-¿Cómo toman la aprobación de esta ley enviada por el Ejecutivo?
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-¿Cómo toman la aprobación de esta ley enviada por el Ejecutivo?
-Yo lo tomo fundamentalmente como un error conceptual grave, de una aberración jurídica y que constituye a esta ley en una inconstitucionalidad manifiesta de nulidad absoluta. Yo no estoy en contra ni a favor de las declaraciones juradas de los dirigentes sindicales, lo que pasa es que esta Ley de Ética Pública está dirigida para aquellos que cumplen función pública, y este Gobierno en uno de sus articulados y en la modificatoria a esta ley, plantea para insertar a los dirigentes sindicales que cumplen sus actividades en el seno de las acciones gremiales que corresponden a actividades privada que no son públicas, porque no están subsidiadas ni reciben fondos del Estado. Y es esa la conceptualización clara y concreta donde se equivoca esta ley y donde existe una aberración jurídica, y donde se genera la sospecha e intencionalidad política de exponer a los dirigentes sindicales en sus cuestiones patrimoniales, o al menos cuestionar las mismas y a sus comisiones directivas.
-Muchos pueden interpretar que sencillamente los gremialistas se oponen porque no quieren mostrar sus patrimonios. ¿Pasa por ahí o por una intencionalidad política?.
-Pasa fundamentalmente por un error de conceptualidad jurídica y técnica del Gobierno, que esconde una intencionalidad política de generar una supuesta transparencia en donde no es el camino, porque los dirigentes sindicales sostenemos nuestros patrimonios, nuestra función, nuestra autonomía constitutiva, administrativa, económica, sobre las leyes que ya fueron dictadas y sancionadas en el año 1988 como lo es la Ley de las Asociaciones Sindicales. Como son los convenios colectivos de trabajo donde se generan los mecanismo de contralor, de gestión, de manejo administrativo, donde existe congreso extraordinario para la aprobación de los balances, y si hay algún inconveniente la utilización de los mecanismos e inclusive llegar hasta la justicia cuando hay un hecho de supuesta etapa o de investigación como enriquecimiento ilícito, pero deducido exclusivamente de lo que hace el dirigente sindical con los aportes de sus afiliados, no con los aportes de los fondos del Estado que no llegan nunca.
-¿Entonces es un mecanismo que intenta confundir?
- Confundir el derecho de la libertad sindical, donde el trabajador libremente se apropia de sus ingresos y puede elegir en qué gremio estar. Lo que yo le dije al oficialismo fue que encuentre otro mecanismo, no hay problema. En mi caso particular yo lo hice, fui el primer sindicalista que presentó su declaración jurada, por una cuestión ética, porque al asumir como representante del ciudadano y de un partido político como es el justicialismo, estoy obligado a presentar mis ingresos como funcionario público, pero no estaba obligado a presentar mis ingresos como secretario general del gremio. Porque antes de la ley que todavía no ha sido promulgada y espero que el Ejecutivo la vete aunque ellos la mandaron, no estaba obligado. Pero éticamente me pareció lógico que figure en mi declaración jurada el total de mis ingresos y mi patrimonio que puede ser verificado públicamente porque así está establecido por la Oficina Anticorrupción.
-¿Y por lo tanto?
-Y por lo tanto ahí es donde está el quid de la cuestión. Hay un error garrafal de término técnico-jurídico de pretender que el salario del trabajador es un fondo público, cuando es un fondo privado de libre disponibilidad del trabajador a los efectos de lo que constituye su salario y libremente se puede afiliar a cualquier gremio, ya que no es obligatorio. Entonces, sostenemos esta falacia por parte del Estado provincial , que no es un invento de este Gobierno sino que a nivel nacional, una legisladora nacional perteneciente a esta línea política o a este Frente Cambiemos, también lo intentó, pero como no tenían la mayoría allá obviamente no pudo tener efecto positivo.
