Con personería jurídica, matrícula del Instituto Nacional Asociativismo y Economía Social (Ines) y cuenta bancaria, las cooperativas han sido jerarquizadas. Para evitar cualquier tipo de discriminación, el Gobierno de Jujuy en funciones desde diciembre de 2015 ha implementado diferentes medidas y acciones, cuyo objetivo principal es transparentar el sistema cooperativo.
Después de un año, donde prevaleció el diálogo y la búsqueda de soluciones armónicas a los problemas, muchas cooperativas integrantes de la Red de Organizaciones Sociales, entre las que se encontraba la "Tupac Amaru" y otros cientos de nucleamientos, han regularizado su situación. Aún resistiendo a algunas interferencias, ingresaron a programas de obras o servicios que llevan delante los distintos ministerios.
En el marco de la legislación vigente se estableció un Plan de Ordenamiento y Regularización de Cooperativas y de Beneficiarios. Así la aplicación de los Decretos 403 y 804, dio como resultado la inscripción de casi un millar de entidades.
También se creó la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales (Uceppi), donde se regularizaron y registraron las cooperativas que funcionan en la Provincia, las que también contaron con asesoramiento gratuito, eximición de impuestos y subsidios para llevar adelante los trámites y las actividades.
Cómo rédito por su trabajo en mejoramientos habitacionales y construcción de viviendas, más de 200 cooperativas han recibido regularmente transferencias de fondos durante todo el año del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (Ivuj) o del programa "Hábitat". De esta manera, se estableció una considerable fuente de trabajo con marco legal para desocupados.
Lo mismo ha sucedido con los sistemas sanitario y educativo de gestión de las organizaciones sociales, los que prestan servicios abiertos a la comunidad en distintas localidades de la Provincia. Sin discriminar entre afiliados y no afiliados, las entidades han recibido fondos tanto del Ministerio de Salud como el de Educación, quienes llevaron adelante un registro y control sumamente estricto de cada procedimiento.
De esta manera, todas las transferencias de dinero han alcanzado el nivel de transparencia que se debe en un Estado de Derecho.
Jujuy es una provincia con un alto nivel de empleo público: 85 mil jujeños son empleados estatales y casi cien mil reciben un plan social (nacional o provincial), por lo que la transparencia y el control son -desde diciembre de 2015- prioritarios en la acción de gobierno.
Después de años de precarización del trabajo así como la utilización de los beneficiarios de planes como meros instrumentos de presión, sin garantías de sus derechos ciudadanos, el Gobierno liderado por Gerardo Morales puso en marcha un sistema de transparencia y control de los fondos públicos que ha redundado en un año de trabajo en unión y paz.

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Sección Editorial

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