De este modo, el Gobierno cumplirá con la ley de Contabilidad que establece el 15 de septiembre como fecha tope, y buscará cumplir con el mandato constitucional de tener aprobada esa ley antes del primero de enero.
Este será el primer presupuesto diseñado por la administración de Mauricio Macri ya que el actual fue aprobado en el gobierno kirchnerista, y por eso ahora Cambiemos busca un acuerdo con el massismo, el bloque justicialista y los senadores peronistas para acordar una reducción de estas atribuciones especiales para reformular las partidas y así dar un claro mensaje a la sociedad.
La iniciativa, diseñada desde el gobierno, tiene previsto un crecimiento entre el 3 y el 3,5 por ciento, una inflación del 17 por ciento, un déficit del 4 por ciento, un dólar a 18, y gastos que pueden alcanzar los dos billones de pesos, según adelantaron fuentes parlamentarias.
El proyecto de la ley de gastos y recursos será presentada, se estima, por el propio ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, quien dará ante los diputados de la comisión de Presupuesto detalles de esta iniciativa clave para el oficialismo.
Pero antes de enviar el proyecto, Prat Gay mantendrá una reunión con los diputados del interbloque Cambiemos para explicarles detalles de la iniciativa diseñada desde el gobierno, que busca destinar más del 70 por ciento de los recursos a gastos sociales y apuntalar la obra pública.
El presidente de la comisión de Presupuesto, el macrista Luciano Laspina, anticipó que esta "va a ser el primer Presupuesto hecho con seriedad tras muchos años" y destacó que ahora no se repetirá lo que sucedía durante el kirchnerismo ya que o "se subestimaban ingresos" y "no se cumplían con las partidas", al referirse a los superpoderes que tuvieron los gobiernos K.
De todos modos, el dato político más significativo de este presupuesto será la decisión del Poder Ejecutivo de desistir de tener facultades especiales conocida como "superpoderes" como las que tuvo el kirchnerismo desde 2006 cuando reformó el artículo 37 de la ley de Administración Financiera y se eliminaron los límites establecido en esa norma.
En la actualidad, el artículo 37 establece que se autoriza a la Jefatura de Gabinete a "disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto", pero el oficialismo quiere que haya un tope del 10 por ciento.
Sin embargo este porcentaje así como otros puntos sensibles del proyecto deberán ser consensuados.
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De este modo, el Gobierno cumplirá con la ley de Contabilidad que establece el 15 de septiembre como fecha tope, y buscará cumplir con el mandato constitucional de tener aprobada esa ley antes del primero de enero.
Este será el primer presupuesto diseñado por la administración de Mauricio Macri ya que el actual fue aprobado en el gobierno kirchnerista, y por eso ahora Cambiemos busca un acuerdo con el massismo, el bloque justicialista y los senadores peronistas para acordar una reducción de estas atribuciones especiales para reformular las partidas y así dar un claro mensaje a la sociedad.
La iniciativa, diseñada desde el gobierno, tiene previsto un crecimiento entre el 3 y el 3,5 por ciento, una inflación del 17 por ciento, un déficit del 4 por ciento, un dólar a 18, y gastos que pueden alcanzar los dos billones de pesos, según adelantaron fuentes parlamentarias.
El proyecto de la ley de gastos y recursos será presentada, se estima, por el propio ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, quien dará ante los diputados de la comisión de Presupuesto detalles de esta iniciativa clave para el oficialismo.
Pero antes de enviar el proyecto, Prat Gay mantendrá una reunión con los diputados del interbloque Cambiemos para explicarles detalles de la iniciativa diseñada desde el gobierno, que busca destinar más del 70 por ciento de los recursos a gastos sociales y apuntalar la obra pública.
El presidente de la comisión de Presupuesto, el macrista Luciano Laspina, anticipó que esta "va a ser el primer Presupuesto hecho con seriedad tras muchos años" y destacó que ahora no se repetirá lo que sucedía durante el kirchnerismo ya que o "se subestimaban ingresos" y "no se cumplían con las partidas", al referirse a los superpoderes que tuvieron los gobiernos K.
De todos modos, el dato político más significativo de este presupuesto será la decisión del Poder Ejecutivo de desistir de tener facultades especiales conocida como "superpoderes" como las que tuvo el kirchnerismo desde 2006 cuando reformó el artículo 37 de la ley de Administración Financiera y se eliminaron los límites establecido en esa norma.
En la actualidad, el artículo 37 establece que se autoriza a la Jefatura de Gabinete a "disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto", pero el oficialismo quiere que haya un tope del 10 por ciento.
Sin embargo este porcentaje así como otros puntos sensibles del proyecto deberán ser consensuados.