"Este proceso premia al terrorismo al negar cárcel a los máximos responsables de delitos atroces, en un país con más de 100.000 presos por delitos menores que los de Farc", advirtió Uribe en un discurso firmado en la ciudad de Santa Marta, publicado en sus redes sociales.
El miércoles, los negociadores de paz del Gobierno y de las Farc anunciaron, después de casi cuatro años de discusiones, el acuerdo final, que deberá ser refrendado o rechazado por los colombianos en un plebiscito el 2 de octubre.
Si se impone el Si, se terminará un conflicto armado de más de medio siglo con la guerrilla, aunque las Farc ya adelantaron que un eventual triunfo del No en la consulta.
La postura de Uribe es de las más previsibles, porque apenas empezaron las negociaciones cuestionó severamente el proceso, al que siempre consideró una vía para darle impunidad a los insurgentes.
Es porque los delitos políticos y conexos estarán sujetos a una amnistía, pero los de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, entre otros, quedarán al margen de ese beneficio y los culpables serán castigados con "restricción de libertades" en condiciones especiales u ordinarias que irán de cinco a veinte años, según la gravedad del hecho y el grado de colaboración del acusado.
Sin embargo, Uribe consideró que los "delincuentes campeones que no piden perdón, no se arrepienten, se burlan del dolor causado, no son recluidos siquiera en granjas agrícolas, humillan a la sociedad y a las víctimas, crean condiciones para el rencor, no para la reconciliación".
Ironizó, en ese sentido, con que quienes defienden esa "impunidad, nunca la aceptarían para los paramilitares", que se desmovilizaron en 2006 tras una negociación con su Gobierno. Para el expresidente, las masacres cometidas por los paramilitares "no son diferentes a las de Farc", y el acuerda premia a los dirigentes de las Farc "con elegibilidad política", que no tienen ni los presos "ni los paramilitares, ni los políticos que han perdido la investidura".
Como parte de los acuerdos, la guerrilla, una vez desarmada, tendrá voceros en el Congreso.
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"Este proceso premia al terrorismo al negar cárcel a los máximos responsables de delitos atroces, en un país con más de 100.000 presos por delitos menores que los de Farc", advirtió Uribe en un discurso firmado en la ciudad de Santa Marta, publicado en sus redes sociales.
El miércoles, los negociadores de paz del Gobierno y de las Farc anunciaron, después de casi cuatro años de discusiones, el acuerdo final, que deberá ser refrendado o rechazado por los colombianos en un plebiscito el 2 de octubre.
Si se impone el Si, se terminará un conflicto armado de más de medio siglo con la guerrilla, aunque las Farc ya adelantaron que un eventual triunfo del No en la consulta.
La postura de Uribe es de las más previsibles, porque apenas empezaron las negociaciones cuestionó severamente el proceso, al que siempre consideró una vía para darle impunidad a los insurgentes.
Es porque los delitos políticos y conexos estarán sujetos a una amnistía, pero los de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra, entre otros, quedarán al margen de ese beneficio y los culpables serán castigados con "restricción de libertades" en condiciones especiales u ordinarias que irán de cinco a veinte años, según la gravedad del hecho y el grado de colaboración del acusado.
Sin embargo, Uribe consideró que los "delincuentes campeones que no piden perdón, no se arrepienten, se burlan del dolor causado, no son recluidos siquiera en granjas agrícolas, humillan a la sociedad y a las víctimas, crean condiciones para el rencor, no para la reconciliación".
Ironizó, en ese sentido, con que quienes defienden esa "impunidad, nunca la aceptarían para los paramilitares", que se desmovilizaron en 2006 tras una negociación con su Gobierno. Para el expresidente, las masacres cometidas por los paramilitares "no son diferentes a las de Farc", y el acuerda premia a los dirigentes de las Farc "con elegibilidad política", que no tienen ni los presos "ni los paramilitares, ni los políticos que han perdido la investidura".
Como parte de los acuerdos, la guerrilla, una vez desarmada, tendrá voceros en el Congreso.