Integrantes de la comunidad aborigen Pukara, de Tilcara, se reunieron con diputados provinciales, a fin de informarles sobre la situación que sobrellevan ocho familias quienes intentan ser desalojadas de las tierras que habitan, ya que la titularidad del terreno se dirime judicialmente en el Juzgado Civil y Comercial N° 3, Secretaria N° 5, de la Provincia.
Los integrantes de la comunidad, junto a su representante legal relataron que la "lucha" para evitar el desalojo de las 8 familias integrantes de la comunidad Pukara viene de hace años, ya que en 2014 resistieron dos desalojos, pero que nunca les fue aceptada judicialmente la participación activa en el expediente.
Explicaron que la comunidad se presentó en innumerables oportunidades a los efectos de aportar elementos de prueba y solicitar la aplicación de la Ley nacional 26.160 para impedir el desalojo y ser reconocida como parte del conflicto, sin obtener nunca una resolución favorable a sus planteos.
Anunciaron que la Justicia rechazó el último recurso presentado por la comunidad, quedando firme la orden de desalojo de las tierras, la cual podría promoverse en corto plazo.
Argumentaron que para ellos no corresponde reconocer la titularidad de las tierras a Edgardo Álvarez Prado, ya que esta persona "no es el titular dominial", sino que su título surgiría de una prescripción adquisitiva surgida oportunamente de un plano aprobado por la Dirección de Inmuebles años atrás. Indicaron que la superficie en litigio es de aproximadamente 280 hectáreas, equivalentes a un alto valor inmobiliario.
Tras escuchar los planteos los diputados se comprometieron a estudiar los antecedentes obrantes en el expediente y a actuar dentro de sus facultades, siempre en defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas consagrados constitucionalmente.
Los integrantes de la comunidad, junto a su representante legal relataron que la "lucha" para evitar el desalojo de las 8 familias integrantes de la comunidad Pukara viene de hace años, ya que en 2014 resistieron dos desalojos, pero que nunca les fue aceptada judicialmente la participación activa en el expediente.
Explicaron que la comunidad se presentó en innumerables oportunidades a los efectos de aportar elementos de prueba y solicitar la aplicación de la Ley nacional 26.160 para impedir el desalojo y ser reconocida como parte del conflicto, sin obtener nunca una resolución favorable a sus planteos.
Anunciaron que la Justicia rechazó el último recurso presentado por la comunidad, quedando firme la orden de desalojo de las tierras, la cual podría promoverse en corto plazo.
Argumentaron que para ellos no corresponde reconocer la titularidad de las tierras a Edgardo Álvarez Prado, ya que esta persona "no es el titular dominial", sino que su título surgiría de una prescripción adquisitiva surgida oportunamente de un plano aprobado por la Dirección de Inmuebles años atrás. Indicaron que la superficie en litigio es de aproximadamente 280 hectáreas, equivalentes a un alto valor inmobiliario.
Tras escuchar los planteos los diputados se comprometieron a estudiar los antecedentes obrantes en el expediente y a actuar dentro de sus facultades, siempre en defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas consagrados constitucionalmente.
Critican a jueza
Delfina Montoya, presidente de la comunidad aborigen Pukara, denunció que la jueza Marisa Rondón "no está tomando en cuenta las leyes porque la Constitución Nacional nos avala como comunidad integrada por aproximadamente 25 familias, que también tienen su grupo familiar".
Asimismo, indicó que "la jueza no es imparcial y está jugando para el lado del abogado, que es el interesado en quedarse con todo. Él es el apoderado que se va a quedar con las tierras; pero los que supuestamente eran herederos ya no viven más, porque jamás tuvieron posesión, jamás vivieron en el lugar ni tienen títulos, son los Álvarez Prado".
Montoya consideró que "se está faltando el respeto a todos nuestros derechos, ahí vivimos muchas generaciones, somos hijas, nietas y también hay bisnietos del afectado directo, Dionisio Montoya que fue el primero en limpiar y hacer habitable el lugar, y ahora éstas personas dicen ser dueños".
Por otra parte remarcó que la comunidad cuenta con un acta de apoyo de la mesa de trabajo y diálogo político de los pueblos indígenas de la Argentina con el Estado Nacional, y que elevaron su problemática al Inai, al Defensor del Pueblo de la Nación, de la Provincia, y de Derechos Humanos de la Nación.
