Ricardo Pierazzoli, defensor del Pueblo de Jujuy, presentó un pedido de audiencia ante la Corte Suprema de Justicia para explicar el contexto socio económico de los usuarios del servicio público de gas natural por redes de la provincia. Es por ello que el ombudsman provincial le solicitó al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, una reunión para detallar cuáles son las implicancias y el impacto de esta medida en Jujuy.
Asimismo, remarcó que en coincidencia con lo manifestado por Alejandro Amor, presidente de la Asociación Argentina de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) y defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, resulta imperiosa la necesidad de una pronta designación del Defensor del Pueblo de la Nación, cargo que actualmente se encuentra acéfalo. "La falta de designación vulnera el derecho constitucional de acceso a la Justicia y la obligación del Estado de proteger las medidas que permitan hacer efectivo el goce de los derechos humanos garantizados por los tratados internacionales", señaló.
Pierazzoli explicó que los usuarios de Jujuy abonan el servicio de gas natural más elevado del país. Esto se da porque los umbrales de consumo que definen las distintas categorías de usuarios del servicio según la región geográfica de que se trate, registran para el Noroeste Argentino los topes más bajos en comparación con el resto del país.
Esto fue instrumentado mediante Resolución Enargas N§ I/409/2008. "De esta manera, se perjudicó al NOA, por cuanto las categorías más altas pagan mayor valor de la tarifa y cuanto más bajo es el umbral de consumo que define cada categoría, el usuario se considera de alto consumo, aplicándose en consecuencia una tarifa más onerosa, si se compara con otras zonas geográficas similares, como La Pampa por ejemplo".
Habiendo advertido esta problemática, los Defensores del Pueblo de las provincias del NOA y NEA, llevaron a cabo un primer encuentro, en el que se estableció de manera unánime el rechazo a la política tarifaria adoptada por el Estado nacional. En tal sentido, se acordó requerir a los organismos nacionales competentes, la ampliación de los topes de consumo y la recategorización de los usuarios de servicios de gas en redes como así también solicitar a las delegaciones del Inadi la debida intervención y pronunciamiento sobre la posible existencia de actos de discriminación hacia el colectivo de usuarios del servicio de gas en redes del NOA y NEA, respecto a los usuarios que se encuentran en iguales condiciones climáticas del resto país, a los cuales se les otorgó un cuadro tarifario más favorable.
Asimismo, el ombudsman provincial manifestó que las experiencias suscitadas en Jujuy pueden ilustrar a la Corte Suprema de Justicia sobre la grave situación que deben afrontar los ciudadanos de esta región.
Por otro lado, señaló que la Institución esta predispuesta para colaborar y trabajar para encontrar la solución que los habitantes de la provincia merecen y que por derecho les corresponde.
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Asimismo, remarcó que en coincidencia con lo manifestado por Alejandro Amor, presidente de la Asociación Argentina de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) y defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, resulta imperiosa la necesidad de una pronta designación del Defensor del Pueblo de la Nación, cargo que actualmente se encuentra acéfalo. "La falta de designación vulnera el derecho constitucional de acceso a la Justicia y la obligación del Estado de proteger las medidas que permitan hacer efectivo el goce de los derechos humanos garantizados por los tratados internacionales", señaló.
Pierazzoli explicó que los usuarios de Jujuy abonan el servicio de gas natural más elevado del país. Esto se da porque los umbrales de consumo que definen las distintas categorías de usuarios del servicio según la región geográfica de que se trate, registran para el Noroeste Argentino los topes más bajos en comparación con el resto del país.
Esto fue instrumentado mediante Resolución Enargas N§ I/409/2008. "De esta manera, se perjudicó al NOA, por cuanto las categorías más altas pagan mayor valor de la tarifa y cuanto más bajo es el umbral de consumo que define cada categoría, el usuario se considera de alto consumo, aplicándose en consecuencia una tarifa más onerosa, si se compara con otras zonas geográficas similares, como La Pampa por ejemplo".
Habiendo advertido esta problemática, los Defensores del Pueblo de las provincias del NOA y NEA, llevaron a cabo un primer encuentro, en el que se estableció de manera unánime el rechazo a la política tarifaria adoptada por el Estado nacional. En tal sentido, se acordó requerir a los organismos nacionales competentes, la ampliación de los topes de consumo y la recategorización de los usuarios de servicios de gas en redes como así también solicitar a las delegaciones del Inadi la debida intervención y pronunciamiento sobre la posible existencia de actos de discriminación hacia el colectivo de usuarios del servicio de gas en redes del NOA y NEA, respecto a los usuarios que se encuentran en iguales condiciones climáticas del resto país, a los cuales se les otorgó un cuadro tarifario más favorable.
Asimismo, el ombudsman provincial manifestó que las experiencias suscitadas en Jujuy pueden ilustrar a la Corte Suprema de Justicia sobre la grave situación que deben afrontar los ciudadanos de esta región.
Por otro lado, señaló que la Institución esta predispuesta para colaborar y trabajar para encontrar la solución que los habitantes de la provincia merecen y que por derecho les corresponde.
