El ministro de Defensa de Brasil, Raúl Jungmann, extendió ayer sin fecha la presencia de tropas federales en las ciudades del estado Espíritu Santo, donde una ola de violencia causó al menos 137 muertes durante una huelga policial que cumplió una semana.
"Las tropas federales se quedarán durante el tiempo que sea necesario", afirmó Jungmann en una rueda de prensa en Vitoria, la capital regional, ciudad que, según el ministro, "está volviendo a la normalidad", pese a que los policías militarizados siguen en huelga.
Jungmann fue la cabeza de una representación del Gobierno central que se reunió de emergencia con el gobernador interino, César Colgano, y con el titular, Paulo Hartung, quien está de licencia médica para tratarse un cáncer, pero que estuvo al tanto de la crisis de seguridad pública.
La reunión fue apenas horas después de que los agentes policiales decidieron permanecer acuartelados, a pesar de un acuerdo anunciado la noche del viernes entre el Gobierno regional y representantes de las asociaciones de la Policía Militarizada, que reclaman mejores salarios, condiciones de trabajo y renovación de equipamientos.
La huelga debía terminar ayer por la mañana y los policías volver a sus puestos, pero los agentes militarizados no cumplieron lo dispuesto y siguieron resguardados en los cuarteles. El salario básico de un agente que comienza en la Policía Militarizada de Espíritu Santo es de 2.646 reales (unos 850,8 dólares) mensuales, el más bajo en los 27 estados del país y un 59,9 % menos de lo que gana un efectivo en las mismas condiciones en el Distrito Federal de Brasilia.

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