El fiscal federal Jorge Di Lello afirmó ayer que la filtración de las escuchas entre la expresidente Cristina Kirchner y el exjefe de la AFI Oscar Parrilli es algo que "no debería pasar y no es habitual" y consideró que "tiene un interés político".
"La filtración de los audios no debería pasar y no es habitual. No cabe ninguna duda que es una maniobra política y tiene un interés político. Salvo que sea la mano de Dios o el Espíritu Santo sino hay un responsable de carne y hueso con algún elemento tecnológico", opinó Di Lello.
El fiscal se refirió así a la trascendencia pública que están teniendo algunas de las escuchas telefónicas ordenadas por el juez federal Ariel Lijo en 2015 en el marco de una causa judicial contra Parrilli.
Tras criticar esas filtraciones, el fiscal sostuvo que "hay una especie de sobredosis de Comodoro Py, se ha incorporado que la lucha política se dirime en el desgaste que implican las denuncias en Comodoro Py".
Por otra parte, Di Lello habló de la causa de dólar futuro y explicó que está "tratando de determinar si se trató de una decisión política o una sistemática conducta tendiente a beneficiar a aquellos que habían hecho una compra importante" en ese mercado. "A veces se confunden las decisiones políticas con un hecho delictivo. El delito tiene que ver con un beneficio personal o un perjuicio para el Estado", aclaró.
En este marco, el fiscal envió una citación para el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien tendría "la disponibilidad de los datos" relevantes para la causa.
"Le hemos mandado un requerimiento con un plazo de 5 días hábiles bajo apercibimiento de denunciarlo en caso de no contestar por incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a una orden judicial. Si no responde en 5 días hábiles de ser notificado, lo denunciaré penalmente por esos eventuales delitos", adelantó.
Finalmente, Di Lello rechazó las críticas a su trabajo y aseguró que trata "de tener prudencia y mantener mi ritmo: ni apurado ni demorado".
Destacó además que fue él quien hizo "el pedido de indagatoria de (el exvicepresidente Amado) Boudou y de (el exjefe de la Afip Ricardo) Echegaray" en la denuncia por la venta de Ciccone.
"Lo hice con el 54% de la expresidente en la mochila y con dos años por delante. Todo el mundo sabe mi posición política y me pagan por ser fiscal. Cada cual hace lo que quiere", resaltó.
"La filtración de los audios no debería pasar y no es habitual. No cabe ninguna duda que es una maniobra política y tiene un interés político. Salvo que sea la mano de Dios o el Espíritu Santo sino hay un responsable de carne y hueso con algún elemento tecnológico", opinó Di Lello.
El fiscal se refirió así a la trascendencia pública que están teniendo algunas de las escuchas telefónicas ordenadas por el juez federal Ariel Lijo en 2015 en el marco de una causa judicial contra Parrilli.
Tras criticar esas filtraciones, el fiscal sostuvo que "hay una especie de sobredosis de Comodoro Py, se ha incorporado que la lucha política se dirime en el desgaste que implican las denuncias en Comodoro Py".
Por otra parte, Di Lello habló de la causa de dólar futuro y explicó que está "tratando de determinar si se trató de una decisión política o una sistemática conducta tendiente a beneficiar a aquellos que habían hecho una compra importante" en ese mercado. "A veces se confunden las decisiones políticas con un hecho delictivo. El delito tiene que ver con un beneficio personal o un perjuicio para el Estado", aclaró.
En este marco, el fiscal envió una citación para el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien tendría "la disponibilidad de los datos" relevantes para la causa.
"Le hemos mandado un requerimiento con un plazo de 5 días hábiles bajo apercibimiento de denunciarlo en caso de no contestar por incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a una orden judicial. Si no responde en 5 días hábiles de ser notificado, lo denunciaré penalmente por esos eventuales delitos", adelantó.
Finalmente, Di Lello rechazó las críticas a su trabajo y aseguró que trata "de tener prudencia y mantener mi ritmo: ni apurado ni demorado".
Destacó además que fue él quien hizo "el pedido de indagatoria de (el exvicepresidente Amado) Boudou y de (el exjefe de la Afip Ricardo) Echegaray" en la denuncia por la venta de Ciccone.
"Lo hice con el 54% de la expresidente en la mochila y con dos años por delante. Todo el mundo sabe mi posición política y me pagan por ser fiscal. Cada cual hace lo que quiere", resaltó.
