El fiscal de Investigación Penal N° 2 Gustavo Araya libró un exhorto al juez nacional Criminal Correccional Federal N° 3 de Comodoro Py, Daniel Rafecas, solicitando que ponga a disposición al exfuncionario kirchnerista, actualmente imputado y detenido por otra causa, José Francisco López, y al arquitecto Germán Nivello, para que el próximo 5 de octubre sean trasladados a nuestra provincia para conocer causa de imputación y nombren abogados defensores, por un expediente conocido como la "megacausa", que tiene que ver con la liberación de fondos nacionales para la construcción de viviendas sociales a cargo de cooperativas, que supuestamente fueron malversadas.
En conferencia de prensa, junto al fiscal general del Ministerio de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, Araya dijo que López quedó imputado tras la investigación de una denuncia que realizó el fiscal de Estado Mariano Miranda y el fiscal de la Oficina Anticorrupción Joaquín Millón Quintana, donde lo denunciaron como supuestos autores de "defraudación al Estado y abuso del poder" al exsecretario de Obras Públicas López y al arquitecto de esa gestión Nivello.
Rafecas ya recibió el exhorto y se le puso a disposición la predisposición del ministro de Seguridad de la provincia Ekel Meyer y personas que él designe en trabajo conjunto con efectivos de Gendarmería Nacional para garantizar la custodia del imputado. El miércoles próximo a las 11 está citado en el despacho del fiscal para conocer imputación.
"Este expediente está denominado como "megacausa" y la denuncia se enfoca en un faltante de alrededor de 2000 viviendas de un programa federal que debería tener como finalidad la construcción de 8000 viviendas. Se ha auditado un faltante aproximado a 1300 viviendas. Con nuestras auditorías hemos estimado una suma cercana a 800 millones de pesos de faltante", dijo Araya.
En este caso, la imputación se dio por la certificación de dos municipios, el de Humahuaca y el de Calilegua, que dan un total de 90 millones de pesos de faltantes y de 300 viviendas, que se constató que no están.
"La primera imputación que se realizó en contra del exgobernador Fellner, el exministro de tierras y viviendas Cosentini, la dirigente social Sala y de los responsables de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Carrizo y Mercado.
López sería la persona que de acuerdo a los convenios que se firmaba entre Nación, UEP, provincia y los municipios, él debía controlar los destinos de los fondos, además de realizar las auditorías internas correspondientes para determinar que ese dinero que se depositaba en la cuenta de UEP, tenga el certificado de obra al cien por ciento.
"Esos certificados no tendrían de fecha de inicio y de finalización de obras, lo que nos lleva a concluir que no había ningún tipo de control. No solo se envió dinero para las viviendas, sino también un libramiento adicional (adendas), para la construcción de las mismas. Se pagaron casi 150 millones de pesos de adendas y no están las casas", dijo el fiscal. "El Ministerio de la Acusación decidió ir a Buenos Aires y traer toda la documentación que se firmaba en nombre de la secretaría de López y la UEP. En esos expedientes se constató el nexo y entre cruces de los convenios que se firmaron entre estas partes", continuó el fiscal.
Además el fiscal Gustavo Araya dijo que "no se está juzgando a nadie, simplemente se está llevando a cabo una investigación penal, que involucra a varias personas.
En conferencia de prensa, junto al fiscal general del Ministerio de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, Araya dijo que López quedó imputado tras la investigación de una denuncia que realizó el fiscal de Estado Mariano Miranda y el fiscal de la Oficina Anticorrupción Joaquín Millón Quintana, donde lo denunciaron como supuestos autores de "defraudación al Estado y abuso del poder" al exsecretario de Obras Públicas López y al arquitecto de esa gestión Nivello.
Rafecas ya recibió el exhorto y se le puso a disposición la predisposición del ministro de Seguridad de la provincia Ekel Meyer y personas que él designe en trabajo conjunto con efectivos de Gendarmería Nacional para garantizar la custodia del imputado. El miércoles próximo a las 11 está citado en el despacho del fiscal para conocer imputación.
