El juez federal Sebastián Casanello le pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que realice una propuesta en torno a los bienes secuestrados al empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa por lavado de dinero en la cual está detenido.
Mediante un oficio dirigido a la Afip, el juez le dio un plazo de 15 días para que se proponga qué destino con fines sociales se les dará a los inmuebles y bienes secuestrados al empresario.
Luego de la propuesta hecha por el organismo, el juez definirá finalmente qué destino provisorio se le otorga a los bienes que van desde campos, maquinarias, e inmuebles.
En julio pasado ya el juez había trasladado a la Secretaria de Vivienda y Hábitat dependiente del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Viviendas de la Nación para que opinara.
Pero desde ese organismo se informó que la Afip estaba en mejores condiciones de realizar un informe sobre el destinos que debían darle a los bienes incautados.
La Afip deberá definir qué bienes están desocupados para presentar una propuesta con fines sociales.
En el juzgado ya se han presentado el Ministerio de Defensa de la Nación, las municipalidades de General Pico, de Isla Verde y de Río Gallegos, así como el Centro de Jubilados y Pensionados "La Amistad" de Rio Gallegos, todos reclamando parte de lo incautado en la investigación contra Báez.
Báez está detenido desde el 5 de abril pasado en la cárcel de Ezeiza y cuenta con dos procesamientos con prisión preventiva por lavado e dinero.
En el marco de la investigación que se le sigue al empresario, hubo más de un centenar de allanamientos en varios puntos del país, y muchos de ellos concentrados en Río Gallegos donde Báez vivía junto a sus cuatro hijos.

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