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Integrantes de la comunidad aborigen Pukara, de Tilcara, se reunieron con diputados provinciales, a fin de informarles sobre la situación que sobrellevan ocho familias quienes intentan ser desalojadas de las tierras que habitan, ya que la titularidad del terreno se dirime judicialmente en el Juzgado Civil y Comercial N° 3, Secretaria N° 5, de la Provincia.
Los integrantes de la comunidad, junto a su representante legal relataron que la "lucha" para evitar el desalojo de las 8 familias integrantes de la comunidad Pukara viene de hace años, ya que en 2014 resistieron dos desalojos, pero que nunca les fue aceptada judicialmente la participación activa en el expediente.
Explicaron que la comunidad se presentó en innumerables oportunidades a los efectos de aportar elementos de prueba y solicitar la aplicación de la Ley nacional 26.160 para impedir el desalojo y ser reconocida como parte del conflicto, sin obtener nunca una resolución favorable a sus planteos.
Anunciaron que la Justicia rechazó el último recurso presentado por la comunidad, quedando firme la orden de desalojo de las tierras, la cual podría promoverse en corto plazo.
Argumentaron que para ellos no corresponde reconocer la titularidad de las tierras a Edgardo Álvarez Prado, ya que esta persona "no es el titular dominial", sino que su título surgiría de una prescripción adquisitiva surgida oportunamente de un plano aprobado por la Dirección de Inmuebles años atrás. Indicaron que la superficie en litigio es de aproximadamente 280 hectáreas, equivalentes a un alto valor inmobiliario.
Tras escuchar los planteos los diputados se comprometieron a estudiar los antecedentes obrantes en el expediente y a actuar dentro de sus facultades, siempre en defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas consagrados constitucionalmente.
Los integrantes de la comunidad, junto a su representante legal relataron que la "lucha" para evitar el desalojo de las 8 familias integrantes de la comunidad Pukara viene de hace años, ya que en 2014 resistieron dos desalojos, pero que nunca les fue aceptada judicialmente la participación activa en el expediente.
Explicaron que la comunidad se presentó en innumerables oportunidades a los efectos de aportar elementos de prueba y solicitar la aplicación de la Ley nacional 26.160 para impedir el desalojo y ser reconocida como parte del conflicto, sin obtener nunca una resolución favorable a sus planteos.
Anunciaron que la Justicia rechazó el último recurso presentado por la comunidad, quedando firme la orden de desalojo de las tierras, la cual podría promoverse en corto plazo.
Argumentaron que para ellos no corresponde reconocer la titularidad de las tierras a Edgardo Álvarez Prado, ya que esta persona "no es el titular dominial", sino que su título surgiría de una prescripción adquisitiva surgida oportunamente de un plano aprobado por la Dirección de Inmuebles años atrás. Indicaron que la superficie en litigio es de aproximadamente 280 hectáreas, equivalentes a un alto valor inmobiliario.
Tras escuchar los planteos los diputados se comprometieron a estudiar los antecedentes obrantes en el expediente y a actuar dentro de sus facultades, siempre en defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas consagrados constitucionalmente.
Critican a jueza
Delfina Montoya, presidente de la comunidad aborigen Pukara, denunció que la jueza Marisa Rondón "no está tomando en cuenta las leyes porque la Constitución Nacional nos avala como comunidad integrada por aproximadamente 25 familias, que también tienen su grupo familiar".
Asimismo, indicó que "la jueza no es imparcial y está jugando para el lado del abogado, que es el interesado en quedarse con todo. Él es el apoderado que se va a quedar con las tierras; pero los que supuestamente eran herederos ya no viven más, porque jamás tuvieron posesión, jamás vivieron en el lugar ni tienen títulos, son los Álvarez Prado".
Montoya consideró que "se está faltando el respeto a todos nuestros derechos, ahí vivimos muchas generaciones, somos hijas, nietas y también hay bisnietos del afectado directo, Dionisio Montoya que fue el primero en limpiar y hacer habitable el lugar, y ahora éstas personas dicen ser dueños".
Por otra parte remarcó que la comunidad cuenta con un acta de apoyo de la mesa de trabajo y diálogo político de los pueblos indígenas de la Argentina con el Estado Nacional, y que elevaron su problemática al Inai, al Defensor del Pueblo de la Nación, de la Provincia, y de Derechos Humanos de la Nación.