La familia de Santiago Maldonado dijo ayer que el caso debe ser investigado con la hipótesis de "desaparición forzada seguida de muerte", porque el joven artesano no desapareció "cuando caminaba al lado del río, sino en el contexto de la represión de Gendarmería" a mapuches del Pu Lof en Resistencia Cushamen en Chubut, el 1 de agosto último.
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La familia de Santiago Maldonado dijo ayer que el caso debe ser investigado con la hipótesis de "desaparición forzada seguida de muerte", porque el joven artesano no desapareció "cuando caminaba al lado del río, sino en el contexto de la represión de Gendarmería" a mapuches del Pu Lof en Resistencia Cushamen en Chubut, el 1 de agosto último.
Antes de ser hallado en un tramo del río Chubut, el pasado 17 de octubre, "el cuerpo no estaba ahí", un lugar "varias veces rastrillado", sostuvo Verónica Heredia, la abogada de la familia, que brindó ayer una conferencia de prensa junto a Sergio Maldonado -hermano de Santiago- y su esposa Andrea Antico, en la sede de Amnistía Internacional Argentina (AI), en la ciudad de Buenos Aires.
"Por eso es que insistimos en que un grupo de expertos independientes" sume su aporte a la investigación, encabezada por el juez federal Gustavo Lleral, para garantizar "imparcialidad", porque "lo que está en peligro es la investigación, conocer la verdad", subrayó la letrada.
Además, Sergio denunció una campaña en redes sociales de hostigamiento hacia ellos, que se sumó a la hostilidad de "algunos periodistas y medios periodísticos" y a repetidos "seguimientos que nos hizo Gendarmería en El Bolsón, Esquel y Bariloche, de los que escuché los audios, no me lo contaron".
Por su parte, la directora ejecutiva de AI en la Argentina, Mariela Belski, señaló que esa organización de derechos humanos "acompaña a la familia Maldonado en un caso muy importante", por tratarse de "un delito muy grave" que involucra la actuación de Gendarmería y sobre el que se debe "investigar qué pasó".
Consultado sobre las declaraciones del juez Lleral después de las primeras 12 horas de pericias en la Morgue de Buenos Aires, cuando dijo que el cuerpo de Santiago no presentaba lesiones externas, Sergio se limitó a opinar que "tal vez fueron apresuradas, porque podría haber esperado al informe final".
Ante la pregunta de si el cuerpo de Santiago fue "colocado" en el lugar en el que fue hallado a 78 días de su desaparición, Heredia dijo que el prefecto Leandro Ruata declaró el jueves que a comienzos de agosto en esa zona del río la profundidad era de 30 centímetros, en el rastrillaje del 19 de septiembre era cercana a un metro y el 17 de octubre último, de 1,30 metros.
"No decimos que fue colocado, decimos que no estaba ahí y que todo esto debe ser comprobado. Podemos afirmar lo que dijeron el jueves Ruata y dos buzos, también lo que nosotros vimos y es que ahí no estaba", insistió.
Preguntados sobre la responsabilidad que atribuyen a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y a su jefe de gabinete, Pablo Noceti, Heredia respondió que podrá establecerse "qué responsabilidad les cabe en la medida en que avance la investigación".
La abogada criticó el papel del Ministerio de Seguridad en la investigación, porque "tomaban declaraciones testimoniales a gendarmes y a la vez la Gendarmería y funcionarios de la cartera tenían acceso al expediente" porque el juez Guido Otranto aceptó a esa fuerza como parte.
Recusado y apartado de la causa Otranto, Lleral "los apartó, pero entonces se presentó espontáneamente (el gendarme Emmanuel) Echazú, que quedó como imputado y nombró como defensores a los mismos abogados que antes representaban a la Gendarmería", argumentó.
Finalmente, tanto Sergio como Andrea Antico repudiaron la "campaña de hostigamiento" en su contra en las redes sociales.
“No vamos a arriesgar teorías”
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, subrayó que el Gobierno no va “a arriesgar teorías” sobre el caso de Santiago Maldonado, y consideró que “se ha hecho un aprovechamiento político integral del tema”, tras participar de la audiencia que desarrolló el jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sobre la cuestión en Montevideo.
“Explicamos que no vamos a arriesgar teorías. Simplemente, vamos a seguir siendo coherentes y dejar trabajar libremente a la Justicia”, dijo Avruj en declaraciones a la prensa en Montevideo sobre la postura que el gobierno llevó al encuentro.
En la reunión con la Cidh estuvieron Sergio Maldonado, hermano de Santiago; su esposa, Andrea Antico; la representante legal de la familia, Verónica Heredia, y los abogados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro, patrocinadores de la comunidad mapuche de Cushamen.
El secretario de Derechos Humanos subrayó que en la audiencia habló de “los aportes que se hicieron desde el Ministerio de Justicia y desde la Secretaría de Derechos Humanos”. “Pusimos a disposición del juez el Programa Verdad y Justicia, que auxilia a la Justicia en relación a los testigos, y también pusimos a disposición los recursos del Centro Ulloa, que asiste a las víctimas de violaciones de derechos humanos”, especificó.
Además, destacó que, al hallarse el cuerpo en el río Chubut, el Gobierno puso “a disposición un avión para trasladar al perito de parte, por pedido de la familia, para brindarle a la familia todas las garantías de lo que se iba a hacer en ese procedimiento”.
“Hice luego también la gestión para conseguir el avión que trasladó el cuerpo de Santiago, al juez y a todos los que requirieron estar en la instancia del reconocimiento y de la autopsia”, resaltó Avruj, quien lamentó ante la Cidh que “en algunos casos esa ayuda no haya sido requerida o aceptada por la familia.
Fuimos comprensivos de esa situación”.
Pedido de la comunidad mapuche
Representantes legales de la Pu Lof de Cushamen solicitaron una ampliación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sobre hechos represivos sufridos por la comunidad mapuche y el caso del joven artesano Santiago Maldonado en el marco de la audiencia realizada en Montevideo.
Carlos González Quintana adelantó que en calidad de asesor de la comunidad originaria pedirá que se amplíen las cautelares sobre la represión ocurrida entre el 10 y el 11 de enero en Cushamen y el capítulo referido a Santiago Maldonado que figura en ese expediente abierto por la Cidh.
Además, el letrado reveló que dos integrantes del Pu Lof se entrevistaron tras la audiencia con José Eguiguren Praeli, titular de la Comisión, para conocer la realidad de la comunidad.
Según confió a Télam González Quintana, los representantes del Estado argentino le trasmitieron a la familia Maldonado sus condolencias por la muerte de Santiago. “Esas disculpas no dejaron conformes a la familia. Creemos que el Gobierno no pudo explicar, a lo largo de la reunión qué hizo para dar con Santiago”, explicó