El juez federal Sergio Torres pidió ayer informes sobre viajes del presidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno en la flota presidencial o en aviones de empresas privadas, entre otras medidas de prueba y operativos dispuestos en la causa que investiga supuestos delitos vinculados a empresas aéreas low cost y contrataciones estatales.

El juez pidió un detalle de los viajes del Presidente y otros funcionarios desde el 10 de diciembre de 2015 al presente.

Torres ordenó las medidas en la causa donde el fiscal federal Jorge Di Lello imputó y pidió investigar al presidente Macri en relación a supuestas irregularidades en la concesión de rutas low cost a empresas como Avianca, entre otros delitos, explicaron fuentes judiciales.

Entre otras medidas, Torres pidió informes a la Secretaría General de la Presidencia, Aerolíneas Argentinas, Inspección General de Justicia, entre otras empresas y organismos.

Di Lello imputó en la causa a Macri, su padre Franco Macri, el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, entre otros.

A la Secretaría General de la Presidencia, el juez pidió un detalle de los viajes del Presidente y otros funcionarios desde el 10 de diciembre de 2015 al presente en la flota de aviones presidencial o bien en aeronaves rentadas al sector privado.

Además se requirieron datos sobre una licitación pública hecha para contratar un servicio de transporte aéreo interno para viajes institucionales.

A la empresa Aerolíneas Argentinas se le solicitó informes sobre un dictamen jurídico relativo a las condiciones para los accionistas mayoritarios extranjeros a la hora de ser propietario de una empresa aérea para vuelos de cabotaje y copia de acuerdos de cooperación firmados con la empresa "Sol Líneas Aéreas".

La denuncia fue presentada por los diputados nacionales del FpV Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié.

En esa denuncia se aludió a supuestas irregularidades como la venta de la empresa "Macair jet", del grupo económico de Franco Macri, a la colombiana "Avianca", contrataciones estatales con esta empresa y luego su entrada al país para operar rutas en supuesto perjuicio para Aerolíneas Argentinas.

 

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