Jujuy se plantea en estos días la necesidad de discutir leyes que brinden mayor acceso a la justicia a los niños, que hasta ahora no eran tomados como sujetos con voz y voluntad tanto en procesos administrativos como judiciales, sino que siempre deben estar acompañados por un adulto que los tutele para hacer cualquier reclamo.
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Jujuy se plantea en estos días la necesidad de discutir leyes que brinden mayor acceso a la justicia a los niños, que hasta ahora no eran tomados como sujetos con voz y voluntad tanto en procesos administrativos como judiciales, sino que siempre deben estar acompañados por un adulto que los tutele para hacer cualquier reclamo.
El marco normativo que rige a nivel nacional e internacional al que Argentina adhiere, busca eliminar la concepción de los niños y adolescentes como objetos o personas definidos de manera negativa (por lo que no son, no tienen o no son capaces) para ser considerados sujetos de derechos que gozan, por su condición de niños y personas en crecimiento, de un plus de protección.
En las últimas semanas tomaron estado parlamentario dos proyectos de ley que apuntan a este objetivo, uno de ellos de autoría de la diputada María Eugenia Nieva de la UCR, propone adecuar las leyes provinciales a la ley nacional 26.061, propone sancionar la ley de "Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes" y el segundo de la diputada Débora Juárez Orieta, unibloque, que propone la creación de la figura del abogado del Niño.
Asimismo el jueves pasado estuvo en Jujuy la abogada especialista en la temática Laura Musa, integrante de la Fundación Sur, que brinda clínica legal gratuita a niños y adolescentes, brindando un curso de capacitación para abogados, psicólogos y asistentes sociales.
Jujuy es la única provincia en el país que aún no puso en sintonía sus leyes provinciales sobre la niñez con la Ley Nacional 26.061.
Desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, con jerarquía constitucional desde 1994, Argentina ha logrado importantes avances en la materia. Así, desde 2005, el país cuenta con una Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061). A su vez, nuestro país confirmó su compromiso con otros instrumentos normativos entre los que se destacan: Ley de Protección Contra La Violencia Familiar (24.417), la Ley de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley 25.673), la Ley de Migraciones (Ley 25.871), Ley del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150), la Ley de Educación Nacional (Ley 26.206), la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas (Ley 26.364) y la Ley de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente (Ley 26.390).
Según la normativa internacional, el sistema de protección integral de derechos de niños y adolescentes se consagra con la Convención sobre los Derechos del Niño, que es uno de los tratados de Naciones Unidas con mayor cantidad de estados miembro, que obliga a los países del mundo a adecuar sus marcos normativos para la plena protección y satisfacción de todos los derechos de los niños.
Esa adecuación normativa se da, en nuestro país, por la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley Nacional 26.061). Según esa norma el sistema de protección está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Este conjunto de actores y acciones deberá garantizar y establecer los medios a través de los cuales se asegure el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos de derechos humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional. Para ser efectivo, un sistema de protección debe estar descentralizado, es decir, cada provincia debe tener su propia ley de protección y a su vez contar a nivel municipal con servicios que garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Jujuy busca sancionar su ley
La diputada provincial María Eugenia Nieva, impulsa un proyecto de ley que tomó estado parlamentario en la última sesión sobre la "Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes" que tiene el objetivo de que nuestra provincia cuente con una implementación efectiva del Sistema de Protección Integral de Derechos de niños y adolescentes, acorde a las normativas vigentes.
El proyecto propone regular el cumplimiento del debido proceso legal, en sintonía con el procedimiento administrativo tendiente al acceso a políticas públicas y medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes.
También se regula el procedimiento para la separación familiar estableciendo límites precisos y temporales para su procedencia y el cumplimiento del debido proceso. Dispone además, que el control de legalidad de la medida excepcional corresponde a los jueces de familia, terminando así con los resabios tutelares que aún en Jujuy les concedían competencia a los jueces penales de menores.
Incluye la figura del abogado del niño, de acuerdo a la normativa nacional y establece para su efectiva implementación, la creación de un Registro de abogados del niño. Se destaca la creación de la figura del Defensor del Niño, superando los estándares de la ley nacional, establece mecanismos para garantizar la idoneidad técnica y su absoluta independencia.
Formación de especialistas
El Colegio de Abogados de Jujuy impulsa capacitaciones destinadas a formar profesionales especialistas en la defensa de los niños.
Adriana Iriarte, presidente del Instituto de Derecho de las niñas, niños y adolescentes que funciona en el Colegio de Abogados de Jujuy, indicó que desde ese espacio académico se organizan diferentes capacitaciones con el objeto de formar abogados del niño.
“Toda la cuestión de niñez es transversal al derecho, por eso no podemos desconocer que también se debe independizar esta cuestión”, apunto Iriarte.
Comentó que en la primera jornada se abordó la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Luego se abordaron temáticas ligadas a la figura del abogado del niño.
En ese marco, se realizó el jueves pasado la capacitación sobre “los desafíos para la implementación de la figura del abogado del niño. Hacia una nueva especialidad profesional”.
En esa oportunidad disertó Laura Musa, directora ejecutiva de la Fundación Sur, diputada nacional MC, exasesora general tutelar de la Caba y Laura Rodríguez, coordinadora de la Clínica Jurídica de Fundación Sur, docente de la UBA y autora del libro “Infancia y Derechos: Del patronato al abogado del niño”.
La especialista Laura Musa se refirió a la necesidad de la implementación de la figura del abogado del niño en Jujuy.