"Este expediente está denominado como "megacausa" y la denuncia se enfoca en un faltante de alrededor de 2000 viviendas de un programa federal que debería tener como finalidad la construcción de 8000 viviendas. Se ha auditado un faltante aproximado a 1300 viviendas. Con nuestras auditorías hemos estimado una suma cercana a 800 millones de pesos de faltante", dijo Araya.
En este caso, la imputación se dio por la certificación de dos municipios, el de Humahuaca y el de Calilegua, que dan un total de 90 millones de pesos de faltantes y de 300 viviendas, que se constató que no están.
"La primera imputación que se realizó en contra del exgobernador Fellner, el exministro de tierras y viviendas Cosentini, la dirigente social Sala y de los responsables de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Carrizo y Mercado.
López sería la persona que de acuerdo a los convenios que se firmaba entre Nación, UEP, provincia y los municipios, él debía controlar los destinos de los fondos, además de realizar las auditorías internas correspondientes para determinar que ese dinero que se depositaba en la cuenta de UEP, tenga el certificado de obra al cien por ciento.
"Esos certificados no tendrían de fecha de inicio y de finalización de obras, lo que nos lleva a concluir que no había ningún tipo de control. No solo se envió dinero para las viviendas, sino también un libramiento adicional (adendas), para la construcción de las mismas. Se pagaron casi 150 millones de pesos de adendas y no están las casas", dijo el fiscal. "El Ministerio de la Acusación decidió ir a Buenos Aires y traer toda la documentación que se firmaba en nombre de la secretaría de López y la UEP. En esos expedientes se constató el nexo y entre cruces de los convenios que se firmaron entre estas partes", continuó el fiscal.
Además el fiscal Gustavo Araya dijo que "no se está juzgando a nadie, simplemente se está llevando a cabo una investigación penal, que involucra a varias personas.
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El fiscal de Investigación Penal N° 2 Gustavo Araya libró un exhorto al juez nacional Criminal Correccional Federal N° 3 de Comodoro Py, Daniel Rafecas, solicitando que ponga a disposición al exfuncionario kirchnerista, actualmente imputado y detenido por otra causa, José Francisco López, y al arquitecto Germán Nivello, para que el próximo 5 de octubre sean trasladados a nuestra provincia para conocer causa de imputación y nombren abogados defensores, por un expediente conocido como la "megacausa", que tiene que ver con la liberación de fondos nacionales para la construcción de viviendas sociales a cargo de cooperativas, que supuestamente fueron malversadas.
En conferencia de prensa, junto al fiscal general del Ministerio de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, Araya dijo que López quedó imputado tras la investigación de una denuncia que realizó el fiscal de Estado Mariano Miranda y el fiscal de la Oficina Anticorrupción Joaquín Millón Quintana, donde lo denunciaron como supuestos autores de "defraudación al Estado y abuso del poder" al exsecretario de Obras Públicas López y al arquitecto de esa gestión Nivello.
Rafecas ya recibió el exhorto y se le puso a disposición la predisposición del ministro de Seguridad de la provincia Ekel Meyer y personas que él designe en trabajo conjunto con efectivos de Gendarmería Nacional para garantizar la custodia del imputado. El miércoles próximo a las 11 está citado en el despacho del fiscal para conocer imputación.
"Este expediente está denominado como "megacausa" y la denuncia se enfoca en un faltante de alrededor de 2000 viviendas de un programa federal que debería tener como finalidad la construcción de 8000 viviendas. Se ha auditado un faltante aproximado a 1300 viviendas. Con nuestras auditorías hemos estimado una suma cercana a 800 millones de pesos de faltante", dijo Araya.
En este caso, la imputación se dio por la certificación de dos municipios, el de Humahuaca y el de Calilegua, que dan un total de 90 millones de pesos de faltantes y de 300 viviendas, que se constató que no están.
