Estudiantes chilenos protagonizaron ayer una concurrida marcha por el centro de Santiago en rechazo al avance en el Congreso de un proyecto de ley que busca instaurar la gratuidad en la educación superior, el cual exigen sea reformulado.
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Estudiantes chilenos protagonizaron ayer una concurrida marcha por el centro de Santiago en rechazo al avance en el Congreso de un proyecto de ley que busca instaurar la gratuidad en la educación superior, el cual exigen sea reformulado.
Las organizaciones estudiantiles convocaron a la primera marcha del año cuando el Congreso chileno se aprestaba a votar la aprobación general de una esperada nueva ley de Educación Universitaria, que establece la gratuidad universal bajo ciertas condiciones de crecimiento económico.
El emblemático proyecto, parte de una megarreforma impulsada por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, busca ampliar la gratuidad de la educación universitaria siempre y cuando se cumplan algunas metas económicas. A mayor crecimiento, se amplía el rango de beneficiarios. Además, establece la prohibición efectiva de obtener ganancias en la educación.
A poco del inicio de la manifestación, la policía irrumpió lanzando gases lacrimógenos en algunos tramos cuando manifestantes lanzaban piedras y palos, amenazando el clima festivo y pacífico que se impuso en gran parte de la manifestación. Otro enfrentamientos con la policía se dieron al finalizar la manifestación.
La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) cifró en unas 90 mil personas los asistentes a la marcha.
Futuro incierto
El proyecto de educación superior, que ingresó al Congreso en julio del año pasado, fue votado ayer en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, dando inicio a un largo e intrincado trámite parlamentario.
Los estudiantes quieren que se frene el tratamiento de esta nueva ley "porque es un proyecto peor al inicial", comentó a periodistas Patricio Medina, vocero estudiantil.
Los estudiantes acusan al gobierno de Bachelet de ignorar sus opiniones y legislar, con mayoría en ambas cámaras, de espaldas a los movimientos sociales, claves en dar impulso a la reforma de un sistema educacional heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Ese sistema facilitó la creación de universidades privadas y desmanteló la educación pública en todos sus niveles, al reducir drásticamente los recursos destinados a ella.
Para adelantar los beneficios de esta nueva ley, el gobierno de Bachelet optó en 2016 por establecer mediante la Ley de Presupuesto General de la Nación la gratuidad universitaria para decenas de miles de estudiantes chilenos, los primeros en estudiar sin costo en décadas.