Dilma Rousseff fue destituida como presidenta de Brasil y será formalmente reemplazada por su vicepresidente MIchel Temer, quien asumirá el cargo esta tarde a las 16, según confirmó el presidente del Senado, Renan Calheiros.
La destitución fue apoyada por 61 votos contra 20 de los integrantes del Senado, que actuó como tribunal del juicio político que se le llevó adelante bajo la acusación de que había cometido alteraciones en la elaboración del presupuesto.
En cambio, el cuerpo legislativo no logró inhabilitarla, ya que en una votación posterior a la de la destitución 42 senadores apoyaron esa opción, 36 sufragaron a favor de mantenerle los derechos y tres se abstuvieron, por lo que no se alcanzaron los dos tercios (54 votos) de la Cámara Alta necesarios.
Rousseff, que había sido electa el 26 de octubre de 2014 por apenas 51,6% de los votos, la menor diferencia de la nueva democracia brasileña tras la caída de la dictadura en 1985, siempre rechazó los cargos que le formularon y denunció que su destitución constituía un golpe de estado parlamentario.
En ese sentido, afirmó que el separado presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, había impulsado el proceso en su contra como venganza porque el poder político no había neutralizado denuncias en su contra por corrupción.
La polémica votación de la jornada de ayer puso fin a un prolongado trámite que comenzó en diciembre pasado en el Parlamento y fue supervisado en cada uno de sus pasos por la Corte Suprema, como garante constitucional del proceso.
Rousseff fue hallada culpable de alterar los presupuestos mediante tres decretos no autorizados por el Parlamento y de contratar créditos a favor del gobierno con la banca pública, lo cual ha negado durante todo el proceso.
Nicaragua, Venezuela, Cuba, Ecuador y Bolivia, indignados
Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela condenaron el "golpe de estado parlamentario" que terminó con la presidencia de Dilma Rousseff en Brasil.
El primer país de América Latina en emitir una declaración de rechazo al resultado del juicio político a Rousseff fue Ecuador, cuyo Gobierno también convocó a consultas a su encargado de negocios en Brasil.
El presidente Rafael Correa, decidió retirar a su máximo representante diplomático en Brasil. También consideró que fue "espurio" el juicio político, debido a que "no cumplió con el requisito fundamental de probar que la mandataria haya cometido delitos de responsabilidad".
Poco después se conoció una declaración del Gobierno cubano, que rechazó "enérgicamente el golpe de estado parlamentario-judicial que se ha consumado" en Brasil.
El pronunciamiento señala que la destitución de Rousseff constituye "un acto de desacato a la voluntad soberana del pueblo que la eligió" y supone "otra expresión de la ofensiva del imperialismo y la oligarquía contra los Gobiernos revolucionarios y progresistas de América Latina y el Caribe, que amenaza la paz y la estabilidad de las naciones".
"Aunque aún este Consejo no se haya dado por enterado, se ha dado un golpe de Estado parlamentario en el país más grande de Suramérica", exclamó el embajador de Bolivia ante el organismo americano, Diego Pary, frente a una reunión ordinaria.
A su turno, la representante alterna de Venezuela, Marlene Da Vargem, salió en respaldo del diplomático boliviano y subrayó la ilegitimidad del juicio político en una democracia en la que "solo los ciudadanos pueden decidir".
El nicaragüense Luis Exequiel Alvarado opinó que "las fuerzas regresivas del hemisferio siguen trabajando para provocar golpes de Estado en contra de los Gobiernos progresistas de la región".
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Dilma Rousseff fue destituida como presidenta de Brasil y será formalmente reemplazada por su vicepresidente MIchel Temer, quien asumirá el cargo esta tarde a las 16, según confirmó el presidente del Senado, Renan Calheiros.
La destitución fue apoyada por 61 votos contra 20 de los integrantes del Senado, que actuó como tribunal del juicio político que se le llevó adelante bajo la acusación de que había cometido alteraciones en la elaboración del presupuesto.
En cambio, el cuerpo legislativo no logró inhabilitarla, ya que en una votación posterior a la de la destitución 42 senadores apoyaron esa opción, 36 sufragaron a favor de mantenerle los derechos y tres se abstuvieron, por lo que no se alcanzaron los dos tercios (54 votos) de la Cámara Alta necesarios.
Rousseff, que había sido electa el 26 de octubre de 2014 por apenas 51,6% de los votos, la menor diferencia de la nueva democracia brasileña tras la caída de la dictadura en 1985, siempre rechazó los cargos que le formularon y denunció que su destitución constituía un golpe de estado parlamentario.
En ese sentido, afirmó que el separado presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, había impulsado el proceso en su contra como venganza porque el poder político no había neutralizado denuncias en su contra por corrupción.
La polémica votación de la jornada de ayer puso fin a un prolongado trámite que comenzó en diciembre pasado en el Parlamento y fue supervisado en cada uno de sus pasos por la Corte Suprema, como garante constitucional del proceso.
Rousseff fue hallada culpable de alterar los presupuestos mediante tres decretos no autorizados por el Parlamento y de contratar créditos a favor del gobierno con la banca pública, lo cual ha negado durante todo el proceso.
Nicaragua, Venezuela, Cuba, Ecuador y Bolivia, indignados
Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela condenaron el "golpe de estado parlamentario" que terminó con la presidencia de Dilma Rousseff en Brasil.
El primer país de América Latina en emitir una declaración de rechazo al resultado del juicio político a Rousseff fue Ecuador, cuyo Gobierno también convocó a consultas a su encargado de negocios en Brasil.
El presidente Rafael Correa, decidió retirar a su máximo representante diplomático en Brasil. También consideró que fue "espurio" el juicio político, debido a que "no cumplió con el requisito fundamental de probar que la mandataria haya cometido delitos de responsabilidad".
Poco después se conoció una declaración del Gobierno cubano, que rechazó "enérgicamente el golpe de estado parlamentario-judicial que se ha consumado" en Brasil.
El pronunciamiento señala que la destitución de Rousseff constituye "un acto de desacato a la voluntad soberana del pueblo que la eligió" y supone "otra expresión de la ofensiva del imperialismo y la oligarquía contra los Gobiernos revolucionarios y progresistas de América Latina y el Caribe, que amenaza la paz y la estabilidad de las naciones".
"Aunque aún este Consejo no se haya dado por enterado, se ha dado un golpe de Estado parlamentario en el país más grande de Suramérica", exclamó el embajador de Bolivia ante el organismo americano, Diego Pary, frente a una reunión ordinaria.
A su turno, la representante alterna de Venezuela, Marlene Da Vargem, salió en respaldo del diplomático boliviano y subrayó la ilegitimidad del juicio político en una democracia en la que "solo los ciudadanos pueden decidir".
El nicaragüense Luis Exequiel Alvarado opinó que "las fuerzas regresivas del hemisferio siguen trabajando para provocar golpes de Estado en contra de los Gobiernos progresistas de la región".