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El Senado aprobó de forma unánime ley que limita el 2X1

Prohíbe su aplicación a los condenados por delitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad.En un debate de cuatro horas y media, con el aporte de diferentes sectores fue aprobada por 56 votos.

Miércoles, 10 de mayo de 2017 20:31
SENADO DE LA NACIÓN. SESIÓN ESPECIAL PARA VOTAR LA NORMA QUE IMPIDE QUE REPRESORES SE BENEFICIEN CON EL 2X1.

El Senado sancionó ayer por unanimidad una ley que establece que el cómputo del 2x1 no puede ser aplicable a los delitos de lesa humanidad, tras la polémica por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó ese beneficio al represor Luis Muiña.

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El Senado sancionó ayer por unanimidad una ley que establece que el cómputo del 2x1 no puede ser aplicable a los delitos de lesa humanidad, tras la polémica por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó ese beneficio al represor Luis Muiña.

La ley obtuvo 56 votos a favor, la cantidad exacta de senadores que logró llegar a Buenos Aires a tiempo para participar de la sesión que fue convocada de apuro el martes, mientras la Cámara de Diputados todavía se encontraba debatiendo el proyecto.

Ese apuro se reflejó también al inicio de la sesión, cuando se planteó el objetivo de votar a las 15, de manera que la ley estuviera aprobada antes de que los organismos de derechos humanos marcharan hacia la Plaza de Mayo en contra del fallo de la Corte.

La celeridad del Congreso para sancionar la nueva norma (en 24 horas) se debió a la conmoción que generó el fallo y la ola de críticas que recibieron los jueces del máximo tribunal durante toda la semana por parte de todos los sectores políticos, incluido el oficialismo, que se despegó de la sentencia que en un primer momento había sido avalada por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

En ese contexto, en el Congreso primó la necesidad de sancionar una ley aclaratoria de la 24.390, conocida como "ley del 2x1", que pese a estar derogada desde 2001 fue usada por los jueces supremos Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton para fundamentar su fallo.

La nueva legislación aprobada ayer establece que ese cómputo "no es aplicable a conductas delictivas que se encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional".

Además, consigna que para el resto de los delitos, el beneficio sólo puede aplicarse a "aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de esa ley", es decir, entre 1994 y 2001.

El debate de los senadores reflejó las coincidencias respecto de la política de derechos humanos pero también las diferencias políticas y las suspicacias en torno al fallo emitido la semana pasada por el máximo tribunal.

Diferentes enfoques

En este sentido, los senadores radicales de Cambiemos reivindicaron el rol de la UCR, con el expresidente Raúl Alfonsín a la cabeza, en los juicios a las Juntas Militares y ratificaron su adhesión a la política de derechos humanos que se fue consolidando "con avances y retrocesos" desde en 1983 hasta la actualidad.

Los legisladores del PRO en el interbloque oficialista, en tanto, se concentraron en rechazar de plano cualquier suspicacia respecto de una supuesta injerencia del Gobierno de Macri en el fallo de la Corte y pidieron "no poner en otro poder del Estado responsabilidades que no tiene". En cambio, el ala kirchnerista del PJ-FPV vinculó directamente a la Casa Rosada con la sentencia del máximo tribunal al recordar "expresiones de funcionarios" que "pusieron en duda el número de desaparecidos" y que "hablaron de curro de los derechos humanos", al tiempo que hablaron de una "nueva mayoría automática" en la Corte, en alusión a lo ocurrido durante el gobierno menemista. Otro enfoque sobre el tema tuvieron el peronista federal Adolfo Rodríguez Saá y el jefe del bloque PJ-FPV, Miguel Pichetto, quienes retomaron la idea de "rearmar" la Corte Suprema.

 

Fiscal Franco Picardi

El fiscal federal Franco Picardi sostuvo ayer que debe ser denegado el beneficio de la derogada ley del 2x1 para el exprefecto Juan Antonio Azic, apropiador de la hija de desaparecidos y actual diputada nacional Victoria Donda, informaron fuentes judiciales. El prefecto retirado Azic purga una pena unificada de 15 años de prisión luego de haber sido condenado en 2012.

 

Paola García Rey- DD.HH

El fallo de la Corte Suprema que beneficia con el 2x1 a condenados por crímenes de lesa humanidad “puede tener implicancias en la lucha por desterrar la impunidad en Argentina”, dijo Paola García Rey, directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos en la oficina local de Amnistía Internacional.

 

Gobernador de Córdoba: Juan Schiaretti

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, dijo estar en “desacuerdo” con la aplicación del 2x1 para los delitos de lesa humanidad y enfatizó que “el terrorismo de Estado debe ser repudiado y rechazado permanentemente en nuestra Argentina”. “Si no lo repudiamos y lo rechazamos, se puede volver a producir, y esto es lo que tienen que ver los pueblos”.

 

Gobernador de Salta: Juan Urtubey

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, destacó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la aplicación del cómputo del 2x1 provocó una reacción que muestra que en la Argentina “las instituciones funcionan”, y resaltó el nivel de consenso que generó la medida, a la que le restó significado político. 

 

 Juez Héctor Cortés

El juez de Cámara Héctor Fabián Cortés, de San Juan, aseguró que el fallo de la Corte “nos hizo un ruido moral y un ruido jurídico. Esta ley terminaba beneficiando en su época de vigencia a los autores o cómplices de delitos graves y aplicar a casos de lesa humanidad hubiera terminado beneficiando a autores o cómplices de delitos gravísimos y no a autores de delitos comunes”.