La ong que había logrado el fallo que frenó la suba de tarifas pidió en la jornada de ayer a la Justicia Federal de La Plata suspender la audiencia pública convocada por el Gobierno para debatir el precio del gas hasta tanto la administración de Mauricio Macri entregue "información adecuada" a los usuarios.
La presentación fue realizada por el Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) al considerar "insuficiente" la información publicada por el Ministerio de Energía y Minería hace diez días.
Esta misma organización había logrado en agosto último un fallo judicial contra la suba de tarifas y esta vez solicitó al juez Alberto Recondo que impida la audiencia del próximo viernes en La Usina del Arte.
La presentación del Centro ante el juzgado federal de La Plata N§ 4 advirtió que el Poder Ejecutivo "incumple" la sentencia ocultando la información del precio del gas y piden que se suspenda hasta que el Gobierno no informe a qué valor se incrementará.
Conocer esa información permitiría identificar el costo real de las empresas prestadoras del servicio público y si es justificado un aumento de hasta 235% para los usuarios residenciales, como proyectaron desde el Ministerio de Energía.
"El Gobierno incumple el fallo de la Corte Suprema que ordena dar a conocer el costo de producción, generación y transporte, diferenciado por empresas y por cuencas de producción", sostiene el escrito de la ong.
En agosto pasado, Cepis logró que el máximo tribunal acepte una acción de amparo, que ratificó la nulidad de las Resoluciones 28/16 y 31/16 del ministerio de Energía y Minería, y ordenó retrotraer las tarifas al 31 de marzo pasado hasta que el Ejecutivo realice la audiencia pública, prevista por ley.
La entidad exigía que el Estado abra la "discusión con la ciudadanía" para determinar "los fundamentos sobre el real valor de los servicios públicos, a fin de que el pueblo pague tarifas justas y razonables".
Sin embargo, la semana pasada el ministro Aranguren dijo a las asociaciones de consumidores que no considera que el Gobierno tenga la obligación de mostrar cómo se forma el precio del gas en boca de pozo y confirmó que no entregará esos datos.
La presentación fue realizada por el Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) al considerar "insuficiente" la información publicada por el Ministerio de Energía y Minería hace diez días.
Esta misma organización había logrado en agosto último un fallo judicial contra la suba de tarifas y esta vez solicitó al juez Alberto Recondo que impida la audiencia del próximo viernes en La Usina del Arte.
La presentación del Centro ante el juzgado federal de La Plata N§ 4 advirtió que el Poder Ejecutivo "incumple" la sentencia ocultando la información del precio del gas y piden que se suspenda hasta que el Gobierno no informe a qué valor se incrementará.
Conocer esa información permitiría identificar el costo real de las empresas prestadoras del servicio público y si es justificado un aumento de hasta 235% para los usuarios residenciales, como proyectaron desde el Ministerio de Energía.
"El Gobierno incumple el fallo de la Corte Suprema que ordena dar a conocer el costo de producción, generación y transporte, diferenciado por empresas y por cuencas de producción", sostiene el escrito de la ong.
En agosto pasado, Cepis logró que el máximo tribunal acepte una acción de amparo, que ratificó la nulidad de las Resoluciones 28/16 y 31/16 del ministerio de Energía y Minería, y ordenó retrotraer las tarifas al 31 de marzo pasado hasta que el Ejecutivo realice la audiencia pública, prevista por ley.
La entidad exigía que el Estado abra la "discusión con la ciudadanía" para determinar "los fundamentos sobre el real valor de los servicios públicos, a fin de que el pueblo pague tarifas justas y razonables".
Sin embargo, la semana pasada el ministro Aranguren dijo a las asociaciones de consumidores que no considera que el Gobierno tenga la obligación de mostrar cómo se forma el precio del gas en boca de pozo y confirmó que no entregará esos datos.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla
La ong que había logrado el fallo que frenó la suba de tarifas pidió en la jornada de ayer a la Justicia Federal de La Plata suspender la audiencia pública convocada por el Gobierno para debatir el precio del gas hasta tanto la administración de Mauricio Macri entregue "información adecuada" a los usuarios.
La presentación fue realizada por el Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) al considerar "insuficiente" la información publicada por el Ministerio de Energía y Minería hace diez días.
Esta misma organización había logrado en agosto último un fallo judicial contra la suba de tarifas y esta vez solicitó al juez Alberto Recondo que impida la audiencia del próximo viernes en La Usina del Arte.
La presentación del Centro ante el juzgado federal de La Plata N§ 4 advirtió que el Poder Ejecutivo "incumple" la sentencia ocultando la información del precio del gas y piden que se suspenda hasta que el Gobierno no informe a qué valor se incrementará.
Conocer esa información permitiría identificar el costo real de las empresas prestadoras del servicio público y si es justificado un aumento de hasta 235% para los usuarios residenciales, como proyectaron desde el Ministerio de Energía.
"El Gobierno incumple el fallo de la Corte Suprema que ordena dar a conocer el costo de producción, generación y transporte, diferenciado por empresas y por cuencas de producción", sostiene el escrito de la ong.
En agosto pasado, Cepis logró que el máximo tribunal acepte una acción de amparo, que ratificó la nulidad de las Resoluciones 28/16 y 31/16 del ministerio de Energía y Minería, y ordenó retrotraer las tarifas al 31 de marzo pasado hasta que el Ejecutivo realice la audiencia pública, prevista por ley.
La entidad exigía que el Estado abra la "discusión con la ciudadanía" para determinar "los fundamentos sobre el real valor de los servicios públicos, a fin de que el pueblo pague tarifas justas y razonables".
Sin embargo, la semana pasada el ministro Aranguren dijo a las asociaciones de consumidores que no considera que el Gobierno tenga la obligación de mostrar cómo se forma el precio del gas en boca de pozo y confirmó que no entregará esos datos.
La presentación fue realizada por el Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) al considerar "insuficiente" la información publicada por el Ministerio de Energía y Minería hace diez días.
Esta misma organización había logrado en agosto último un fallo judicial contra la suba de tarifas y esta vez solicitó al juez Alberto Recondo que impida la audiencia del próximo viernes en La Usina del Arte.
La presentación del Centro ante el juzgado federal de La Plata N§ 4 advirtió que el Poder Ejecutivo "incumple" la sentencia ocultando la información del precio del gas y piden que se suspenda hasta que el Gobierno no informe a qué valor se incrementará.
Conocer esa información permitiría identificar el costo real de las empresas prestadoras del servicio público y si es justificado un aumento de hasta 235% para los usuarios residenciales, como proyectaron desde el Ministerio de Energía.
"El Gobierno incumple el fallo de la Corte Suprema que ordena dar a conocer el costo de producción, generación y transporte, diferenciado por empresas y por cuencas de producción", sostiene el escrito de la ong.
En agosto pasado, Cepis logró que el máximo tribunal acepte una acción de amparo, que ratificó la nulidad de las Resoluciones 28/16 y 31/16 del ministerio de Energía y Minería, y ordenó retrotraer las tarifas al 31 de marzo pasado hasta que el Ejecutivo realice la audiencia pública, prevista por ley.
La entidad exigía que el Estado abra la "discusión con la ciudadanía" para determinar "los fundamentos sobre el real valor de los servicios públicos, a fin de que el pueblo pague tarifas justas y razonables".
Sin embargo, la semana pasada el ministro Aranguren dijo a las asociaciones de consumidores que no considera que el Gobierno tenga la obligación de mostrar cómo se forma el precio del gas en boca de pozo y confirmó que no entregará esos datos.