En la fiscalía de Investigación Penal N° 3 a cargo de Carlos Farfán se tramita una grave denuncia en contra del intendente de la ciudad fronteriza de La Quiaca Miguel Ángel Tito.
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En la fiscalía de Investigación Penal N° 3 a cargo de Carlos Farfán se tramita una grave denuncia en contra del intendente de la ciudad fronteriza de La Quiaca Miguel Ángel Tito.
En el año 2014 se inicia el trámite, en 2015 asume Tito sus funciones de intendente y en 2016 cobra el juicio, según la denuncia.
"Unos vecinos de la ciudad de La Quiaca se entrevistaron conmigo y tenían la inquietud de realizar la denuncia en contra del intendente, pero me pidieron absoluta reserva de su identidad por temor a represalias, y luego de escuchar el relato y estudiar la documentación que adjuntaron, me pareció que podía ser verosímil la denuncia que ya se tramita en el Ministerio Público de la Acusación", dijo Fernando Bóveda.
La denuncia da cuenta que el intendente de La Quiaca, Miguel Tito, que en su momento inició un juicio por supuestos "salarios adeudados" por parte de la comuna quiaqueña donde él sería el demandante cuando detentaba el cargo de concejal, en el año 2015.
"Cuando Miguel Tito asumió como intendente se hizo pagar ese juicio, entonces desiste en el expediente que había iniciado no especificando ni monto, ni deuda, ni nada".
"Desde mi punto de vista este hecho es un delito penal, por eso la presentación ante la fiscalía de turno, no solo de abuso de autoridad, sino que el artículo 165 del Código Penal prohíbe a cualquier funcionario público realizar un acto jurídico en su propio beneficio".
"A mi entender, un intendente no puede iniciar un juicio y luego pagárselo. Lo que se necesita para llevar a cabo ese cobro es una ordenanza del Concejo Deliberante de La Quiaca con la intervención del Tribunal de Cuentas, porque de otra manera se incurre en delito", le dijo a nuestro medio Fernando Bóveda.
En otro tramo de su relato, el abogado dijo que "puede haber ocurrido que Tito cobró lo que correspondía o no, pero el solo hecho de llevar a cabo este trámite ya de por sí es delito, porque justamente el bien jurídico protegido en este caso es el de la cristalinidad de la administración pública. En la forma que se hizo, es contraria a derecho".
Por otra parte se supo que en el Tribunal en lo Contencioso y Adminsitrativo de la Sala I, Vocalía I, Tito firmó un acto para "dar cuenta de la satisfacción integral de la presentación articulada de manera extrajudicial, deviniendo en abstracto el planteo y por ende la continuidad del trámite. En función de ello, desisto de la acción interpuesta".
"En ese descargo no hace mención al acuerdo monetario que habría llegado él mismo para pagarse, siendo representante de la comuna fronteriza", concluyó Bóveda.