El juez Julián Ercolini citó a indagatoria a Cristina Kirchner para el próximo 20 de octubre y dispuso la inhibición general de los bienes de la ex presidente en el marco de la causa que investiga el millonario negocio de la obra pública que favoreció a Lázaro Báez.
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El juez Julián Ercolini citó a indagatoria a Cristina Kirchner para el próximo 20 de octubre y dispuso la inhibición general de los bienes de la ex presidente en el marco de la causa que investiga el millonario negocio de la obra pública que favoreció a Lázaro Báez.
El empresario patagónico también fue citado a indagatoria por Ercolini, junto a ex funcionarios como Julio De Vido, José López y Abel Fatala. La lista del juez incluye a 34 personas.
La ex jefa de Estado quedó en la mira de la Justicia por su responsabilidad en la presunta organización de un sistema de corrupción a partir de la millonaria obra pública vial que se realizó en Santa Cruz entre 2003 y 2015 y que habría servido para enriquecer, en principio, a Báez.
Luego de analizar 49 obras viales que desde el Estado nacional –con la supuesta connivencia de varios funcionarios públicos tanto de la administración central como santacruceña– recibieron las empresas del Grupo Báez, Pollicita y Mahiques le pidieron a Ercolini que cite a las indagatorias.
Según los fiscales, para desarrollar la maniobra, los Kirchner designaron en distintos lugares de la administración pública nacional relacionada con las obras viales a funcionarios que garantizaron el cumplimiento de lo ideado. Al mismo tiempo en la provincia de Santa Cruz, destinataria de las obras viales que se le otorgaron a Báez, se designaron funcionarios que para los fiscales contribuyeron al funcionamiento de la maquinaria de manejo de millones.
En el mismo sentido, en el fallo de Ercolini, dado a conocer por el Centro de Información Judicial, el juez sostuvo que "luego de destacar la extensión temporal y complejidad de la maniobra", llegó a la conclusión de que esta "se edificaba sobre cuatro pilares fundamentales".
Estos son: la inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial; la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional; la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Lázaro Báez en detrimento de las arcas del Estado.