El próximo 14 de febrero, el Gobierno lanzará la primera reunión formal con las provincias para discutir una nueva ley de coparticipación, en la que espera armar el equipo técnico que deberá definir el nuevo índice de reparto, el cual el oficialismo espera modificar en favor de la provincia de Buenos Aires alrededor de 60%.
El ministro Rogelio Frigerio encabezará el martes 14 de febrero el encuentro que inaugura el debate, que tendrá lugar en Buenos Aires junto con los ministros de Economía y Hacienda de las 24 provincias, en una continuación de una discusión que había arrancado a mediados del año pasado.
Según anticiparon fuentes del Ministerio de Interior, "no hay manera de que Buenos Aires quede en peores condiciones" luego de la discusión, que se prevé larga y compleja, con miras a concluir después de las elecciones de octubre, "como mínimo".
"Igual, nadie va a perder recursos en términos nominales, salvo la Nación. Pero con un nuevo índice de coparticipación, Buenos Aires no puede perder y deberá pasar como mínimo a los 30 puntos", explican fuentes del equipo técnico de Interior.
Actualmente, la provincia de Buenos Aires -distrito que concentra el 39% de la población argentina- recibe 19 puntos del total de la masa coparticipable (nutrida por la recaudación de Ganancias e IVA), y llevarlo a 30 implicaría un aumento del 58 por ciento.
El aumento en los fondos de Buenos Aires está justificado, en la visión oficial, no sólo en los puntos de coparticipación perdidos por el primer estado argentino a fines de los "80 sino por el congelamiento que sufre del Fondo del Conurbano, decidido por el expresidente Carlos Menem en el año 1997 (y que la convierte en la provincia que menos recibe de las 24).
"La idea es juntar todo en una misma bolsa de recursos nacionales y ver qué gasta cada uno", explican desde Interior, en alusión a todas las erogaciones de Nación a Provincia: lo recaudado por Ganancias, IVA, la porción coparticipable de las retenciones a la soja, subsidios, Fondo del Conurbano y hasta el Fondo del Incentivo Docente.
Sobre ese fondo común se espera analizar "cuánto gasta cada provincia y sus necesidades" y analizar los casos puntuales y por regiones. Por ejemplo, algunas provincias del NOA y NEA suelen recordar en estas discusiones que las patagónicas reciben regalías directas por el petróleo y gas que no se coparticipan.
Sin lugar a dudas, el escollo principal que advierte el oficialismo es lograr una compensación a la provincia de Buenos Aires (gobernada hasta 2019 por Cambiemos) sin que eso resulte de una pérdida de recursos para las otras provincias y romper así un consenso necesario -cabe recordar que la ley de coparticipación debe no sólo ser aprobada por el Congreso Nacional sino por todas las Legislaturas provinciales.
En caso de que el consenso no se logre, en Interior creen que eso no desactivaría el nuevo esquema: "Las provincias que quieran, quedarán al margen y seguirán recibiendo fondos con el modelo anterior".
Por otra parte, desde el gobierno bonaerense preparan los motores para defender su resarcimiento: el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, tiene a disposición los números frescos que encargó a su equipo, en los que se cristaliza la "discriminación" a los bonaerenses, que reciben per cápita de parte del Estado nacional 7.500 pesos, mientras que el resto de los argentinos recibe 20 mil.
El ministro Rogelio Frigerio encabezará el martes 14 de febrero el encuentro que inaugura el debate, que tendrá lugar en Buenos Aires junto con los ministros de Economía y Hacienda de las 24 provincias, en una continuación de una discusión que había arrancado a mediados del año pasado.
Según anticiparon fuentes del Ministerio de Interior, "no hay manera de que Buenos Aires quede en peores condiciones" luego de la discusión, que se prevé larga y compleja, con miras a concluir después de las elecciones de octubre, "como mínimo".
"Igual, nadie va a perder recursos en términos nominales, salvo la Nación. Pero con un nuevo índice de coparticipación, Buenos Aires no puede perder y deberá pasar como mínimo a los 30 puntos", explican fuentes del equipo técnico de Interior.
