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El juez De Giorgi ordenó la detención de Bonafini

Viernes, 05 de agosto de 2016 01:30
<div>COMPLICADA / TRAS NO PRESENTARSE A DECLARAR HEBE DE BONAFINI TIENE UNA ORDEN DE DETENCIÓN.</div><div>
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la captura de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien ayer no prestó declaración indagatoria.
"La captura permanecerá vigente y será la Policía Federal la que decida el momento oportuno para proceder a la detención", informaron funcionarios judiciales.
Bonafini (87) estaba citada para ayer a las 10 a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa conocida como "Sueños Compartidos" pero, por segunda vez, decidió no presentarse y el juez emitió una orden para que fuera llevada a los tribunales de Comodoro Py por la fuerza pública.
Antes de que se ordenara su detención, Hebe, le había enviado una carta al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la que denunciaba que era blanco de "agresiones" y de la "burla" de la Justicia desde 1977, en plena dictadura militar.
Señaló que se trata "siempre la misma ignominia, la misma indiferencia". "Yo sentía como la denominada Justicia era cómplice de los asesinos militares y marinos. Una justicia sin solidaridad".
Pasadas las 13.30, y cumplido el plazo que había prefijado, el juez Martínez de Giorgi ordenó a la Policía Federal allanar la sede de las Madres ubicada en Hipólito Yrigoyen al 1.500 con el objetivo de "aprehender" a la dirigente de Derechos Humanos. Tras el fracaso de la orden de detención -Bonafini se fue de la sede de Madres acompañada por un enorme grupo personas que fueron a apoyarla- la Policía Federal le pidió al juez que emitiera otra orden de captura, en este caso sin pedidos de allanamiento.
El juez respondió al pedido de la Policía Federal con otra que permanecerá vigente y será la Policía Federal la que decida el momento oportuno para proceder con la orden de captura. Declarando a Bonafini en "rebeldía", envió un oficio a migraciones para que le prohibieran salir del país y dejó la detención en manos de la fuerza de seguridad.
En ambos pedidos, el magistrado solicitó que el procedimiento fuera llevado a cabo por mujeres enroladas en la Policía Federal y que fuera acompañado por una ambulancia y por uno de los habituales equipos que filman los operativos.
A sabiendas de que el juez evaluaba la posibilidad de detener a Bonafini en la tarde de ayer y tomarle declaración indagatoria hoy, la fiscal Paloma Ochoa le presentó un escrito para que fuera detenida de inmediato tras la eventual detención.
Pasadas las 16, desde la Policía Federal le avisaron a Martínez de Giorgi que habían determinado que no era oportuno intentar detener a la dirigente en la Plaza de Mayo porque podría desatar situaciones de violencia física, por lo que decidieron postergar la detención hasta encontrar "el momento oportuno", aunque no descartaron que pueda quedar detenida "por entorpecer la investigación" de la causa.
La titular de las Madres de Plaza de Mayo está acusada de haber recibido, con la asociación, financiamiento del Ministerio de Trabajo entre 2008 y 2011 que, según la investigación, el dinero no habría sido trasladado a los trabajadores que prestaron sus servicios en el programa de construcción de viviendas "Misión Sueños Compartidos".
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El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la captura de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien ayer no prestó declaración indagatoria.
"La captura permanecerá vigente y será la Policía Federal la que decida el momento oportuno para proceder a la detención", informaron funcionarios judiciales.
Bonafini (87) estaba citada para ayer a las 10 a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa conocida como "Sueños Compartidos" pero, por segunda vez, decidió no presentarse y el juez emitió una orden para que fuera llevada a los tribunales de Comodoro Py por la fuerza pública.
Antes de que se ordenara su detención, Hebe, le había enviado una carta al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la que denunciaba que era blanco de "agresiones" y de la "burla" de la Justicia desde 1977, en plena dictadura militar.
Señaló que se trata "siempre la misma ignominia, la misma indiferencia". "Yo sentía como la denominada Justicia era cómplice de los asesinos militares y marinos. Una justicia sin solidaridad".
Pasadas las 13.30, y cumplido el plazo que había prefijado, el juez Martínez de Giorgi ordenó a la Policía Federal allanar la sede de las Madres ubicada en Hipólito Yrigoyen al 1.500 con el objetivo de "aprehender" a la dirigente de Derechos Humanos. Tras el fracaso de la orden de detención -Bonafini se fue de la sede de Madres acompañada por un enorme grupo personas que fueron a apoyarla- la Policía Federal le pidió al juez que emitiera otra orden de captura, en este caso sin pedidos de allanamiento.
El juez respondió al pedido de la Policía Federal con otra que permanecerá vigente y será la Policía Federal la que decida el momento oportuno para proceder con la orden de captura. Declarando a Bonafini en "rebeldía", envió un oficio a migraciones para que le prohibieran salir del país y dejó la detención en manos de la fuerza de seguridad.
En ambos pedidos, el magistrado solicitó que el procedimiento fuera llevado a cabo por mujeres enroladas en la Policía Federal y que fuera acompañado por una ambulancia y por uno de los habituales equipos que filman los operativos.
A sabiendas de que el juez evaluaba la posibilidad de detener a Bonafini en la tarde de ayer y tomarle declaración indagatoria hoy, la fiscal Paloma Ochoa le presentó un escrito para que fuera detenida de inmediato tras la eventual detención.
Pasadas las 16, desde la Policía Federal le avisaron a Martínez de Giorgi que habían determinado que no era oportuno intentar detener a la dirigente en la Plaza de Mayo porque podría desatar situaciones de violencia física, por lo que decidieron postergar la detención hasta encontrar "el momento oportuno", aunque no descartaron que pueda quedar detenida "por entorpecer la investigación" de la causa.
La titular de las Madres de Plaza de Mayo está acusada de haber recibido, con la asociación, financiamiento del Ministerio de Trabajo entre 2008 y 2011 que, según la investigación, el dinero no habría sido trasladado a los trabajadores que prestaron sus servicios en el programa de construcción de viviendas "Misión Sueños Compartidos".

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