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Ricardo Pierazzoli, defensor del Pueblo de Jujuy, presentó un pedido de audiencia ante la Corte Suprema de Justicia para explicar el contexto socio económico de los usuarios del servicio público de gas natural por redes de la provincia. Es por ello que el ombudsman provincial le solicitó al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, una reunión para detallar cuáles son las implicancias y el impacto de esta medida en Jujuy.
Asimismo, remarcó que en coincidencia con lo manifestado por Alejandro Amor, presidente de la Asociación Argentina de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) y defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, resulta imperiosa la necesidad de una pronta designación del Defensor del Pueblo de la Nación, cargo que actualmente se encuentra acéfalo. "La falta de designación vulnera el derecho constitucional de acceso a la Justicia y la obligación del Estado de proteger las medidas que permitan hacer efectivo el goce de los derechos humanos garantizados por los tratados internacionales", señaló.
Pierazzoli explicó que los usuarios de Jujuy abonan el servicio de gas natural más elevado del país. Esto se da porque los umbrales de consumo que definen las distintas categorías de usuarios del servicio según la región geográfica de que se trate, registran para el Noroeste Argentino los topes más bajos en comparación con el resto del país.
Esto fue instrumentado mediante Resolución Enargas N§ I/409/2008. "De esta manera, se perjudicó al NOA, por cuanto las categorías más altas pagan mayor valor de la tarifa y cuanto más bajo es el umbral de consumo que define cada categoría, el usuario se considera de alto consumo, aplicándose en consecuencia una tarifa más onerosa, si se compara con otras zonas geográficas similares, como La Pampa por ejemplo".
Habiendo advertido esta problemática, los Defensores del Pueblo de las provincias del NOA y NEA, llevaron a cabo un primer encuentro, en el que se estableció de manera unánime el rechazo a la política tarifaria adoptada por el Estado nacional. En tal sentido, se acordó requerir a los organismos nacionales competentes, la ampliación de los topes de consumo y la recategorización de los usuarios de servicios de gas en redes como así también solicitar a las delegaciones del Inadi la debida intervención y pronunciamiento sobre la posible existencia de actos de discriminación hacia el colectivo de usuarios del servicio de gas en redes del NOA y NEA, respecto a los usuarios que se encuentran en iguales condiciones climáticas del resto país, a los cuales se les otorgó un cuadro tarifario más favorable.
Asimismo, el ombudsman provincial manifestó que las experiencias suscitadas en Jujuy pueden ilustrar a la Corte Suprema de Justicia sobre la grave situación que deben afrontar los ciudadanos de esta región.
Por otro lado, señaló que la Institución esta predispuesta para colaborar y trabajar para encontrar la solución que los habitantes de la provincia merecen y que por derecho les corresponde.
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Asimismo, remarcó que en coincidencia con lo manifestado por Alejandro Amor, presidente de la Asociación Argentina de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) y defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, resulta imperiosa la necesidad de una pronta designación del Defensor del Pueblo de la Nación, cargo que actualmente se encuentra acéfalo. "La falta de designación vulnera el derecho constitucional de acceso a la Justicia y la obligación del Estado de proteger las medidas que permitan hacer efectivo el goce de los derechos humanos garantizados por los tratados internacionales", señaló.
Pierazzoli explicó que los usuarios de Jujuy abonan el servicio de gas natural más elevado del país. Esto se da porque los umbrales de consumo que definen las distintas categorías de usuarios del servicio según la región geográfica de que se trate, registran para el Noroeste Argentino los topes más bajos en comparación con el resto del país.
Esto fue instrumentado mediante Resolución Enargas N§ I/409/2008. "De esta manera, se perjudicó al NOA, por cuanto las categorías más altas pagan mayor valor de la tarifa y cuanto más bajo es el umbral de consumo que define cada categoría, el usuario se considera de alto consumo, aplicándose en consecuencia una tarifa más onerosa, si se compara con otras zonas geográficas similares, como La Pampa por ejemplo".
Habiendo advertido esta problemática, los Defensores del Pueblo de las provincias del NOA y NEA, llevaron a cabo un primer encuentro, en el que se estableció de manera unánime el rechazo a la política tarifaria adoptada por el Estado nacional. En tal sentido, se acordó requerir a los organismos nacionales competentes, la ampliación de los topes de consumo y la recategorización de los usuarios de servicios de gas en redes como así también solicitar a las delegaciones del Inadi la debida intervención y pronunciamiento sobre la posible existencia de actos de discriminación hacia el colectivo de usuarios del servicio de gas en redes del NOA y NEA, respecto a los usuarios que se encuentran en iguales condiciones climáticas del resto país, a los cuales se les otorgó un cuadro tarifario más favorable.
Asimismo, el ombudsman provincial manifestó que las experiencias suscitadas en Jujuy pueden ilustrar a la Corte Suprema de Justicia sobre la grave situación que deben afrontar los ciudadanos de esta región.
Por otro lado, señaló que la Institución esta predispuesta para colaborar y trabajar para encontrar la solución que los habitantes de la provincia merecen y que por derecho les corresponde.
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