Actualmente, la provincia de Buenos Aires -distrito que concentra el 39% de la población argentina- recibe 19 puntos del total de la masa coparticipable (nutrida por la recaudación de Ganancias e IVA), y llevarlo a 30 implicaría un aumento del 58 por ciento.
El aumento en los fondos de Buenos Aires está justificado, en la visión oficial, no sólo en los puntos de coparticipación perdidos por el primer estado argentino a fines de los "80 sino por el congelamiento que sufre del Fondo del Conurbano, decidido por el expresidente Carlos Menem en el año 1997 (y que la convierte en la provincia que menos recibe de las 24).
"La idea es juntar todo en una misma bolsa de recursos nacionales y ver qué gasta cada uno", explican desde Interior, en alusión a todas las erogaciones de Nación a Provincia: lo recaudado por Ganancias, IVA, la porción coparticipable de las retenciones a la soja, subsidios, Fondo del Conurbano y hasta el Fondo del Incentivo Docente.
Sobre ese fondo común se espera analizar "cuánto gasta cada provincia y sus necesidades" y analizar los casos puntuales y por regiones. Por ejemplo, algunas provincias del NOA y NEA suelen recordar en estas discusiones que las patagónicas reciben regalías directas por el petróleo y gas que no se coparticipan.
Sin lugar a dudas, el escollo principal que advierte el oficialismo es lograr una compensación a la provincia de Buenos Aires (gobernada hasta 2019 por Cambiemos) sin que eso resulte de una pérdida de recursos para las otras provincias y romper así un consenso necesario -cabe recordar que la ley de coparticipación debe no sólo ser aprobada por el Congreso Nacional sino por todas las Legislaturas provinciales.
En caso de que el consenso no se logre, en Interior creen que eso no desactivaría el nuevo esquema: "Las provincias que quieran, quedarán al margen y seguirán recibiendo fondos con el modelo anterior".
Por otra parte, desde el gobierno bonaerense preparan los motores para defender su resarcimiento: el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, tiene a disposición los números frescos que encargó a su equipo, en los que se cristaliza la "discriminación" a los bonaerenses, que reciben per cápita de parte del Estado nacional 7.500 pesos, mientras que el resto de los argentinos recibe 20 mil.
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El próximo 14 de febrero, el Gobierno lanzará la primera reunión formal con las provincias para discutir una nueva ley de coparticipación, en la que espera armar el equipo técnico que deberá definir el nuevo índice de reparto, el cual el oficialismo espera modificar en favor de la provincia de Buenos Aires alrededor de 60%.
El ministro Rogelio Frigerio encabezará el martes 14 de febrero el encuentro que inaugura el debate, que tendrá lugar en Buenos Aires junto con los ministros de Economía y Hacienda de las 24 provincias, en una continuación de una discusión que había arrancado a mediados del año pasado.
Según anticiparon fuentes del Ministerio de Interior, "no hay manera de que Buenos Aires quede en peores condiciones" luego de la discusión, que se prevé larga y compleja, con miras a concluir después de las elecciones de octubre, "como mínimo".
"Igual, nadie va a perder recursos en términos nominales, salvo la Nación. Pero con un nuevo índice de coparticipación, Buenos Aires no puede perder y deberá pasar como mínimo a los 30 puntos", explican fuentes del equipo técnico de Interior.
Actualmente, la provincia de Buenos Aires -distrito que concentra el 39% de la población argentina- recibe 19 puntos del total de la masa coparticipable (nutrida por la recaudación de Ganancias e IVA), y llevarlo a 30 implicaría un aumento del 58 por ciento.
El aumento en los fondos de Buenos Aires está justificado, en la visión oficial, no sólo en los puntos de coparticipación perdidos por el primer estado argentino a fines de los "80 sino por el congelamiento que sufre del Fondo del Conurbano, decidido por el expresidente Carlos Menem en el año 1997 (y que la convierte en la provincia que menos recibe de las 24).
"La idea es juntar todo en una misma bolsa de recursos nacionales y ver qué gasta cada uno", explican desde Interior, en alusión a todas las erogaciones de Nación a Provincia: lo recaudado por Ganancias, IVA, la porción coparticipable de las retenciones a la soja, subsidios, Fondo del Conurbano y hasta el Fondo del Incentivo Docente.
