La Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley de Acceso a la Información Pública, que obliga al Estado a brindar los datos que solicite cualquier ciudadano en un plazo de 15 días.
El oficialista Cambiemos logró de esta manera incorporar al temario el debate del proyecto sobre tablas, ya que no contaba aún dictamen de comisión y necesitaba una mayoría especial para incluirlo en la sesión.
Tras convertirse en comisión, el plenario aprobó por 182 votos y 16 en contra el dictamen original de la Cámara baja y rechazó los cambios incorporados por el Senado en la última sesión del cuerpo.
Entre otras cuestiones, y a instancias principalmente del Frente para la Victoria, el Senado había propuesto que el director de la autoridad de aplicación requiera acuerdo del Senado y eliminó además el artículo que exigía a dicho funcionario no haber ocupado electivos o partidarios en los últimos cinco años previos a su designación.
Al fundamentar la decisión del oficialismo, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, puso de relieve que "luego de consultas hemos llegado a la conclusión que es conveniente que la Cámara insista en la sanción originaria de este cuerpo".
Según el proyecto de Acceso a la Información Pública impulsado por el Poder Ejecutivo, cualquier persona tiene derecho a solicitar y recibir del Estado información completa, adecuada, oportuna y veraz; pronta respuesta y que el Estado tendrá 15 días para proveer la información solicitada, con posibilidad de prorrogar el plazo por 15 días más una sola vez. Al anunciar el envío al Congreso del proyecto, el presidente Mauricio Macri destacó la importancia del proyecto para lograr la transparencia en organismos públicos y aseguró que la ley "va a permitir que cualquier persona pueda pedir datos, documentos, registros y que el funcionario tenga que contestar en 15 días, sino podrá ser sancionado".
Entre otras cuestiones, la ley establece que en caso de no recibir contestación en tiempo y forma, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa o judicial.
La Ley establece además la creación de un órgano de aplicación por cada poder del Estado con autarquía. La iniciativa regirá para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público Fiscal, organismos centralizados, descentralizados, empresas, sociedades estatales y cualquier entidad privada.

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