazado o intimado".
Las declaraciones de Bustos se contradicen con las denuncias realizadas por funcionarios provinciales y municipales que permanentemente hablan de los "aprietes" a los que eran sometidos por parte de la organización tupaquera.
Siempre de acuerdo a versiones que circulan en los corrillos tribunalicios en relación con el dinero retirado el pasado 9 de diciembre surge de los dichos de los imputados "que el mismo jamás estuvo en la casa de Milagro Sala sino que se lo llevó a la sede de la organización en calle Alvear, lugar donde se pagó a proveedores y cooperativistas".
Marcelo Elías se desempeña como defensor de los imputados: Gladys Díaz, Dante Altamirano, Miguel Sivila y Margarita Cabana, pertenecientes a la cooperativa "Pibes Villeros". Quienes dejaron de ser representadas por el letrado son Mirta "Shakira" Guerrero y Mirta Aizama quienes a partir del viernes son representadas por los abogados de la Tupaz Amaru.
Denegaron cese de detención
Cabe recordar que también se encuentran imputadas la excontadora general del municipio Norma Aguirre, actual diputada del Mercosur por Jujuy y la extesorera Karina Argañaraz.
La causa que tiene imputados al expresidente del Ivuj Lucio Abregú, al exministro de Viviendas y Ordenamiento Territorial Luis Cosentini y a Milagro Sala entre otros, están siendo investigados a los efectos de poder aclarar el destino de fondos provenientes de la Nación que fueron destinados para la construcción de viviendas por parte de las cooperativas pertenecientes a la organización barrial "Tupac Amaru".
Ampliación
Dentro de ese marco el fiscal de Investigación N§ 1 Diego Cussel informó sobre la ampliación de los plazos de investigación por otros 4 meses, que le fuera otorgado por el juez de Control Gastón Mercau, esta ampliación se compadece con la complejidad de la causa y fue uno de los fundamentos esgrimidos por el juez.
Al término de esos plazos, el fiscal deberá estar en condiciones de dictar prisión preventiva, pedir la elevación a juicio y hasta dictar el sobreseimiento de alguno de los imputados.
El arquitecto Bustos se encuentra imputado en esta causa y esa es la razón por la cual se presentó a declarar, ya que su función era la de controlar la ejecución de las viviendas por parte de las cooperativas, que se realizaban con fondos públicos, que llegaban del Ministerio de Infraestructura de Nación, pasaban por el secretario de Obras Públicas José López y se enviaban a la UEP desde donde se les pagaba con cheques del Banco Macro a los municipios.
Los municipios eran los encargados de pagar a las cooperativas y de realizar la supervisión de las obras además de otorgar los certificados correspondientes, de acuerdo al avance de obra.
Si bien el Ministerio Público de la Acusación no brindó información oficial en relación a este tema, trascendieron algunos dichos del abogado defensor de una de las imputadas, quien manifestó a la prensa que "la declaración de Bustos fue beneficiosa para la causa ya que habría indicado que en ninguno de los casos fue amenazado o intimado".
Las declaraciones de Bustos se contradicen con las denuncias realizadas por funcionarios provinciales y municipales que permanentemente hablan de los "aprietes" a los que eran sometidos por parte de la organización tupaquera.
Siempre de acuerdo a versiones que circulan en los corrillos tribunalicios en relación con el dinero retirado el pasado 9 de diciembre surge de los dichos de los imputados "que el mismo jamás estuvo en la casa de Milagro Sala sino que se lo llevó a la sede de la organización en calle Alvear, lugar donde se pagó a proveedores y cooperativistas".
Marcelo Elías se desempeña como defensor de los imputados: Gladys Díaz, Dante Altamirano, Miguel Sivila y Margarita Cabana, pertenecientes a la cooperativa "Pibes Villeros". Quienes dejaron de ser representadas por el letrado son Mirta "Shakira" Guerrero y Mirta Aizama quienes a partir del viernes son representadas por los abogados de la Tupaz Amaru.
Denegaron cese de detención
En la oportunidad Elías habría sido notificado sobre la denegación del pedido de cese de detención de Gladys Díaz, por lo cual realizará la correspondiente presentación ante la Cámara de Apelaciones y Control.
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El pasado viernes se presentó en la Fiscalía de Investigación Penal Nª 1 el excoordinador general de Obras Pública de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, arquitecto Javier Bustos, uno de los inculpados en la megacausa "Pibes Villeros".
Cabe recordar que también se encuentran imputadas la excontadora general del municipio Norma Aguirre, actual diputada del Mercosur por Jujuy y la extesorera Karina Argañaraz.
La causa que tiene imputados al expresidente del Ivuj Lucio Abregú, al exministro de Viviendas y Ordenamiento Territorial Luis Cosentini y a Milagro Sala entre otros, están siendo investigados a los efectos de poder aclarar el destino de fondos provenientes de la Nación que fueron destinados para la construcción de viviendas por parte de las cooperativas pertenecientes a la organización barrial "Tupac Amaru".
Ampliación
Dentro de ese marco el fiscal de Investigación N§ 1 Diego Cussel informó sobre la ampliación de los plazos de investigación por otros 4 meses, que le fuera otorgado por el juez de Control Gastón Mercau, esta ampliación se compadece con la complejidad de la causa y fue uno de los fundamentos esgrimidos por el juez.
