En la última sesión de la Legislatura, tomó estado parlamentario el proyecto de Ley "De Modificación de la Ley N° 5153 de Ética Pública", el cual pretende incorporar al universo de sujetos obligados por el régimen provincial de declaraciones juradas a los representantes de asociaciones sindicales que perciban aportes de empleados públicos provinciales y municipales, así como a quienes administran esos fondos.

La iniciativa, enviada por el Ejecutivo provincial pero elaborada por la Oficina Anticorrupción, tiene como fin brindar mayor transparencia y control sobre aquellos sujetos que por sus roles sociales y gremiales, no solo ejercen influencia en las decisiones políticas sino que también tienen "constante interacción con los intereses del pueblo".

"El proyecto pretende contribuir a la lucha contra la corrupción, incorporando como sujetos obligados a otros actores que por su trascendencia institucional y su constante interacción con los intereses del pueblo, requieren también estar sujetos al más amplio y desinhibido escrutinio público", expresó el fiscal Anticorrupción de Jujuy, Joaquín Millón Quintana, quien recordó que la iniciativa se enmarca en el pilar fundamental de la actual gestión de Gobierno: "la transparencia".

Millón Quintana señaló que las razones para incorporar a los sindicalistas en el Sistema de Declaraciones Juradas, surge ante la incidencia de los referentes gremiales en las decisiones públicas. "Los sindicatos en Jujuy tienen una alta influencia. Del fruto de las relaciones que tienen con el Estado, surgen decisiones que afectan el patrimonio estatal de una manera muy sensible. Sabemos que en la Provincia una parte muy importante de la población depende del estado y por tanto, sus decisiones son relevantes", refirió el funcionario provincial.

Pasó a Legislación general

Vale notar que este proyecto se encuentra en la estela de las directrices seguidas por la Unidad de Información Financiera, al incorporar como "Personas Politicamente Expuestas" a las autoridades y representantes legales deorganizaciones sindicales, requiriendo su identificación por los sujetos obligados al plexo de normativas del combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

En este sentido, este proyecto se encuentra también en línea a las recomendaciones de la Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), en cuanto estas "Personas Políticamente Expuestas" resultan ser todos aquellos sujetos que por sus roles sociales, en tanto acceden a determinados puestos de relevancia pública -incluso desde una actividad privada y no directamente estatal-, deben poner determinada información relacionada con su patrimonio a disposición del Estado o de los organismos que la legislación disponga.

Resaltó que el Sistema de Declaraciones Juradas es una herramienta que permite a los ciudadanos disponer de datos pormenorizados sobre la evolución patrimonial de los funcionarios a través de Internet y de un sitio de ágil acceso a información simplificada.

La Oficina Anticorrupción, en su carácter de órgano independiente, tiene bajo su responsabilidad la recepción, control y difusión de las declaraciones juradas, respondiendo a las disposiciones contenidas en la Ley de Ética Pública, oportunamente reglamentada para dotar de transparencia a la gestión y prevenir la corrupción.

Finalmente, el fiscal Millón Quintana indicó que la Ley de Ética Publica establece la posibilidad de que los gremialistas se adhieran y que en el caso de este proyecto, dejaría de ser optativo y pasaría a ser obligatorias cumplir con este trámite.

"Pero hasta el momento ningún sindicalista hizo uso de la opción de adherir", finalizó diciendo.

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