La oposición venezolana se movilizó nuevamente ayer en Caracas, su quinta protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en lo que va de abril, una estrategia que eleva la tensión social y volvió a generar disturbios.
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La oposición venezolana se movilizó nuevamente ayer en Caracas, su quinta protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en lo que va de abril, una estrategia que eleva la tensión social y volvió a generar disturbios.
La policía intentó arrojó gases lacrimógenos, lo cual produjo enfrentamientos con los manifestantes.
Cientos de manifestantes se concentraron en la plaza Brión (este) y marcharon hacia la principal autopista de la ciudad, pero la policía los detuvo con gases lacrimógenos.
Como en las anteriores jornadas, un grupo de jóvenes respondió con piedras, mientras el grueso de la marcha retrocedió, algunos hacia el sector de Chacao, donde se han venido concentrando los enfrentamientos.
Varias personas recibieron primeros auxilios por efecto de los gases.
Desde su inicio, el 1 de abril, la oposición pretende llevar las marchas al centro, bastión del chavismo y donde están las sedes de los poderes públicos. El oficialismo realizaba en esa zona una jornada deportiva.
"Es una lucha de resistencia: ver quién se cansa primero, si nosotros de luchar o ellos de reprimir", dijo Guevara a la AFP en plaza Brión.
Maduro se encuentra en La Habana con motivo de una reunión de cancilleres de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), bloque de izquierda que lidera junto a Cuba.
La cita respaldará al mandatario, que denuncia un plan para derrocarlo por parte de la oposición, la Organización de Estados Americanos (OEA) y Estados Unidos.
Las manifestaciones se iniciaron en rechazo a dos sentencias con las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se adjudicó temporalmente los poderes del Legislativo y retiró la inmunidad a los diputados, alegando un desacato a sus fallos.
También exigen elecciones generales, respeto a la autonomía del Legislativo y liberación de opositores presos.
El TSJ -al que la oposición acusa de maniatar al Parlamento por orden de Maduro- anuló parcialmente los dictámenes en medio de una fuerte presión internacional, que denunció un quiebre democrático en el país con las mayores reservas petroleras y dio aliento a las protestas.
Descontento social
Hasta ahora en las movilizaciones se ha producido la muerte de un joven y decenas de personas han resultado heridas y detenidas.
También hubo destrozos en una sede del TSJ, atacada el pasado sábado.
Según el gobierno, un joven de 19 años falleció el pasado jueves de un balazo que le propinó un policía de tránsito en las afueras de Caracas, donde se presentaba un bloqueo de vía en el que presuntamente no participaba. El guarda fue detenido.
El sábado, el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles, quien fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años, también denunció un incendio provocado en el cuartel general de su partido, durante los disturbios.
Los manifestantes denuncian sus penurias por la crisis, que se agravó con la caída de los precios del petróleo, generador de 96% de las divisas del país.
América preocupada
Varios gobiernos de América latina, así como el de España manifestaron ayer su preocupación por la situación del líder opositor venezolano Henrique Capriles, quien denunció que sus oficinas fueron atacadas el domingo con bombas de gases, un día después de que el gobierno lo inhabilitara.
México, en un comunicado de su cancillería, expresó “su rechazo a los hechos de violencia registrados en los últimos días” en Venezuela y formuló “un nuevo llamado a todas las partes para que se abstengan de recurrir a la violencia o la provocación” y “resuelvan sus diferencias por medios pacíficos”.
Paraguay, también en una declaración de su cancillería, exhortó al gobierno de Venezuela a “garantizar el respeto y el derecho a las libertades públicas y políticas de todos sus ciudadanos” en “el marco de un estado de derecho que brinde las oportunidades de participación de todos y no existan proscripciones políticas de ninguna índole”.
España opinó que la inhabilitación a Capriles es "un motivo más de preocupación por la situación en Venezuela" y "dificulta aun más que pueda desarrollarse un diálogo sincero y efectivo entre gobierno y oposición”.