Al término de esos plazos, el fiscal deberá estar en condiciones de dictar prisión preventiva, pedir la elevación a juicio y hasta dictar el sobreseimiento de alguno de los imputados.
El arquitecto Bustos se encuentra imputado en esta causa y esa es la razón por la cual se presentó a declarar, ya que su función era la de controlar la ejecución de las viviendas por parte de las cooperativas, que se realizaban con fondos públicos, que llegaban del Ministerio de Infraestructura de Nación, pasaban por el secretario de Obras Públicas José López y se enviaban a la UEP desde donde se les pagaba con cheques del Banco Macro a los municipios.
Los municipios eran los encargados de pagar a las cooperativas y de realizar la supervisión de las obras además de otorgar los certificados correspondientes, de acuerdo al avance de obra.
Si bien el Ministerio Público de la Acusación no brindó información oficial en relación a este tema, trascendieron algunos dichos del abogado defensor de una de las imputadas, quien manifestó a la prensa que "la declaración de Bustos fue beneficiosa para la causa ya que habría indicado que en ninguno de los casos fue amenazado o intimado".
Las declaraciones de Bustos se contradicen con las denuncias realizadas por funcionarios provinciales y municipales que permanentemente hablan de los "aprietes" a los que eran sometidos por parte de la organización tupaquera.
Siempre de acuerdo a versiones que circulan en los corrillos tribunalicios en relación con el dinero retirado el pasado 9 de diciembre surge de los dichos de los imputados "que el mismo jamás estuvo en la casa de Milagro Sala sino que se lo llevó a la sede de la organización en calle Alvear, lugar donde se pagó a proveedores y cooperativistas".
Marcelo Elías se desempeña como defensor de los imputados: Gladys Díaz, Dante Altamirano, Miguel Sivila y Margarita Cabana, pertenecientes a la cooperativa "Pibes Villeros". Quienes dejaron de ser representadas por el letrado son Mirta "Shakira" Guerrero y Mirta Aizama quienes a partir del viernes son representadas por los abogados de la Tupaz Amaru.
Denegaron cese de detención
Cabe recordar que también se encuentran imputadas la excontadora general del municipio Norma Aguirre, actual diputada del Mercosur por Jujuy y la extesorera Karina Argañaraz.
La causa que tiene imputados al expresidente del Ivuj Lucio Abregú, al exministro de Viviendas y Ordenamiento Territorial Luis Cosentini y a Milagro Sala entre otros, están siendo investigados a los efectos de poder aclarar el destino de fondos provenientes de la Nación que fueron destinados para la construcción de viviendas por parte de las cooperativas pertenecientes a la organización barrial "Tupac Amaru".
Ampliación
Dentro de ese marco el fiscal de Investigación N§ 1 Diego Cussel informó sobre la ampliación de los plazos de investigación por otros 4 meses, que le fuera otorgado por el juez de Control Gastón Mercau, esta ampliación se compadece con la complejidad de la causa y fue uno de los fundamentos esgrimidos por el juez.
Al término de esos plazos, el fiscal deberá estar en condiciones de dictar prisión preventiva, pedir la elevación a juicio y hasta dictar el sobreseimiento de alguno de los imputados.
El arquitecto Bustos se encuentra imputado en esta causa y esa es la razón por la cual se presentó a declarar, ya que su función era la de controlar la ejecución de las viviendas por parte de las cooperativas, que se realizaban con fondos públicos, que llegaban del Ministerio de Infraestructura de Nación, pasaban por el secretario de Obras Públicas José López y se enviaban a la UEP desde donde se les pagaba con cheques del Banco Macro a los municipios.
Los municipios eran los encargados de pagar a las cooperativas y de realizar la supervisión de las obras además de otorgar los certificados correspondientes, de acuerdo al avance de obra.
Si bien el Ministerio Público de la Acusación no brindó información oficial en relación a este tema, trascendieron algunos dichos del abogado defensor de una de las imputadas, quien manifestó a la prensa que "la declaración de Bustos fue beneficiosa para la causa ya que habría indicado que en ninguno de los casos fue amenazado o intimado".
Las declaraciones de Bustos se contradicen con las denuncias realizadas por funcionarios provinciales y municipales que permanentemente hablan de los "aprietes" a los que eran sometidos por parte de la organización tupaquera.
Siempre de acuerdo a versiones que circulan en los corrillos tribunalicios en relación con el dinero retirado el pasado 9 de diciembre surge de los dichos de los imputados "que el mismo jamás estuvo en la casa de Milagro Sala sino que se lo llevó a la sede de la organización en calle Alvear, lugar donde se pagó a proveedores y cooperativistas".
Marcelo Elías se desempeña como defensor de los imputados: Gladys Díaz, Dante Altamirano, Miguel Sivila y Margarita Cabana, pertenecientes a la cooperativa "Pibes Villeros". Quienes dejaron de ser representadas por el letrado son Mirta "Shakira" Guerrero y Mirta Aizama quienes a partir del viernes son representadas por los abogados de la Tupaz Amaru.
Denegaron cese de detención
En la oportunidad Elías habría sido notificado sobre la denegación del pedido de cese de detención de Gladys Díaz, por lo cual realizará la correspondiente presentación ante la Cámara de Apelaciones y Control.