Sobre ese fondo común se espera analizar "cuánto gasta cada provincia y sus necesidades" y analizar los casos puntuales y por regiones. Por ejemplo, algunas provincias del NOA y NEA suelen recordar en estas discusiones que las patagónicas reciben regalías directas por el petróleo y gas que no se coparticipan.
Sin lugar a dudas, el escollo principal que advierte el oficialismo es lograr una compensación a la provincia de Buenos Aires (gobernada hasta 2019 por Cambiemos) sin que eso resulte de una pérdida de recursos para las otras provincias y romper así un consenso necesario -cabe recordar que la ley de coparticipación debe no sólo ser aprobada por el Congreso Nacional sino por todas las Legislaturas provinciales.
En caso de que el consenso no se logre, en Interior creen que eso no desactivaría el nuevo esquema: "Las provincias que quieran, quedarán al margen y seguirán recibiendo fondos con el modelo anterior".
Por otra parte, desde el gobierno bonaerense preparan los motores para defender su resarcimiento: el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, tiene a disposición los números frescos que encargó a su equipo, en los que se cristaliza la "discriminación" a los bonaerenses, que reciben per cápita de parte del Estado nacional 7.500 pesos, mientras que el resto de los argentinos recibe 20 mil.
El ministro Rogelio Frigerio encabezará el martes 14 de febrero el encuentro que inaugura el debate, que tendrá lugar en Buenos Aires junto con los ministros de Economía y Hacienda de las 24 provincias, en una continuación de una discusión que había arrancado a mediados del año pasado.
Según anticiparon fuentes del Ministerio de Interior, "no hay manera de que Buenos Aires quede en peores condiciones" luego de la discusión, que se prevé larga y compleja, con miras a concluir después de las elecciones de octubre, "como mínimo".
"Igual, nadie va a perder recursos en términos nominales, salvo la Nación. Pero con un nuevo índice de coparticipación, Buenos Aires no puede perder y deberá pasar como mínimo a los 30 puntos", explican fuentes del equipo técnico de Interior.
Actualmente, la provincia de Buenos Aires -distrito que concentra el 39% de la población argentina- recibe 19 puntos del total de la masa coparticipable (nutrida por la recaudación de Ganancias e IVA), y llevarlo a 30 implicaría un aumento del 58 por ciento.
El aumento en los fondos de Buenos Aires está justificado, en la visión oficial, no sólo en los puntos de coparticipación perdidos por el primer estado argentino a fines de los "80 sino por el congelamiento que sufre del Fondo del Conurbano, decidido por el expresidente Carlos Menem en el año 1997 (y que la convierte en la provincia que menos recibe de las 24).
"La idea es juntar todo en una misma bolsa de recursos nacionales y ver qué gasta cada uno", explican desde Interior, en alusión a todas las erogaciones de Nación a Provincia: lo recaudado por Ganancias, IVA, la porción coparticipable de las retenciones a la soja, subsidios, Fondo del Conurbano y hasta el Fondo del Incentivo Docente.
Sobre ese fondo común se espera analizar "cuánto gasta cada provincia y sus necesidades" y analizar los casos puntuales y por regiones. Por ejemplo, algunas provincias del NOA y NEA suelen recordar en estas discusiones que las patagónicas reciben regalías directas por el petróleo y gas que no se coparticipan.
Sin lugar a dudas, el escollo principal que advierte el oficialismo es lograr una compensación a la provincia de Buenos Aires (gobernada hasta 2019 por Cambiemos) sin que eso resulte de una pérdida de recursos para las otras provincias y romper así un consenso necesario -cabe recordar que la ley de coparticipación debe no sólo ser aprobada por el Congreso Nacional sino por todas las Legislaturas provinciales.
En caso de que el consenso no se logre, en Interior creen que eso no desactivaría el nuevo esquema: "Las provincias que quieran, quedarán al margen y seguirán recibiendo fondos con el modelo anterior".
Por otra parte, desde el gobierno bonaerense preparan los motores para defender su resarcimiento: el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, tiene a disposición los números frescos que encargó a su equipo, en los que se cristaliza la "discriminación" a los bonaerenses, que reciben per cápita de parte del Estado nacional 7.500 pesos, mientras que el resto de los argentinos recibe 20 mil.