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Industrias quedaron afuera del fallo

Viernes, 19 de agosto de 2016 01:30
<b>PRODUCCIÓN INDUSTRIAL</b> / VARIACIÓN POSITIVA TRAS VARIOS MESES
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido anunciaron esta tarde la decisión de presentar medidas cautelares ante la Justicia en contra del aumento en la tarifa de gas, tras el fallo tomado por la Corte Suprema que anuló el incremento para los usuarios residenciales y dejó fuera de la medida a las industrias y los comercios.
"La decisión de la Corte Suprema de Justicia referida a las tarifas de gas, ha sorprendido negativamente a la pequeña y mediana empresa que se siente desprotegida frente a la arbitrariedad de aumentos tarifarios que en muchos casos pusieron en tela de juicio la supervivencia de miles de fuentes genuinas de trabajo", señaló la entidad que conduce Osvaldo Cornide.
"Nadie discute la necesidad de actualizar tarifas absurdas; pero en cuadro recesivo, los aumentos anunciados y replanteados significaron golpes difíciles de absorber por las economías de las pymes. Al mismo tiempo, hay que poner en claro que los principales beneficiarios de las tarifas subsidiadas fueron los grupos concentrados", dijo Came, para luego subrayar que "donde corresponda, encaminará las medidas cautelares para defender la producción y el trabajo".
Por su parte, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) salió a expresar su preocupación "por la vigencia del tarifazo para el conjunto de usuarios no residenciales, lo que abarca a sectores sensibles como las pymes, las empresas recuperadas y las cooperativas".
La entidad alertó que "en el actual contexto de recesión, caída de la actividad, aumentos de precios e ingreso de importaciones, la vigencia de un cuadro tarifario con aumentos como los que dispuso el Poder Ejecutivo resulta insostenible para miles de unidades productivas, del comercio y los servicios".
"El límite del 500% con retroactividad del cobro de facturas sigue resultando desproporcionado y confiscatorio. Al no haber una segmentación adecuada hacia el interior del entramado productivo, serán los eslabones más débiles de la cadena los que sufran las peores consecuencias", dijo la entidad.
Con un perfil más político que judicial, Apyme sostuvo que "debe tratarse de modo urgente esta situación por las vías legislativa, jurídica y política".
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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Cámara Argentina del Gas Natural Comprimido anunciaron esta tarde la decisión de presentar medidas cautelares ante la Justicia en contra del aumento en la tarifa de gas, tras el fallo tomado por la Corte Suprema que anuló el incremento para los usuarios residenciales y dejó fuera de la medida a las industrias y los comercios.
"La decisión de la Corte Suprema de Justicia referida a las tarifas de gas, ha sorprendido negativamente a la pequeña y mediana empresa que se siente desprotegida frente a la arbitrariedad de aumentos tarifarios que en muchos casos pusieron en tela de juicio la supervivencia de miles de fuentes genuinas de trabajo", señaló la entidad que conduce Osvaldo Cornide.
"Nadie discute la necesidad de actualizar tarifas absurdas; pero en cuadro recesivo, los aumentos anunciados y replanteados significaron golpes difíciles de absorber por las economías de las pymes. Al mismo tiempo, hay que poner en claro que los principales beneficiarios de las tarifas subsidiadas fueron los grupos concentrados", dijo Came, para luego subrayar que "donde corresponda, encaminará las medidas cautelares para defender la producción y el trabajo".
Por su parte, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) salió a expresar su preocupación "por la vigencia del tarifazo para el conjunto de usuarios no residenciales, lo que abarca a sectores sensibles como las pymes, las empresas recuperadas y las cooperativas".
La entidad alertó que "en el actual contexto de recesión, caída de la actividad, aumentos de precios e ingreso de importaciones, la vigencia de un cuadro tarifario con aumentos como los que dispuso el Poder Ejecutivo resulta insostenible para miles de unidades productivas, del comercio y los servicios".
"El límite del 500% con retroactividad del cobro de facturas sigue resultando desproporcionado y confiscatorio. Al no haber una segmentación adecuada hacia el interior del entramado productivo, serán los eslabones más débiles de la cadena los que sufran las peores consecuencias", dijo la entidad.
Con un perfil más político que judicial, Apyme sostuvo que "debe tratarse de modo urgente esta situación por las vías legislativa, jurídica y política".