El transporte en la provincia de Jujuy tendrá nuevas reglas de juego

-Cuando hablamos de la situación del transporte finalmente podemos decir que ya tiene una ley que lo regularice...

-Cuando hablamos de la situación del transporte finalmente podemos decir que ya tiene una ley que lo regularice...

-Una ley que a nosotros nos parece una de las más importantes que se van a sancionar, en función de que para nosotros, o por lo menos a mi forma de ver, es una cuestión de Estado, porque es muy difícil trabajar sobre la regularización de todo un sistema de transporte, que es responsabilidad del Estado provincial pero que lo cumplen particulares.Cuando decimos que lo cumplen particulares, seguramente estamos tocando los intereses de gente que vive de esto que es el transporte público de pasajero como lo es el colectivo y hablamos de la situación económica de cada uno de ellos. En el caso de las interjurisdiccionales o ilegales, como lo llaman normalmente, estamos tocando cuestiones fundamentalmente económicas. Entonces es muy difícil y hay que ser prolijos en todo esto.

-El proyecto en sí, cuenta de varios capítulos. ¿A qué se refiere el primero de ellos?

-Abarca el transporte público de pasajeros que es el colectivo, con una regularización que va fundamentalmente a darle seguridad a las empresas que están radicadas acá. Se levanta la emergencia de transporte, porque unas de las cosas que nos pidió el gobernador es que salgamos de las emergencias, no podemos vivir en emergencia diez años. Entonces levantar la emergencia y la precarización significa poner reglas claras de juego. Estamos poniendo en el artículo dos cuál es la progresión desde el 2018 hasta el 2022 para que se vayan modernizando los vehículos, para terminar allá por el año 2022, con diez años de antigedad como máxima de estos colectivos que están prestando servicios.

-¿Respecto a las líneas?

-Justamente levantar la precariedad. Hoy en día todos están con permisos provisorios, la idea es que a través del órgano de aplicación, que es la Secretaría de Transporte, se dé la adjudicación de aquellos servicios que se sigan brindando por los actuales prestadores, pero en buenas condiciones. Esto garantiza a que una adjudicación directa por cinco años a los actuales prestadores le va a permitir tener las garantías suficientes para presentarse ante cualquier empresa de fabricación de colectivos a los efectos de poder comprar unidades nuevas. Poder mejorar o traer unidades que estén más cerca del 0 kilómetro, que es lo que nosotros deseamos. Nosotros decimos va a ser por cinco años, pero esto puede caducar.

-¿Qué puede llevar a eso?

-La licitación del transporte que se puede hacer de acá a un año, dos, tres o cinco años. Depende de nosotros, de que trabajemos en hacer una licitación de transporte, primero preparar los pliegos, hablar con los empresarios, garantizar cuál va a ser el sistema que va a funcionar en esto y en función de esto si se puede llegar a hacer en la licitación pública de acá a unos años.Pero hay que armarlo.

- Vamos al capítulo 2 de esta Ley. Creo que aquí es donde se origina o parte la necesidad de contar con este instrumento para regularizar el servicio de los ilegales o lo que se conocen también como interjurisdiccionales...

-Acá es donde nosotros ponemos reglas de juego claras, que es lo que nos han pedido todos. Cuando nosotros hablamos con la gente, inclusive del servicio público, que es el colectivo, muchos nos reconocieron que este servicio creció no solamente por una cuestión social, sino fundamentalmente por la falta de servicios en determinados lugares. Se han levantado líneas de aquellos lugares que no le eran redituables a los empresarios y dejaron huecos que luego fueron absorbidos por estos sistemas alternativos que le han ido brindando a la gente en diferentes lugares de la provincia con posibilidad de trasladarse a otros sitios.

-¿Pero cómo se regulariza ese servicio?

-Se va a hacer a través del órgano de aplicación de la ley, la Secretaría de Transporte, con un sistema que tiene en cuenta como parámetro el censo del 2015 que se hizo en la gestión anterior. En función de eso vamos a saber más o menos el número que tenemos. No vamos a habilitar a todo el mundo, porque no su puede. Otras de las cosas importantes de la ley es que esto no se habilita por cooperativa ni por empresas, sino a título personal. Los permisos que se otorguen van a ser a cada una de aquellas personas que demuestren de que éste es el sustento de su familia. No es que va a venir un empresario y va a decir yo tengo 10 vehículos que trabajan. No. Nosotros no estamos en contra de que existan las cooperativas, las empresas, que tengan su sistema de organización. Decimos que el permiso y adjudicación va a ser personal.También esta ley está planteando cuáles son las antigedades que los vehículos tienen que tener. Los tipos de seguros que son distintos. Cómo se va a garantizar el servicio que se hace de punto a punto. No es que van a entrar por cualquier Municipio haciendo lo que quieran. Cada Municipio va a tener que determinar cuál es el punto de partida de origen y dónde va a ser el punto de llegada del Municipio de destino.

-Se buscó que la ley sea lo más completa posible...

-Nos parece a nosotros que ésto es lo mejor que se puede hacer. Nos ha llevado más de un año este trabajo. Hemos tenido reuniones en la Legislatura con cada uno de estos sectores involucrados en esto, escuchando al transporte público de pasajeros y escuchando a esta gente que tiene el sistema alternativo. Hemos recorrido la provincia con la gente de la Secretaría de Transporte hablando con cada uno de los municipios. Estuvimos en La Quiaca, en Palpalá, en San Pedro, Ledesma, Fraile Pintado, Perico, Monterrico, en Capital, conversando con cada uno de ellos.

-¿Se va a exigir alguna tarifa di

ferenciada para que no se genere una competencia desleal con el servicio público transporte?

-Sí. En esta ley nosotros marcamos que este servicio alternativo tiene que tener el precio de lo que vale un boleto mínimo común, en un 50% más caro. Eso dice la ley, porque es un servicio alternativo, no estamos hablando de un servicio público. Este servicio lo toma quien quiere.

-¿Pero quién va a controlar que todo lo que se busca con la ley se cumpla?

-Ese es el otro tema. El tercer capítulo, donde creamos el "Fondo de planificación, fomento y control del transporte", ahí decimos cuánto tiene que aportar cada unos de los sectores, llámese transporte público o alternativo. El presupuesto que la Provincia le va a dar a la Secretaría de Transporte y seguramente algunos aportes que se puedan conseguir a nivel nacional. Todo ésto va a conformar un fondo que va a servir para controlar todo esto. Los que tiene que controlar esto es el órgano de aplicación de esta ley que es la Secretaría de Transporte, va a tener que firmar ese convenio con diferentes sectores, fundamentalmente con aquellos que están en la ruta. Caso concreto, Secretaría de Seguridad Vial, Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia, la misma Secretaría de Transporte que tiene a sus inspectores también y las direcciones de tránsito de los municipios. Esto tiene que ser un control coordinado entre todos a los actores.

-¿La ley saldrá este año?

-Sí. Hemos trabajado, ya tiene despacho, y seguramente se va a tratar en una sesión extraordinaria, antes. Pero tiene un por qué también: la ley de emergencia caduca el 30 de diciembre, nosotros queremos dejar de estar en emergencia, por lo tanto tiene que estar esta ley en vigencia porque la misma deroga las leyes anteriores.

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