Luego de conocerse el rechazo del juez de Control Gastón Mercau, del pedido de elevación a juicio en la causa que se les inició al expresidente del Instituto de Seguros, Daniel Palumbo y a su gerente administrativo Héctor Ugarte por supuestos pagos de sobreprecios a una empresa que ganó una licitación, el fiscal Bossatti dijo que apelará la resolución.
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Luego de conocerse el rechazo del juez de Control Gastón Mercau, del pedido de elevación a juicio en la causa que se les inició al expresidente del Instituto de Seguros, Daniel Palumbo y a su gerente administrativo Héctor Ugarte por supuestos pagos de sobreprecios a una empresa que ganó una licitación, el fiscal Bossatti dijo que apelará la resolución.
El fiscal de Investigación Penal Preparatoria N° 8 Alejandro Bossatti sostiene que "hubo maniobras de sobreprecios en al menos dos expedientes que son investigados y que fueron denunciados por legisladores radicales en 2015".
Bossatti entiende "que se realizaron licitaciones a medida de algunas empresas favorecidas, concediéndoles contratos por más de 237 millones de pesos para la prestación de servicios a los afiliados del ISJ. Además sospecha de una presunta existencia de vínculos entre exfuncionarios y las empresas que fueron "tercerizadas".
Cabe recordar que el juez de Control N§ 3 Gastón Mercau no hizo lugar al pedido de elevación a juicio propuesto por el fiscal Bossatti, aduciendo la inexistencia de delitos, en función de informes producidos por el Tribunal de Cuentas de la Provincia y resolvió que las actuaciones vuelvan a la Fiscalía y se continúe con las investigaciones.
Uno de los fundamentos expedidos por Mercau, tiene que ver con el informe del Departamento de Obras Públicas del Tribunal de Cuentas, quien se habría remitido indicando que los precios pagados por la construcción del edificio de la delegación La Quiaca del Instituto de Seguros serían acordes a los valores de plaza.
La causa fue promovida por los hoy miembros del STJ de la provincia Pablo Baca y Elizabeth Altamirano por un supuesto sobreprecio pagado por el Instituto en la construcción de la delegación La Quiaca, a cargo de la empresa Urbania S.R. L., con un presupuesto inicial de un millón 200 mil pesos.
Daniel Palumbo está imputado por ser el supuesto autor de los delitos de "abuso de autoridad y fraude a la administración pública".