Las diputadas nacionales por la Coalición Cívica ARI Elisa Carrió y Leonor Martínez Villada pedirán hoy en la Justicia que se cite a indagatoria a la expresidente Cristina Kirchner y al exministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo por ser "los responsables de controlar el normal funcionamiento del único puerto -el de Buenos Aires- que es propiedad del Estado Nacional", cuando estaban en el gobierno, entre 2011 y 2015, por maniobras de extorsión.
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Las diputadas nacionales por la Coalición Cívica ARI Elisa Carrió y Leonor Martínez Villada pedirán hoy en la Justicia que se cite a indagatoria a la expresidente Cristina Kirchner y al exministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo por ser "los responsables de controlar el normal funcionamiento del único puerto -el de Buenos Aires- que es propiedad del Estado Nacional", cuando estaban en el gobierno, entre 2011 y 2015, por maniobras de extorsión.
Carrió y Martínez Villada presentarán hoy en los tribunales federales de Comodoro Py una denuncia penal para que se investigue la presunta falta de control por parte del Estado Nacional en una trama delictiva ocurrida entre 2011 y 2015, en el Puerto de Buenos Aires, según se informó desde ese espacio político.
De acuerdo a lo adelantado en un comunicado divulgado ayer, las legisladoras solicitarán a la Justicia que se investigue el aprovechamiento de servicios y facilidades de titularidad, así como el uso público del comercio marítimo para el enriquecimiento indebido de particulares y funcionarios, mediante la intimidación, la violencia y el abuso de poder.
En la presentación, las diputadas también pedirán que la medida alcance a los directivos y socios de las empresas que llevaron a cabo las maniobras, entre ellos Daniel González, accionista mayoritario de APC SA.
La denuncia requiere que se investigue el cobro bajo extorsión de un seguro para obtener un certificado denominado TAP (Transporte Argentino Protegido) que condicionaba el ingreso y egreso de contenedores sin ningún aval legal que lo estipule.
Este certificado consistía en una póliza de seguro por daños parciales y/o totales ante posibles lesiones al contenedor, según se explicó.
"Pedimos a la Justicia que cite a indagatoria a la expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y al exministro del Interior y Transporte, Aníbal Florencio Randazzo, ya que ellos eran los responsables de controlar el normal funcionamiento del único puerto que es propiedad del Estado Nacional", dice la presentación que mañana llegará a la Justicia.
Según sostuvo Gregorio Hernández Maqueda, abogado de las diputadas, "sin la complicidad de estos funcionarios hubiese sido imposible para las terminales exigir el pago de los 85 dólares por contenedor en beneficio de una empresa privada como es APC SA.".
El cobro del TAP se comenzó a exigir coercitivamente en 2011, como parte de un convenio entre las firmas Ivetra SA (Instituto Verificador del Transporte SA), APC SA (Administrative Processing Center SA), Bureau Veritas, la Cámara de Terminales concesionarias del Puerto de Buenos Aires, y la Cámara de Importadores de la República Argentina, pero sin el aval expreso del Estado Nacional, que, a través del Ministerio del Interior y Transporte que encabezaba Florencio Randazzo, controlaba la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGP SE).