El juez federal Claudio Bonadio envió en la jornada de ayer a juicio oral y público al exministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once, en la que 51 personas murieron en febrero de 2012.
Bonadio también envió a juicio a Jorge Gustavo Simeonoff, exjefe de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), ambos acusados por los delitos de "estrago culposo" y "administración fraudulenta" por los subsidios que concedió el Estado a la concesionaria TBA, entonces a cargo del servicio del tren Sarmiento.
El juez así lo decidió al decretar la clausura de la investigación y rechazar los pedidos de sobreseimiento de los dos exfuncionarios: el pedido de juicio oral y público contra De Vido y Simeonoff lo había formalizado semanas atrás el fiscal del caso, Ramiro González.
Bonadio también envió a juicio a Jorge Gustavo Simeonoff, exjefe de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), ambos acusados por los delitos de "estrago culposo" y "administración fraudulenta" por los subsidios que concedió el Estado a la concesionaria TBA, entonces a cargo del servicio del tren Sarmiento.
El juez así lo decidió al decretar la clausura de la investigación y rechazar los pedidos de sobreseimiento de los dos exfuncionarios: el pedido de juicio oral y público contra De Vido y Simeonoff lo había formalizado semanas atrás el fiscal del caso, Ramiro González.
Según indicó el juez, a De Vido se lo acusa porque "no habría controlado las condiciones de funcionamiento en cuanto a la utilización del material rodante, de la infraestuctura, del personal transferido, y la aplicación de fondos públicos que el Estado puso a disposición de TBA".
La "inacción del nombrado posibilitaron las circunstancias" del accidente que le costó la vida a 51 personas y varios cientos de heridos.
"En esas condiciones, en la empresa concesionaria se omitieron realizar las tareas de mantenimiento y sistemáticamente no se ejecutaron los planes que se encontraban obligados a cumplir, circunstancia que ocasionó un perjuicio económico al erario público, como consecuencia del grave deterioro de los bienes concesionados", añadió.
En un primer debate oral y público fueron ya condenados a seis y ocho años de prisión los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, respectivamente, entre muchos otros funcionarios y empresarios.
Ahora será el turno del exministro de Planificación Federal del gobierno de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.
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El juez federal Claudio Bonadio envió en la jornada de ayer a juicio oral y público al exministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia ferroviaria de Once, en la que 51 personas murieron en febrero de 2012.
Bonadio también envió a juicio a Jorge Gustavo Simeonoff, exjefe de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), ambos acusados por los delitos de "estrago culposo" y "administración fraudulenta" por los subsidios que concedió el Estado a la concesionaria TBA, entonces a cargo del servicio del tren Sarmiento.
El juez así lo decidió al decretar la clausura de la investigación y rechazar los pedidos de sobreseimiento de los dos exfuncionarios: el pedido de juicio oral y público contra De Vido y Simeonoff lo había formalizado semanas atrás el fiscal del caso, Ramiro González.
Bonadio también envió a juicio a Jorge Gustavo Simeonoff, exjefe de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), ambos acusados por los delitos de "estrago culposo" y "administración fraudulenta" por los subsidios que concedió el Estado a la concesionaria TBA, entonces a cargo del servicio del tren Sarmiento.
El juez así lo decidió al decretar la clausura de la investigación y rechazar los pedidos de sobreseimiento de los dos exfuncionarios: el pedido de juicio oral y público contra De Vido y Simeonoff lo había formalizado semanas atrás el fiscal del caso, Ramiro González.
Según indicó el juez, a De Vido se lo acusa porque "no habría controlado las condiciones de funcionamiento en cuanto a la utilización del material rodante, de la infraestuctura, del personal transferido, y la aplicación de fondos públicos que el Estado puso a disposición de TBA".
La "inacción del nombrado posibilitaron las circunstancias" del accidente que le costó la vida a 51 personas y varios cientos de heridos.
"En esas condiciones, en la empresa concesionaria se omitieron realizar las tareas de mantenimiento y sistemáticamente no se ejecutaron los planes que se encontraban obligados a cumplir, circunstancia que ocasionó un perjuicio económico al erario público, como consecuencia del grave deterioro de los bienes concesionados", añadió.
En un primer debate oral y público fueron ya condenados a seis y ocho años de prisión los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, respectivamente, entre muchos otros funcionarios y empresarios.
Ahora será el turno del exministro de Planificación Federal del gobierno de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.