Un informe de la fiscalía de La Plata sobre la investigación del paradero de Jorge Julio López, de cuya desaparición se cumplen hoy 10 años, describe las principales líneas de trabajo centradas en los cruces de las llamadas telefónicas realizadas el 18 de septiembre de 2006 en la zona donde fue visto por última vez, y en el cotejo de sus huellas dactilares con la de los cuerpos sin identificación hallados en diferentes lugares del país.
En el relevamiento elaborado por el fiscal general Marcelo Molina, coordinador de la Unidad que interviene en procesos por crímenes del terrorismo de Estado en La Plata, describe las principales líneas de trabajo de la Fiscalía, que está a cargo de la pesquisa desde el 18 de septiembre de 2009, a tres años de la desaparición del testigo y querellante en el juicio que condenó a Miguel Etchecolatz a prisión perpetua.
El informe presentado ayer al titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, reseña que pese a los reclamos que desde 2014 viene realizando la fiscalía al Ministerio de Seguridad para recibir la asistencia de una fuerza "especializada en delitos complejos", la denominada "Comisión Caso López" de la Policía Federal es la única que actualmente trabaja en la causa a las órdenes del Ministerio Público.
La causa se compone de 45 cuerpos principales, con 59 legajos y 74 anexos que "se distribuyen en otros tantos y numerosos cuerpos de actuaciones que han sido y siguen siendo analizados por esta fiscalía, sin hacer mención de las hipótesis perseguidas en la causa principal", más los cuerpos y anexos durante los primeros meses de la investigación.
En cuanto al cruce de llamadas, calculadas en más de cinco millones de registros, la fiscalía solicitó a las empresas prestatarias no destruir los registros que están obligadas a preservar, cumplidos los diez años.
Sobre el cotejo de huellas dactilares, la fiscalía observó la necesidad de conformar un "registro nacional de personas NN a través del cual se facilite el acceso a las huellas digitales de esos cuerpos", para acelerar la tarea de cotejo.
Otra pista analizada se refiere a las personas que López mencionó como integrantes de fuerzas de seguridad y "patotas" a cargo de la represión mientras se produjo su primer secuestro y desaparición -entre octubre de 1976 y junio de 1979- que "en su mayoría" fueron juzgados y condenados, otros elevados a juicio y el resto procesados.
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Un informe de la fiscalía de La Plata sobre la investigación del paradero de Jorge Julio López, de cuya desaparición se cumplen hoy 10 años, describe las principales líneas de trabajo centradas en los cruces de las llamadas telefónicas realizadas el 18 de septiembre de 2006 en la zona donde fue visto por última vez, y en el cotejo de sus huellas dactilares con la de los cuerpos sin identificación hallados en diferentes lugares del país.
En el relevamiento elaborado por el fiscal general Marcelo Molina, coordinador de la Unidad que interviene en procesos por crímenes del terrorismo de Estado en La Plata, describe las principales líneas de trabajo de la Fiscalía, que está a cargo de la pesquisa desde el 18 de septiembre de 2009, a tres años de la desaparición del testigo y querellante en el juicio que condenó a Miguel Etchecolatz a prisión perpetua.
El informe presentado ayer al titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, reseña que pese a los reclamos que desde 2014 viene realizando la fiscalía al Ministerio de Seguridad para recibir la asistencia de una fuerza "especializada en delitos complejos", la denominada "Comisión Caso López" de la Policía Federal es la única que actualmente trabaja en la causa a las órdenes del Ministerio Público.
La causa se compone de 45 cuerpos principales, con 59 legajos y 74 anexos que "se distribuyen en otros tantos y numerosos cuerpos de actuaciones que han sido y siguen siendo analizados por esta fiscalía, sin hacer mención de las hipótesis perseguidas en la causa principal", más los cuerpos y anexos durante los primeros meses de la investigación.
En cuanto al cruce de llamadas, calculadas en más de cinco millones de registros, la fiscalía solicitó a las empresas prestatarias no destruir los registros que están obligadas a preservar, cumplidos los diez años.
Sobre el cotejo de huellas dactilares, la fiscalía observó la necesidad de conformar un "registro nacional de personas NN a través del cual se facilite el acceso a las huellas digitales de esos cuerpos", para acelerar la tarea de cotejo.
Otra pista analizada se refiere a las personas que López mencionó como integrantes de fuerzas de seguridad y "patotas" a cargo de la represión mientras se produjo su primer secuestro y desaparición -entre octubre de 1976 y junio de 1979- que "en su mayoría" fueron juzgados y condenados, otros elevados a juicio y el resto procesados.