El Senado aprobó por unanimidad una ley que establece que le será quitada la responsabilidad parental a cualquiera de los progenitores cuando sea condenado por el asesinato de su cónyuge y un proyecto sobre protección de los derechos de víctimas de delitos.
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El Senado aprobó por unanimidad una ley que establece que le será quitada la responsabilidad parental a cualquiera de los progenitores cuando sea condenado por el asesinato de su cónyuge y un proyecto sobre protección de los derechos de víctimas de delitos.
En el marco de una sesión dedicada casi en su totalidad al debate de proyectos relacionados con víctimas directas o indirectas de femicidios, violencia intrafamiliar y delitos comunes, la Cámara alta aprobó una ley referida a la patria potestad.
La nueva norma, que fue aprobada con 47 votos y girada al Poder Ejecutivo para su promulgación, agrega un nuevo artículo al Código Civil y Comercial a fin de dejar establecido que le será quitada la responsabilidad parental a cualquiera de los progenitores cuando sea condenado por el asesinato de su cónyuge.
Lo mismo ocurrirá cuando uno de los progenitores sea condenado por lesiones graves o abuso sexual contra su cónyuge o contra los hijos de la pareja y también cuando cualquiera de esos delitos sea cometido en grado de tentativa.
El proyecto fue elaborado por la senadora del PJ-FPV Marina Riofrío y tras ser aprobado por el Senado, la Cámara de Diputados lo modificó el año pasado y lo devolvió para su sanción definitiva.
Víctimas de delitos
Por otra parte, la Cámara alta también aprobó después de un debate de varios meses una proyecto de ley sobre protección de los derechos y garantías de las víctimas de delitos, que crea la figura del defensor público de la víctima.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad con 58 votos a favor y devuelta con cambios a la Cámara de Diputados, que la votó en 2016 con el impulso del Frente Renovador de Sergio Massa.
El proyecto plantea la creación de Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas en todo el país y establece que las víctimas de delitos deben ser notificadas sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias que se le otorguen a los condenados y acusados.
La principal modificación que introdujo el Senado al texto de Diputados es la creación de la figura del defensor público de víctimas, cargo que ocupará un magistrado por cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires, 24 en total.
Además habrá 123 procesretarios y secretarios letrados.