El juez federal Ariel Lijo pidió al Ministerio de Modernización documentación sobre la presunta compra a Corea de máquinas electrónicas de votación, una de las reformas promovidas por el Gobierno que no obtuvo este año aprobación del Congreso, informaron ayer fuentes judiciales.
En un oficio librado el viernes pero conocido ayer el magistrado ordenó a la cartera que le remita "las constancias documentales relativas a la firma del Memorándum de Entendimiento presuntamente suscrito el 30 de junio de del corriente año (2016) con la República de Corea".
El juez Lijo también pidió una nómina de la comitiva de funcionarios que viajó a ese país asiático a mediados del año pasado para firmar un protocolo que incluiría la provisión de máquinas para el sufragio electrónico, antes de que el propio Gobierno desistiera de impulsar el proyecto parlamentario.
Lijo ordenó las medidas de pruebas pedidas por el fiscal Guillermo Marijuán, quien días atrás accedió a abrir una investigación judicial del caso luego de una denuncia de la abogada Valeria Laura Carreras.
La abogada denunciante pidió que se investigue si el ministro del área, Andrés Ibarra, pudo haber cometido los delitos de "malversación de caudales públicos", "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público" al ordenar la adquisición antes del envío al Congreso del proyecto para implementar el nuevo sistema.
Un portavoz del Ministerio de Modernización dijo que toda la documentación solicitada ya fue oportunamente presentada ante la Justicia, indicando además que la cartera celebra la nueva solicitud judicial de modo de poder demostrar en forma fehaciente que las imputaciones de la denunciante son falsas.
Dado que carece de la mayoría parlamentaria, el Gobierno buscó consensuar el proyecto con los gobernadores peronistas pero tras un primer acuerdo resolvió retirar el proyecto del ámbito legislativo.
Lijo también pidió a la Oficina Anticorrupción que le remita "el pliego licitatorio del software de voto electrónico enviado por el Ministerio de Modernización para su revisión".
En un oficio librado el viernes pero conocido ayer el magistrado ordenó a la cartera que le remita "las constancias documentales relativas a la firma del Memorándum de Entendimiento presuntamente suscrito el 30 de junio de del corriente año (2016) con la República de Corea".
El juez Lijo también pidió una nómina de la comitiva de funcionarios que viajó a ese país asiático a mediados del año pasado para firmar un protocolo que incluiría la provisión de máquinas para el sufragio electrónico, antes de que el propio Gobierno desistiera de impulsar el proyecto parlamentario.
Lijo ordenó las medidas de pruebas pedidas por el fiscal Guillermo Marijuán, quien días atrás accedió a abrir una investigación judicial del caso luego de una denuncia de la abogada Valeria Laura Carreras.
La abogada denunciante pidió que se investigue si el ministro del área, Andrés Ibarra, pudo haber cometido los delitos de "malversación de caudales públicos", "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público" al ordenar la adquisición antes del envío al Congreso del proyecto para implementar el nuevo sistema.
Un portavoz del Ministerio de Modernización dijo que toda la documentación solicitada ya fue oportunamente presentada ante la Justicia, indicando además que la cartera celebra la nueva solicitud judicial de modo de poder demostrar en forma fehaciente que las imputaciones de la denunciante son falsas.
Dado que carece de la mayoría parlamentaria, el Gobierno buscó consensuar el proyecto con los gobernadores peronistas pero tras un primer acuerdo resolvió retirar el proyecto del ámbito legislativo.
Lijo también pidió a la Oficina Anticorrupción que le remita "el pliego licitatorio del software de voto electrónico enviado por el Ministerio de Modernización para su revisión".
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El juez federal Ariel Lijo pidió al Ministerio de Modernización documentación sobre la presunta compra a Corea de máquinas electrónicas de votación, una de las reformas promovidas por el Gobierno que no obtuvo este año aprobación del Congreso, informaron ayer fuentes judiciales.
En un oficio librado el viernes pero conocido ayer el magistrado ordenó a la cartera que le remita "las constancias documentales relativas a la firma del Memorándum de Entendimiento presuntamente suscrito el 30 de junio de del corriente año (2016) con la República de Corea".
El juez Lijo también pidió una nómina de la comitiva de funcionarios que viajó a ese país asiático a mediados del año pasado para firmar un protocolo que incluiría la provisión de máquinas para el sufragio electrónico, antes de que el propio Gobierno desistiera de impulsar el proyecto parlamentario.
Lijo ordenó las medidas de pruebas pedidas por el fiscal Guillermo Marijuán, quien días atrás accedió a abrir una investigación judicial del caso luego de una denuncia de la abogada Valeria Laura Carreras.
La abogada denunciante pidió que se investigue si el ministro del área, Andrés Ibarra, pudo haber cometido los delitos de "malversación de caudales públicos", "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público" al ordenar la adquisición antes del envío al Congreso del proyecto para implementar el nuevo sistema.
Un portavoz del Ministerio de Modernización dijo que toda la documentación solicitada ya fue oportunamente presentada ante la Justicia, indicando además que la cartera celebra la nueva solicitud judicial de modo de poder demostrar en forma fehaciente que las imputaciones de la denunciante son falsas.
Dado que carece de la mayoría parlamentaria, el Gobierno buscó consensuar el proyecto con los gobernadores peronistas pero tras un primer acuerdo resolvió retirar el proyecto del ámbito legislativo.
Lijo también pidió a la Oficina Anticorrupción que le remita "el pliego licitatorio del software de voto electrónico enviado por el Ministerio de Modernización para su revisión".
En un oficio librado el viernes pero conocido ayer el magistrado ordenó a la cartera que le remita "las constancias documentales relativas a la firma del Memorándum de Entendimiento presuntamente suscrito el 30 de junio de del corriente año (2016) con la República de Corea".
El juez Lijo también pidió una nómina de la comitiva de funcionarios que viajó a ese país asiático a mediados del año pasado para firmar un protocolo que incluiría la provisión de máquinas para el sufragio electrónico, antes de que el propio Gobierno desistiera de impulsar el proyecto parlamentario.
Lijo ordenó las medidas de pruebas pedidas por el fiscal Guillermo Marijuán, quien días atrás accedió a abrir una investigación judicial del caso luego de una denuncia de la abogada Valeria Laura Carreras.
La abogada denunciante pidió que se investigue si el ministro del área, Andrés Ibarra, pudo haber cometido los delitos de "malversación de caudales públicos", "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario público" al ordenar la adquisición antes del envío al Congreso del proyecto para implementar el nuevo sistema.
Un portavoz del Ministerio de Modernización dijo que toda la documentación solicitada ya fue oportunamente presentada ante la Justicia, indicando además que la cartera celebra la nueva solicitud judicial de modo de poder demostrar en forma fehaciente que las imputaciones de la denunciante son falsas.
Dado que carece de la mayoría parlamentaria, el Gobierno buscó consensuar el proyecto con los gobernadores peronistas pero tras un primer acuerdo resolvió retirar el proyecto del ámbito legislativo.
Lijo también pidió a la Oficina Anticorrupción que le remita "el pliego licitatorio del software de voto electrónico enviado por el Ministerio de Modernización para su revisión".