"La primera imputación que se realizó en contra del exgobernador Fellner, el exministro de tierras y viviendas Cosentini, la dirigente social Sala y de los responsables de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Carrizo y Mercado.
López sería la persona que de acuerdo a los convenios que se firmaba entre Nación, UEP, provincia y los municipios, él debía controlar los destinos de los fondos, además de realizar las auditorías internas correspondientes para determinar que ese dinero que se depositaba en la cuenta de UEP, tenga el certificado de obra al cien por ciento.
"Esos certificados no tendrían de fecha de inicio y de finalización de obras, lo que nos lleva a concluir que no había ningún tipo de control. No solo se envió dinero para las viviendas, sino también un libramiento adicional (adendas), para la construcción de las mismas. Se pagaron casi 150 millones de pesos de adendas y no están las casas", dijo el fiscal. "El Ministerio de la Acusación decidió ir a Buenos Aires y traer toda la documentación que se firmaba en nombre de la secretaría de López y la UEP. En esos expedientes se constató el nexo y entre cruces de los convenios que se firmaron entre estas partes", continuó el fiscal.
Además el fiscal Gustavo Araya dijo que "no se está juzgando a nadie, simplemente se está llevando a cabo una investigación penal, que involucra a varias personas.
En conferencia de prensa, junto al fiscal general del Ministerio de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, Araya dijo que López quedó imputado tras la investigación de una denuncia que realizó el fiscal de Estado Mariano Miranda y el fiscal de la Oficina Anticorrupción Joaquín Millón Quintana, donde lo denunciaron como supuestos autores de "defraudación al Estado y abuso del poder" al exsecretario de Obras Públicas López y al arquitecto de esa gestión Nivello.
Rafecas ya recibió el exhorto y se le puso a disposición la predisposición del ministro de Seguridad de la provincia Ekel Meyer y personas que él designe en trabajo conjunto con efectivos de Gendarmería Nacional para garantizar la custodia del imputado. El miércoles próximo a las 11 está citado en el despacho del fiscal para conocer imputación.
"Este expediente está denominado como "megacausa" y la denuncia se enfoca en un faltante de alrededor de 2000 viviendas de un programa federal que debería tener como finalidad la construcción de 8000 viviendas. Se ha auditado un faltante aproximado a 1300 viviendas. Con nuestras auditorías hemos estimado una suma cercana a 800 millones de pesos de faltante", dijo Araya.
En este caso, la imputación se dio por la certificación de dos municipios, el de Humahuaca y el de Calilegua, que dan un total de 90 millones de pesos de faltantes y de 300 viviendas, que se constató que no están.
"La primera imputación que se realizó en contra del exgobernador Fellner, el exministro de tierras y viviendas Cosentini, la dirigente social Sala y de los responsables de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Carrizo y Mercado.
López sería la persona que de acuerdo a los convenios que se firmaba entre Nación, UEP, provincia y los municipios, él debía controlar los destinos de los fondos, además de realizar las auditorías internas correspondientes para determinar que ese dinero que se depositaba en la cuenta de UEP, tenga el certificado de obra al cien por ciento.
"Esos certificados no tendrían de fecha de inicio y de finalización de obras, lo que nos lleva a concluir que no había ningún tipo de control. No solo se envió dinero para las viviendas, sino también un libramiento adicional (adendas), para la construcción de las mismas. Se pagaron casi 150 millones de pesos de adendas y no están las casas", dijo el fiscal. "El Ministerio de la Acusación decidió ir a Buenos Aires y traer toda la documentación que se firmaba en nombre de la secretaría de López y la UEP. En esos expedientes se constató el nexo y entre cruces de los convenios que se firmaron entre estas partes", continuó el fiscal.
Además el fiscal Gustavo Araya dijo que "no se está juzgando a nadie, simplemente se está llevando a cabo una investigación penal, que involucra a varias personas.