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Consumidores Argentinos

Sabado, 17 de septiembre de 2016 01:30
El presidente de la asociación Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, afirmó ayer que el gobierno nacional con su política tarifaria "se puso del lado del más fuerte y le aplica a los usuarios un tarifazo del 5 mil por ciento en dólares a lo largo de los próximos años", sin especificar los compromisos que deben asumir las empresas para la concreción de nuevas inversiones y la posibilidad de acceder al servicio del gas a 5 millones de personas que en la actualidad no están contempladas.
Así lo planteó el representante de la asociación que impulsó junto al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), el amparo que llegó a la Corte Suprema que frenó la suba del gas implementada a partir del 1ro. de abril pasado.
"Está instalado que no podremos saber cómo se conforma el precio del gas a boca de pozo, pero si sabemos que vamos a pagar un 200% en la factura de octubre, un 400 en abril y en 2023 a un 5.000% en una tarifa dolarizada", denunció Procelli al cuestionar que el Estado "no se hace cargo de que es un servicio público y no responde a lo dispuesto por la Corte Suprema de atar el derecho a la energía al acceso a la vivienda digna".
También alertó que "la propuesta tarifaria no ofrece pauta alguna respecto a en qué y cuánto se va a invertir ni de cómo se va a garantizar el acceso masivo a 5 millones de personas que no tienen redes de gas natural con un servicio que no se va a poder pagar".
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El presidente de la asociación Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, afirmó ayer que el gobierno nacional con su política tarifaria "se puso del lado del más fuerte y le aplica a los usuarios un tarifazo del 5 mil por ciento en dólares a lo largo de los próximos años", sin especificar los compromisos que deben asumir las empresas para la concreción de nuevas inversiones y la posibilidad de acceder al servicio del gas a 5 millones de personas que en la actualidad no están contempladas.
Así lo planteó el representante de la asociación que impulsó junto al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), el amparo que llegó a la Corte Suprema que frenó la suba del gas implementada a partir del 1ro. de abril pasado.
"Está instalado que no podremos saber cómo se conforma el precio del gas a boca de pozo, pero si sabemos que vamos a pagar un 200% en la factura de octubre, un 400 en abril y en 2023 a un 5.000% en una tarifa dolarizada", denunció Procelli al cuestionar que el Estado "no se hace cargo de que es un servicio público y no responde a lo dispuesto por la Corte Suprema de atar el derecho a la energía al acceso a la vivienda digna".
También alertó que "la propuesta tarifaria no ofrece pauta alguna respecto a en qué y cuánto se va a invertir ni de cómo se va a garantizar el acceso masivo a 5 millones de personas que no tienen redes de gas natural con un servicio que no se va a poder pagar".

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