El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer que a la investigación por encubrimiento del atentado a la Amia que involucra a Cristina Kirchner se agregue a los exfuncionarios Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Julio De Vido y Angelina Abbona, al tiempo que solicitó una treintena de pruebas para avanzar en el caso.
Se trata de la denuncia realizada el 14 de enero de 2015 por el entonces fiscal Alberto Nisman, quien falleciera cuatro días más tarde, la que ahora está conducida por Pollicita.
"Conforme surge de las constancias arrimadas al expediente, corresponderá investigar el rol que pudo haberles cabido en las maniobras denunciadas a otros funcionarios del anterior gobierno nacional", resaltó el fiscal.
A su entender, deben ser investigados los señalados inicialmente por Nisman: Cristina Kirchner, Héctor Timerman, Luis D''Elía, Fernando Esteche, Jorge "Yassuf" Khalil, Andrés Larroque, Héctor Yrimia y el supuesto agente de inteligencia Ramón Allan Bogado.
En su dictamen de ayer, Pollicita consideró que también deben ser alcanzados por la pesquisa el exministro de Planificación Federal, De Vido; el exsecretario de la Presidencia y exjefe de la AFI, Parrilli; el exsecretario de Legal y Técnica, Zannini; y la exprocuradora del Tesoro, Abonna.
Entre las medidas que solicitó, el fiscal Pollicita ordenó entrecruzamientos telefónicos, llamadas entrantes y salientes que recibió Khalil, así como el listado de visitas que pudieron haber en Casa de Gobierno, la Quinta de Olivos y el despacho que tenía en el Congreso el "Cuervo" Larroque.
El fiscal dejó abierta la posibilidad de que "el avance de la pesquisa permita individualizar otros funcionarios y/o terceras personas que pudieran haber tomado participación en los hechos denunciados" por Nisman, por lo que podrían sumarse nuevos investigados.
Según la presentación de Nisman, el Memorándum de Entendimiento con Irán (el que luego fuera declarado inconstitucional por la Justicia) fue ideado para intentar desviar la acusación sobre los iraníes, puesto que el pacto preveía que pudieran ser indagados en su país y dejaba en suspenso las ordenes de captura.
Al presentar la denuncia por primera vez, Pollicita le había dado curso pero el juez Daniel Rafecas primero y la Cámara Federal luego, la rechazaron al considerar que no hubo delito en la sanción del pacto y descartaron el supuesto plan de encubrimiento.
Ahora, Pollicita tiene la causa delegada con lo cual más allá de lo que fueran indagatorias, allanamientos o intervención de teléfonos no necesita de la aprobación del juez para realizar las medidas.

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