“Hay que cambiar  el modelo energético del país”

-¿Cómo impacta el tarifazo en los salarios de los trabajadores?

-Esencialmente desde la CTA y de las organizaciones que pertenecemos al ámbito energético como es la Federación de Trabajadores de la Energía y quienes la componen, proponemos y ponemos en el centro del debate que hay que cambiar el modelo energético de este país. Este es un país que no es petrolero ni gasífero, pero que tiene esos recursos y tiene un modelo que instauró la privatización y basado en la extranjerización que es lo peor que le pudo haber pasado al pueblo argentino. Porque hoy no tenemos una empresa nacional que sea capaz de establecer las condiciones del desarrollo del mercado energético. Todo lo contrario, quienes lo establecen son las empresas multinacionales y lo establecen en función de sus objetivos de ganancias de alta rentabilidad y en perjuicio claro del pueblo argentino. Por un lado se llevan nuestra riqueza, recursos naturales sin valor agregado y por otro lado manejan los servicios públicos con un criterio mercantil y la energía para nosotros no es un comodín es un bien social al que todos debemos acceder es un derecho humano. Porque si no, no hay posibilidad de llevar una vida digna. Estamos planteando la modificación de este modelo energético. La causa de todos los males es ese modelo, hay que recuperar el patrimonio del pueblo a manos del pueblo que sea capaz de administrarlo. Además se trata de preservar, no sólo el presente sino garantizar el futuro de las generaciones que tengan energía.

-El modelo implica una recuperación difícil en este contexto político social…

-Es una asignatura pendiente del pueblo argentino, posiblemente tengamos otras pero esta es importante. Entre 1990 y 2016 se calcula que de Argentina se llevaron el equivalente a 12 mil millones de barriles de petróleo, entre petróleo y gas, entre esas fechas el barril de petróleo estuvo a bajo costo 4 o 5 dólares y llego a estar a más de 115 dólares. Supongamos que ese barril le ponemos un precio promedio de 20 dólares son 240 mil millones de dólares que se llevaron de Argentina. Con ese capital se podría haber desarrollado políticas sociales que hoy las padecemos y no las podemos cumplimentar y arrincona muchas comunidades a la pobreza e indigencia. Entonces es claro, el problema es que tenemos que administrarlo nosotros. En el mundo no todos los pueblos entregan su patrimonio energético. Si uno mira globalmente muchos conflictos bélicos, casi el 100 % detrás de ello es sobre el tema energético.

-El impacto en las políticas sociales ha sido muy fuerte. ¿Cómo revertir esa situación? Porque no hay conciencia en los usuarios…

-  Acá no hay otra alternativa, es necesario que se comprenda. En Argentina no hay suficiente conciencia. Si uno convoca a una movilización, levantar firmas, manifestarse a favor de la educación pública, salud, no hay duda que la comunidad se moviliza; ahí hay una respuesta concreta. Pero cuando uno va a hablar sobre este tema de la energía, esa respuesta no está en el mismo nivel siendo que estamos hablando de un patrimonio y riqueza que después no se puede recuperar cuando la perdemos. La prueba la tenemos en Argentina después de la privatización. Esto demuestra que todavía no está bien instalado este tema del derecho humano y que no se lo reconoce como tal. Es decir sabemos del derecho al trabajo, a una vivienda, a la salud aunque no lo tengamos, pero se escucha el derecho.  En cambio este derecho se discute y este es el tema, el enemigo sabe precisamente la importancia de este derecho y por eso la disputa, y disputa la propiedad. Ese es el punto neurálgico de quién es la energía.

-Los cuadros tarifarios han aumentado…

-En los cuadros tarifarios eléctricos de Buenos Aires dados a conocer en los últimos días los aumentos rondarían el 58 %. En promedio habrá aumentos de entre 60 y 70 %. La energía eléctrica sigue siendo un bien suntuario, no un bien social o un derecho humano. Con estos nuevos aumentos, podemos comprobar que se sigue castigando al usuario con tarifas que comienzan a ser impagables y que impactan en el poder adquisitivo de las familias.

 

 

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