-El oficialismo cuando se plantea este tema dice que en ningún momento se está persiguiendo con esta norma a los dirigentes políticos y a los gremios. ¿Ustedes entienden que es lo contrario?
-Yo lo que entiendo es que se equivocan, hay una conceptualidad del fundamento totalmente errada, si ellos quieren intervenir con la presentación de las declaraciones juradas, la Ley de Ética Pública no es la que corresponde como para fundamentar lo que ellos pretenden. Después se equivocan en equiparar al sindicalista como funcionario público, como ministro, gobernador o legislador. Los sindicalistas no manejamos fondos públicos, nosotros manejamos la disponibilidad de los aportes que hacen voluntariamente los trabajadores desde su salario, porque sino iríamos a ejemplos más directos: las licitaciones públicas por viviendas o por caminos provienen de fondos públicos, el empresario también tendría que estar obligado a presentar su declaración jurada, porque son fondos públicos. Y el trabajador, el pobre empleado, el peón, el que recibe fondos y le paga través de la empresa con esos fondos, también tendría que ir a la oficina. Es decir, la actividad económica de la provincia estaría abarrotada en la Oficina Anticorrupción presentado las declaraciones juradas, de empleados, empresas, ongs y las fundaciones. Y es en este caso con mayor razón donde no podemos nosotros aceptar este concepto, independientemente de la cuestión no podemos aceptar este concepto.
-Pero tanta resistencia no es buena…
-Que después la sociedad nos juzgue, yo se que después la sociedad nos va a juzgar. Se van a desvirtuar mis conceptos del por qué nos oponemos. Van a decir que queremos esconder las cosas. Al contrario, éticamente lo podemos hacer voluntariamente si queremos, otros dirigentes sindicales también lo han hecho. De lo contrario que el Gobierno le encuentre el agujero al mate, si quiere llevar a todos los sindicalistas a la Oficina Anticorrupción, u otra ley que nos obligue, pero no usando la Ley de Ética Pública, que es exclusiva para los funcionarios.
-Cambiando de tema, la reforma laboral ya tendría consenso, ¿cree que se va a avanzar y encontrar un camino para que finalmente salga esta reforma?.
- En lo que se avanzó, y que es de público conocimiento, es en los conceptos que tienen que ver con la erradicación del trabajo en negro, el blanqueo de los trabajadores, en eso estamos todos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en el avance que pretende hacer el Gobierno Nacional y las modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, por ejemplo la Ley de Asociaciones Sindicales, la constitución del funcionamiento de la organizaciones sindicales, los convenios de colectivos de trabajo que significan avances muy importantes, inclusive a nivel mundial porque hemos puesto a todos en lo que avanza y lo que establece la recomendación de la Organización Nacional del Trabajo. Entonces avanzar sobre eventuales derechos de flexibilización laboral, con el pretexto de buscar y generar mayores fuentes laborales bajando la presión impositiva a las empresas que por lo general nunca derraman sobre la posibilidad de nuevos trabajadores, o generar más fuentes laborales, creo que ahí es donde el Gobierno equivoca el camino. Es entendible por el hecho de que hoy nos gobiernan empresarios y buscan obviamente lo mejor para las empresas. El holding empresario que antes la miraba de costadito hoy gobierna.
-¿Se está mirando mucho a los 90?
-Si. Esta es una mirada mucho más profunda, es un embate muy claro y concreto, las organizaciones sindicales a través de sus centrales, como es el caso de la CGT , a la cual nosotros respondemos, estamos firmes en este tema y también estamos firmes en el Congreso, donde a nivel nacional este Gobierno no tiene la mayoría absoluta. Para cuantificar estas cuestiones necesita del acompañamiento de la oposición y es allí donde seguramente el debate se dará es las cámaras legislativas, porque el Poder Ejecutivo puede mandarlo sin consultas. Hoy estamos en esas instancias donde todavía no es ley, estamos en un mecanismo de negociación, en un tira y afloje.