Milagro Sala fue absuelta por el beneficio de la duda en el juicio oral y público por supuestas "amenazas" a dos efectivos policiales de la Seccional 56º del barrio Alto Comedero, hecho ocurrido en octubre de 2014.
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Milagro Sala fue absuelta por el beneficio de la duda en el juicio oral y público por supuestas "amenazas" a dos efectivos policiales de la Seccional 56º del barrio Alto Comedero, hecho ocurrido en octubre de 2014.
El fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 2 fue unánime y resolvió absolver a Sala por el principio de "in dubio pro reo", principio jurídico que expresa que en caso de duda, se favorecerá al imputado.
El principio de "in dubio pro reo" es una locución latina que podría traducirse de esta forma: "Ante la duda, a favor del reo".
La producción de los alegatos se desarrolló ayer, en el segundo piso del Palacio de Tribunales ante una sala de audiencias repleta de periodistas de distintos medios de comunicación, que transmitieron en vivo los pormenores de la audiencia.
Las partes fueron interrumpidas por los mismos ruidos de la cantidad de personas que trataba de acomodarse y de los periodistas que buscaban la mejor imagen en la sala de audiencias. Los treinta y tantos grados de temperatura que hizo ayer al mediodía, en el recinto parecían diez grados más, al punto que una de las custodias del Servicio Penitenciario que escoltaban a Sala, se descompensó y se desmayó cuando la abogada defensora Gómez Alcorta producía sus alegatos. Fue trasladada a una ambulancia que la aguardaba en el playón de estacionamiento, donde fue estabilizada.
El fiscal de Sala, Darío Osinaga (habilitado), había solicitado la pena de 4 años de prisión para la imputada, luego de manifestar que "había quedado acreditado que ella había sido la autora de las llamadas, que amenazaron y atemorizaron al oficial Vásquez y a la comisario Cabero, con ponerle una bomba en la seccional de Alto Comedero".
Además Osinaga no pasó por alto las interpelaciones de la dirigente social Milagro Sala en las primeras audiencias y dijo que "no se puede permitir que Sala manifieste que tanto el Tribunal enjuiciador como la Fiscalía habían sido amenazados para pedir condena en contra de ella".
La querella adhesiva representada por Ricardo Arese Ottaviano se manifestó de igual manera a lo solicitado por Osinaga, y también fue interrumpido en sus alegatos, pero esta vez por el presidente del Tribunal Antonio Llermanos, cuando el abogado intentó sobreponer los motivos por los que Milagro Sala fue traída a juicio, con cuestiones políticas. Tratando de hacer mención a hechos por los que aún se la investiga.
Juicio de las bombachas y de las recusaciones
IMPUTADA / MILAGRO SALA JUNTO A SU ABOGADA ELIZABETH GÓMEZ ALCORTA.
Una causa, que visto desde afuera, pareciera resolverse en un sencillo trámite procesal, resultó ser muy compleja.
En primer lugar porque al tratarse de un hecho que se desarrolló a través de dos o más llamados telefónicos, quedó acreditada la ausencia de testigos directos y los que pudieron haber escuchado la conversación, no supieron confirmarlo o directamente no lo escucharon, según lo que declararon ante el Tribunal.
En segundo lugar es la “tardía” denuncia de la comisario Cabero sobre estas supuestas amenazas que había recibido por parte de una mujer que había dicho ser “la diputada provincial Milagro Sala”.
En estos dos temas giraron los alegatos de la defensa de Sala y había solicitado la absolución por el beneficio de la duda o de manera subsidiaria, que Sala sea condenada con el mínimo de la pena y con prisión domiciliaria.
No hay que olvidarse de que esta causa una vez que fue elevada a juicio, inició con un pedido de suspensión de juicio a prueba. Es decir que la defensa de Sala había asumido los hechos y había solicitado al Tribunal en instancias preliminares que cumpla con tareas comunitarias. Propuesta que no fue dada a lugar por el Tribunal, atendiendo la oposición del fiscal y de la querella, luego de considerar que la condición de funcionaria agravaba la calificación legal impuesta.
Luego llegaron incontables series de recusaciones para posponer el inicio del juicio que debía haber empezado en septiembre, primero al presidente del Tribunal Antonio Llermanos, y luego al vocal Mario Puig que debían integrar otro Tribunal para resolver la primera recusación, y así hasta que el juez Luis Kamada puso fin a estos planteos luego de considerarlos “infundados”.
Una vez iniciado el juicio oral, la propia dirigente social dijo al Tribunal “que este juicio me parece una payasada” y que venía “directamente a una sentencia”. A todas estas interpelaciones que fueron expresadas abiertamente, en la primera audiencia el juez Antonio Llermanos se dirigió a Sala y sin siquiera hacer uso de su cargo de juez, con una voz calma le dijo: “Usted no se preocupe, este Tribunal va a actuar con justicia, pero deje que sigamos con la audiencia”.