El Senado aprobó ayer con 48 votos a favor y 13 en contra y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que crea un régimen de participación público privada para la construcción de obras públicas.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, contó con el apoyo del oficialismo y de un sector mayoritario del PJ-FPV, mientras que el ala kirchnerista de esa bancada y senadores independientes como Fernando "Pino" Solanas, de Proyecto Sur, lo rechazaron.
El proyecto propone un régimen para fomentar la inversión de empresas privadas en obras de infraestructura de gran envergadura en sociedad con el Estado y fija para ello una serie de obligaciones, sanciones por incumplimiento y formas de ejecución. El punto que generó mayor discusión es el que establece que en casos de controversia entre el Estado, como contratante, y las empresas, como contratistas, se podrá optar por el mecanismo del arbitraje fuera del país.
Durante el debate, el correntino del PJ-FPV Carlos "Camau" Espínola, presidente de la Comisión de Infraestructura, señaló que el proyecto tiene como "antecedente el decreto 967 del expresidente Néstor Kirchner, que consideraba la importancia de instrumentar un régimen que facilite la conjunción del sector público y el privado".
Destacó, además, que permite que las empresas en las que el Estado nacional, las provincias o los municipios tengan participación "también puedan ser contratistas", en competencia con las de capital privado.
La puntana Liliana Negre de Alonso, fue una de las senadoras que cuestionó el hecho de "volver a los tribunales internacionales" para resolver conflictos, lo que también fue puesto en tela de juicio por el jujeño Walter Barrionuevo, del PJ-FPV.
Pese a haber votado a favor, Barrionuevo dijo que "si se permite que una empresa elija la sede y el idioma en el que se van a resolver los conflictos, se está permitiendo todo".
Por su parte, Solanas criticó la iniciativa a la que calificó como "una vuelta atrás impresionante" que implica "entronizar el Estado bobo y la imbecilidad de los argentinos".
A su turno, la senadora oficialista por Tucumán Silvia Elías de Pérez subrayó que "casi todos los países de la región poseen leyes de participación público privada" y agregó que "los objetivos del proyecto son aumentar la inversión en infraestructura, la generación de empleo, que exista una participación directa o indirecta de las pymes".
En tanto, su compañero de bloque Julio Cobos indicó que "el Estado tiene partidas limitadas y acotadas" y agregó que "podemos recurrir a créditos internacionales, a convenios con otros países, pero el espíritu de esta ley que estamos tratando permite la posibilidad de asociarse entre el sector público y privado".
La discusión por el arbitraje en tribunales internacionales, conocido como prórroga de jurisdicción, fue saldada sobre el final del debate por el jefe del bloque PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto. "No quiero ser el abogado defensor de este proyecto, pero si no hay prórroga de jurisdicción el proyecto no sirve", apuntó.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, contó con el apoyo del oficialismo y de un sector mayoritario del PJ-FPV, mientras que el ala kirchnerista de esa bancada y senadores independientes como Fernando "Pino" Solanas, de Proyecto Sur, lo rechazaron.
El proyecto propone un régimen para fomentar la inversión de empresas privadas en obras de infraestructura de gran envergadura en sociedad con el Estado y fija para ello una serie de obligaciones, sanciones por incumplimiento y formas de ejecución. El punto que generó mayor discusión es el que establece que en casos de controversia entre el Estado, como contratante, y las empresas, como contratistas, se podrá optar por el mecanismo del arbitraje fuera del país.
Durante el debate, el correntino del PJ-FPV Carlos "Camau" Espínola, presidente de la Comisión de Infraestructura, señaló que el proyecto tiene como "antecedente el decreto 967 del expresidente Néstor Kirchner, que consideraba la importancia de instrumentar un régimen que facilite la conjunción del sector público y el privado".
Destacó, además, que permite que las empresas en las que el Estado nacional, las provincias o los municipios tengan participación "también puedan ser contratistas", en competencia con las de capital privado.
La puntana Liliana Negre de Alonso, fue una de las senadoras que cuestionó el hecho de "volver a los tribunales internacionales" para resolver conflictos, lo que también fue puesto en tela de juicio por el jujeño Walter Barrionuevo, del PJ-FPV.
Pese a haber votado a favor, Barrionuevo dijo que "si se permite que una empresa elija la sede y el idioma en el que se van a resolver los conflictos, se está permitiendo todo".
Por su parte, Solanas criticó la iniciativa a la que calificó como "una vuelta atrás impresionante" que implica "entronizar el Estado bobo y la imbecilidad de los argentinos".
A su turno, la senadora oficialista por Tucumán Silvia Elías de Pérez subrayó que "casi todos los países de la región poseen leyes de participación público privada" y agregó que "los objetivos del proyecto son aumentar la inversión en infraestructura, la generación de empleo, que exista una participación directa o indirecta de las pymes".
En tanto, su compañero de bloque Julio Cobos indicó que "el Estado tiene partidas limitadas y acotadas" y agregó que "podemos recurrir a créditos internacionales, a convenios con otros países, pero el espíritu de esta ley que estamos tratando permite la posibilidad de asociarse entre el sector público y privado".
La discusión por el arbitraje en tribunales internacionales, conocido como prórroga de jurisdicción, fue saldada sobre el final del debate por el jefe del bloque PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto. "No quiero ser el abogado defensor de este proyecto, pero si no hay prórroga de jurisdicción el proyecto no sirve", apuntó.
