El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, su esposa y otras seis personas fueron denunciados ayer por la Fiscalía Federal de la ciudad de Curitiba por supuesta corrupción en el marco de la operación Lava Jato, que investiga distintas vertientes del escándalo de Petrobras.
La denuncia, presentada por el Ministerio Público Federal de la ciudad de Curitiba, quedó ahora a decisión del juez federal Sergio Moro, a quien Lula acusó por "abuso de autoridad" ante la comisión de derechos humanos de la ONU.
Los delitos de corrupción y lavado de dinero que los fiscales y la policía federal le atribuyen a Lula están vinculados con un departamento en el balneario de Guarujá, del cual el ex mandatario niega ser el titular pero que estuvo a punto de comprar mediante la cooperativa del sindicato de los bancarios.
El edificio frente al mar fue comprado luego por la empresa de ingeniería OAS, cuyo dueño hizo refacciones en un departamento del cual el expresidente y su esposa decidieron no comprar.
El dueño de OAS, Leo Pinheiro, que también fue denunciado, se encuentra preso y se ha prestado a un acuerdo de delación premiada ante el juez Moro por haber corrompido políticos en el caso del escándalo de Petrobras.
Entre los denunciados están otros tres exempleados de la empresa construcotora OAS y el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto, según una lista de los incriminados por los fiscales de la Operación Lava Jato.
"Desde el 30 de enero pasado Lula hizo públicos documentos que prueban que el no es dueño del apartamento en Guarujá. Lula estuvo una vez en el edificio cuando su familia evaluaba comprar el inmueble. Jamás fue propietario de ese departamento ni durmió una noche en el departamento que desesperadamente el equipo de la Lava Jato intenta atribuirle al expresidente", publicó el perfil del exmandatario en Facebook.
El Partido de los Trabajadores acusó a los fiscales y al juez Moro de "intentar bloquear electoralmente a Lula para 2018".
La denuncia, presentada por el Ministerio Público Federal de la ciudad de Curitiba, quedó ahora a decisión del juez federal Sergio Moro, a quien Lula acusó por "abuso de autoridad" ante la comisión de derechos humanos de la ONU.
Los delitos de corrupción y lavado de dinero que los fiscales y la policía federal le atribuyen a Lula están vinculados con un departamento en el balneario de Guarujá, del cual el ex mandatario niega ser el titular pero que estuvo a punto de comprar mediante la cooperativa del sindicato de los bancarios.
El edificio frente al mar fue comprado luego por la empresa de ingeniería OAS, cuyo dueño hizo refacciones en un departamento del cual el expresidente y su esposa decidieron no comprar.
El dueño de OAS, Leo Pinheiro, que también fue denunciado, se encuentra preso y se ha prestado a un acuerdo de delación premiada ante el juez Moro por haber corrompido políticos en el caso del escándalo de Petrobras.
Entre los denunciados están otros tres exempleados de la empresa construcotora OAS y el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto, según una lista de los incriminados por los fiscales de la Operación Lava Jato.
"Desde el 30 de enero pasado Lula hizo públicos documentos que prueban que el no es dueño del apartamento en Guarujá. Lula estuvo una vez en el edificio cuando su familia evaluaba comprar el inmueble. Jamás fue propietario de ese departamento ni durmió una noche en el departamento que desesperadamente el equipo de la Lava Jato intenta atribuirle al expresidente", publicó el perfil del exmandatario en Facebook.
El Partido de los Trabajadores acusó a los fiscales y al juez Moro de "intentar bloquear electoralmente a Lula para 2018".
Temer dice que su Gobierno "no es tan idiota"
El presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó ayer que su gobierno "no es tan idiota" como para proponer restricciones a los derechos de los trabajadores o al gasto público en Salud y Educación, al referirse a la reforma laboral presentada el viernes último.
Aclaró al respecto que la propuesta presentada estudia efectivamente flexiblizar la ley actual para aumentar la jornada laboral diaria a 12 horas, pero para una semana de trabajo de cuatro días, iniciativa que luego de ser anunciada por su ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira, causó una gran polémica.
El mandatario dijo que la propuesta podría haber sido explicada como "la posibilidad de que el trabajador brasileño pueda trabajar cuatro días por semana si lo hace durante 12 horas y tener tres días libre".