“La Ley Integral de Protección de los Derechos de Niños y Adolescentes dice que todo niño, no importa su edad, tiene derecho a tener un abogado en todas las presentaciones administrativas y judiciales donde se discuta algo que le es propio. Esto va desde una vacante escolar, un turno en un hospital que se demora, el acceso a una vivienda digna, o situaciones más graves en las que necesita un abogado porque es víctima de algún delito. Ejercer el derecho de los chicos de reclamarle a la administración que efectivice sus derechos es novedoso. Y lo novedoso es que los abogados representamos directamente a los niños y no a sus padres ni a sus tutores, porque hay derechos que son personales y el niño tiene derecho a peticionarlo con su propia voz a través de un abogado”, indicó.
“El abogado no debe hacer lo que hace por ejemplo un defensor de menores de la Justicia que hace lo que cree mejor para el niño, sino lo que el niño quiere”, aclaró.
Garantía de prioridad infantil
En su artículo 5º el proyecto de ley de la diputada Nieva expone la “Garantía de prioridad”, estipula que el Estado Provincial tiene responsabilidades indelegable en establecer y garantizar políticas públicas para la infancia y adolescencia. En la ejecución y formulación de las políticas públicas es obligatorio tener presente el interés superior de los niños involucrados.
Las políticas públicas deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
La prioridad absoluta implica la protección y auxilio en cualquier circunstancia, prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos colisionen con los intereses de los adultos, preferencia en la atención, formulación y ejecución de políticas públicas, asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las garantice, preferencia en la atención en los servicios esenciales.
Además enumera los derechos de los niños, tales como derecho a la vida, derecho a la dignidad: derecho a la vida privada e intimidad familiar. Derecho a la identidad que comprende el derecho a una nacionalidad, al nombre, a su cultura, a su lengua de origen, a su orientación sexual, al conocimiento de quienes son sus padres y a la preservación de las relaciones familiares. Para proteger ese derecho, el Estado jujeño debe asegurar identificar al recién nacido, garantizar la inscripción gratuita de niños y niñas después de su nacimiento. En ningún caso la indocumentación de la madre o del padre puede ser obstáculo para que se identifique al recién nacido o a cualquier niña, niño o adolescente y a búsqueda y localización de los padres u otros familiares de niños, niñas y adolescentes procurando el encuentro o reencuentro familia. Derecho a la salud. Derecho a la educación con miras a su desarrollo integral. Derecho a la libertad, a tener sus propias ideas creencias y culto religioso. Derecho de libre asociación. Derecho al deporte. Derecho a la no explotación, derecho a la seguridad social y derecho a opinar.
Defensor y abogado
La iniciativa de la diputada Débora Juárez Orieta propuso la creación de la figura del “Abogado de Niños, Niñas y Adolescentes”, quien deberá representar y patrocinar judicialmente, los intereses personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes legalmente, ante cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte; todo ello, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 12, incisos 1) y 2) de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del articulo 27 de la Ley Nacional Nº 26.061, sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Ministerio Pupilar integrante del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy.
También propone la creación de un Registro Provincial de Abogados de Niños, Niñas y Adolescentes
La iniciativa de la diputada María Eugenia Nieva impulsa la creación de la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Jujuy. Indica que será un órgano unipersonal e independiente con personería jurídica, legitimación procesal y autonomía funcional y financiera. Su misión será la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses individuales, colectivos y difusos de niños, niñas y adolescentes habitantes de la Provincia de Jujuy, amparados en la Constitución Nacional, frente a los actos u omisiones de autoridades públicas y/o de particulares. Quedan comprendidos también los actos de naturaleza administrativa de los poderes Judicial, Legislativo y de órganos de Control.
Casos de chicos de 11 a 16 años que solicitan letrados
Laura Musa indicó que la Fundación Sur que integra cuenta desde hace muchos años con un clínica legal gratuita para niños y adolescentes, en donde son numerosos y variados los casos que atienden.
Sobre las edades en las que más consultan dijo que van desde los 11 y 16 años. En cuanto a las situaciones que originan los reclamos dio como ejemplo los casos en los que los hospitales se niegan a darles a las chicas anticonceptivos si no van con sus padres, “las chicas no quieren ir con los padres porque es un cuestión de su privacidad y los médicos no las atienden. Ahí hacemos el amparo porque tienen derecho a su privacidad”. Otro caso recurrente es el de chicas adolescentes que “están en situación de calle y están embarazadas y les quieren sacar a los bebés en nombre del bien. Cuando hay obligación estatal de proteger esa maternidad si la chica quiere”. Dijo que hay muchos “chicos que el Estado se los saca a las familias por mala atención, dice, cuando en realidad son cuestiones de pobreza. Se los sacan con el pretexto de cuidárselos en instituciones y después no se los restituye y esos chicos terminan en adopciones. Lo que es ilegal porque el vínculo familiar estaba intacto”.
Respecto a los casos que están atravesados por las carencias explicó que “la ley de Infancia dice que la situación de pobreza no puede ser determinante para separar a una familia. Lo que tiene que haber son políticas públicas activas que apoyen a los padres solos”.
Sobre los casos en los que los niños tienen intereses disímiles con sus padres, indicó que “la voluntad del niños debe ser entendida. El niño puede tener una posición y los padres otras y el juez dictaminara. Cuando hay intereses disímiles está previsto que el niño pueda tener su abogado y los padres el suyo”.