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El Senado aprobó ayer con 48 votos a favor y 13 en contra y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que crea un régimen de participación público privada para la construcción de obras públicas.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, contó con el apoyo del oficialismo y de un sector mayoritario del PJ-FPV, mientras que el ala kirchnerista de esa bancada y senadores independientes como Fernando "Pino" Solanas, de Proyecto Sur, lo rechazaron.
El proyecto propone un régimen para fomentar la inversión de empresas privadas en obras de infraestructura de gran envergadura en sociedad con el Estado y fija para ello una serie de obligaciones, sanciones por incumplimiento y formas de ejecución. El punto que generó mayor discusión es el que establece que en casos de controversia entre el Estado, como contratante, y las empresas, como contratistas, se podrá optar por el mecanismo del arbitraje fuera del país.
Durante el debate, el correntino del PJ-FPV Carlos "Camau" Espínola, presidente de la Comisión de Infraestructura, señaló que el proyecto tiene como "antecedente el decreto 967 del expresidente Néstor Kirchner, que consideraba la importancia de instrumentar un régimen que facilite la conjunción del sector público y el privado".
Destacó, además, que permite que las empresas en las que el Estado nacional, las provincias o los municipios tengan participación "también puedan ser contratistas", en competencia con las de capital privado.
La puntana Liliana Negre de Alonso, fue una de las senadoras que cuestionó el hecho de "volver a los tribunales internacionales" para resolver conflictos, lo que también fue puesto en tela de juicio por el jujeño Walter Barrionuevo, del PJ-FPV.
Pese a haber votado a favor, Barrionuevo dijo que "si se permite que una empresa elija la sede y el idioma en el que se van a resolver los conflictos, se está permitiendo todo".
Por su parte, Solanas criticó la iniciativa a la que calificó como "una vuelta atrás impresionante" que implica "entronizar el Estado bobo y la imbecilidad de los argentinos".
A su turno, la senadora oficialista por Tucumán Silvia Elías de Pérez subrayó que "casi todos los países de la región poseen leyes de participación público privada" y agregó que "los objetivos del proyecto son aumentar la inversión en infraestructura, la generación de empleo, que exista una participación directa o indirecta de las pymes".
En tanto, su compañero de bloque Julio Cobos indicó que "el Estado tiene partidas limitadas y acotadas" y agregó que "podemos recurrir a créditos internacionales, a convenios con otros países, pero el espíritu de esta ley que estamos tratando permite la posibilidad de asociarse entre el sector público y privado".
La discusión por el arbitraje en tribunales internacionales, conocido como prórroga de jurisdicción, fue saldada sobre el final del debate por el jefe del bloque PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto. "No quiero ser el abogado defensor de este proyecto, pero si no hay prórroga de jurisdicción el proyecto no sirve", apuntó.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, contó con el apoyo del oficialismo y de un sector mayoritario del PJ-FPV, mientras que el ala kirchnerista de esa bancada y senadores independientes como Fernando "Pino" Solanas, de Proyecto Sur, lo rechazaron.
El proyecto propone un régimen para fomentar la inversión de empresas privadas en obras de infraestructura de gran envergadura en sociedad con el Estado y fija para ello una serie de obligaciones, sanciones por incumplimiento y formas de ejecución. El punto que generó mayor discusión es el que establece que en casos de controversia entre el Estado, como contratante, y las empresas, como contratistas, se podrá optar por el mecanismo del arbitraje fuera del país.
Durante el debate, el correntino del PJ-FPV Carlos "Camau" Espínola, presidente de la Comisión de Infraestructura, señaló que el proyecto tiene como "antecedente el decreto 967 del expresidente Néstor Kirchner, que consideraba la importancia de instrumentar un régimen que facilite la conjunción del sector público y el privado".
Destacó, además, que permite que las empresas en las que el Estado nacional, las provincias o los municipios tengan participación "también puedan ser contratistas", en competencia con las de capital privado.
La puntana Liliana Negre de Alonso, fue una de las senadoras que cuestionó el hecho de "volver a los tribunales internacionales" para resolver conflictos, lo que también fue puesto en tela de juicio por el jujeño Walter Barrionuevo, del PJ-FPV.
Pese a haber votado a favor, Barrionuevo dijo que "si se permite que una empresa elija la sede y el idioma en el que se van a resolver los conflictos, se está permitiendo todo".
Por su parte, Solanas criticó la iniciativa a la que calificó como "una vuelta atrás impresionante" que implica "entronizar el Estado bobo y la imbecilidad de los argentinos".
A su turno, la senadora oficialista por Tucumán Silvia Elías de Pérez subrayó que "casi todos los países de la región poseen leyes de participación público privada" y agregó que "los objetivos del proyecto son aumentar la inversión en infraestructura, la generación de empleo, que exista una participación directa o indirecta de las pymes".
En tanto, su compañero de bloque Julio Cobos indicó que "el Estado tiene partidas limitadas y acotadas" y agregó que "podemos recurrir a créditos internacionales, a convenios con otros países, pero el espíritu de esta ley que estamos tratando permite la posibilidad de asociarse entre el sector público y privado".
La discusión por el arbitraje en tribunales internacionales, conocido como prórroga de jurisdicción, fue saldada sobre el final del debate por el jefe del bloque PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto. "No quiero ser el abogado defensor de este proyecto, pero si no hay prórroga de jurisdicción el proyecto no sirve", apuntó.