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El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, su esposa y otras seis personas fueron denunciados ayer por la Fiscalía Federal de la ciudad de Curitiba por supuesta corrupción en el marco de la operación Lava Jato, que investiga distintas vertientes del escándalo de Petrobras.
La denuncia, presentada por el Ministerio Público Federal de la ciudad de Curitiba, quedó ahora a decisión del juez federal Sergio Moro, a quien Lula acusó por "abuso de autoridad" ante la comisión de derechos humanos de la ONU.
Los delitos de corrupción y lavado de dinero que los fiscales y la policía federal le atribuyen a Lula están vinculados con un departamento en el balneario de Guarujá, del cual el ex mandatario niega ser el titular pero que estuvo a punto de comprar mediante la cooperativa del sindicato de los bancarios.
El edificio frente al mar fue comprado luego por la empresa de ingeniería OAS, cuyo dueño hizo refacciones en un departamento del cual el expresidente y su esposa decidieron no comprar.
El dueño de OAS, Leo Pinheiro, que también fue denunciado, se encuentra preso y se ha prestado a un acuerdo de delación premiada ante el juez Moro por haber corrompido políticos en el caso del escándalo de Petrobras.
Entre los denunciados están otros tres exempleados de la empresa construcotora OAS y el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto, según una lista de los incriminados por los fiscales de la Operación Lava Jato.
"Desde el 30 de enero pasado Lula hizo públicos documentos que prueban que el no es dueño del apartamento en Guarujá. Lula estuvo una vez en el edificio cuando su familia evaluaba comprar el inmueble. Jamás fue propietario de ese departamento ni durmió una noche en el departamento que desesperadamente el equipo de la Lava Jato intenta atribuirle al expresidente", publicó el perfil del exmandatario en Facebook.
El Partido de los Trabajadores acusó a los fiscales y al juez Moro de "intentar bloquear electoralmente a Lula para 2018".
La denuncia, presentada por el Ministerio Público Federal de la ciudad de Curitiba, quedó ahora a decisión del juez federal Sergio Moro, a quien Lula acusó por "abuso de autoridad" ante la comisión de derechos humanos de la ONU.
Los delitos de corrupción y lavado de dinero que los fiscales y la policía federal le atribuyen a Lula están vinculados con un departamento en el balneario de Guarujá, del cual el ex mandatario niega ser el titular pero que estuvo a punto de comprar mediante la cooperativa del sindicato de los bancarios.
El edificio frente al mar fue comprado luego por la empresa de ingeniería OAS, cuyo dueño hizo refacciones en un departamento del cual el expresidente y su esposa decidieron no comprar.
El dueño de OAS, Leo Pinheiro, que también fue denunciado, se encuentra preso y se ha prestado a un acuerdo de delación premiada ante el juez Moro por haber corrompido políticos en el caso del escándalo de Petrobras.
Entre los denunciados están otros tres exempleados de la empresa construcotora OAS y el presidente del Instituto Lula, Paulo Okamotto, según una lista de los incriminados por los fiscales de la Operación Lava Jato.
"Desde el 30 de enero pasado Lula hizo públicos documentos que prueban que el no es dueño del apartamento en Guarujá. Lula estuvo una vez en el edificio cuando su familia evaluaba comprar el inmueble. Jamás fue propietario de ese departamento ni durmió una noche en el departamento que desesperadamente el equipo de la Lava Jato intenta atribuirle al expresidente", publicó el perfil del exmandatario en Facebook.
El Partido de los Trabajadores acusó a los fiscales y al juez Moro de "intentar bloquear electoralmente a Lula para 2018".
Temer dice que su Gobierno "no es tan idiota"
El presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó ayer que su gobierno "no es tan idiota" como para proponer restricciones a los derechos de los trabajadores o al gasto público en Salud y Educación, al referirse a la reforma laboral presentada el viernes último.
Aclaró al respecto que la propuesta presentada estudia efectivamente flexiblizar la ley actual para aumentar la jornada laboral diaria a 12 horas, pero para una semana de trabajo de cuatro días, iniciativa que luego de ser anunciada por su ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira, causó una gran polémica.
El mandatario dijo que la propuesta podría haber sido explicada como "la posibilidad de que el trabajador brasileño pueda trabajar cuatro días por semana si lo hace durante 12 horas y tener tres días libre".