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El fiscal federal Jorge Di Lello afirmó ayer que la filtración de las escuchas entre la expresidente Cristina Kirchner y el exjefe de la AFI Oscar Parrilli es algo que "no debería pasar y no es habitual" y consideró que "tiene un interés político".
"La filtración de los audios no debería pasar y no es habitual. No cabe ninguna duda que es una maniobra política y tiene un interés político. Salvo que sea la mano de Dios o el Espíritu Santo sino hay un responsable de carne y hueso con algún elemento tecnológico", opinó Di Lello.
El fiscal se refirió así a la trascendencia pública que están teniendo algunas de las escuchas telefónicas ordenadas por el juez federal Ariel Lijo en 2015 en el marco de una causa judicial contra Parrilli.
Tras criticar esas filtraciones, el fiscal sostuvo que "hay una especie de sobredosis de Comodoro Py, se ha incorporado que la lucha política se dirime en el desgaste que implican las denuncias en Comodoro Py".
Por otra parte, Di Lello habló de la causa de dólar futuro y explicó que está "tratando de determinar si se trató de una decisión política o una sistemática conducta tendiente a beneficiar a aquellos que habían hecho una compra importante" en ese mercado. "A veces se confunden las decisiones políticas con un hecho delictivo. El delito tiene que ver con un beneficio personal o un perjuicio para el Estado", aclaró.
En este marco, el fiscal envió una citación para el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien tendría "la disponibilidad de los datos" relevantes para la causa.
"Le hemos mandado un requerimiento con un plazo de 5 días hábiles bajo apercibimiento de denunciarlo en caso de no contestar por incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a una orden judicial. Si no responde en 5 días hábiles de ser notificado, lo denunciaré penalmente por esos eventuales delitos", adelantó.
Finalmente, Di Lello rechazó las críticas a su trabajo y aseguró que trata "de tener prudencia y mantener mi ritmo: ni apurado ni demorado".
Destacó además que fue él quien hizo "el pedido de indagatoria de (el exvicepresidente Amado) Boudou y de (el exjefe de la Afip Ricardo) Echegaray" en la denuncia por la venta de Ciccone.
"Lo hice con el 54% de la expresidente en la mochila y con dos años por delante. Todo el mundo sabe mi posición política y me pagan por ser fiscal. Cada cual hace lo que quiere", resaltó.
"La filtración de los audios no debería pasar y no es habitual. No cabe ninguna duda que es una maniobra política y tiene un interés político. Salvo que sea la mano de Dios o el Espíritu Santo sino hay un responsable de carne y hueso con algún elemento tecnológico", opinó Di Lello.
El fiscal se refirió así a la trascendencia pública que están teniendo algunas de las escuchas telefónicas ordenadas por el juez federal Ariel Lijo en 2015 en el marco de una causa judicial contra Parrilli.
Tras criticar esas filtraciones, el fiscal sostuvo que "hay una especie de sobredosis de Comodoro Py, se ha incorporado que la lucha política se dirime en el desgaste que implican las denuncias en Comodoro Py".
Por otra parte, Di Lello habló de la causa de dólar futuro y explicó que está "tratando de determinar si se trató de una decisión política o una sistemática conducta tendiente a beneficiar a aquellos que habían hecho una compra importante" en ese mercado. "A veces se confunden las decisiones políticas con un hecho delictivo. El delito tiene que ver con un beneficio personal o un perjuicio para el Estado", aclaró.
En este marco, el fiscal envió una citación para el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien tendría "la disponibilidad de los datos" relevantes para la causa.
"Le hemos mandado un requerimiento con un plazo de 5 días hábiles bajo apercibimiento de denunciarlo en caso de no contestar por incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a una orden judicial. Si no responde en 5 días hábiles de ser notificado, lo denunciaré penalmente por esos eventuales delitos", adelantó.
Finalmente, Di Lello rechazó las críticas a su trabajo y aseguró que trata "de tener prudencia y mantener mi ritmo: ni apurado ni demorado".
Destacó además que fue él quien hizo "el pedido de indagatoria de (el exvicepresidente Amado) Boudou y de (el exjefe de la Afip Ricardo) Echegaray" en la denuncia por la venta de Ciccone.
"Lo hice con el 54% de la expresidente en la mochila y con dos años por delante. Todo el mundo sabe mi posición política y me pagan por ser fiscal. Cada cual hace lo que quiere", resaltó.