El ministro de Justicia, Germán Garavano, concurrió ayer al Senado a defender el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, y los legisladores anunciaron que postergarán el debate porque la Cámara de Diputados todavía no les envió la iniciativa que aprobaron.
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El ministro de Justicia, Germán Garavano, concurrió ayer al Senado a defender el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Empresaria, y los legisladores anunciaron que postergarán el debate porque la Cámara de Diputados todavía no les envió la iniciativa que aprobaron.
Diputados aprobó el miércoles pasado el articulado del proyecto promovido por el Poder Ejecutivo, en una sesión trabada.
Ante la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Garavano reconoció que el texto impulsado por el oficialismo y aprobado por Diputados para penalizar a las personas jurídicas que cometan delitos tiene "artículos que se contradicen" y problemas de "técnica legislativa", pero lo respaldó.
Sin embargo, se encontró con un consenso entre los senadores oficialistas y opositores, encabezados por Ángel Rozas y Miguel Pichetto, respectivamente, para dejarlo "en stand by", porque desconocen la letra de la iniciativa que la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada en un compleja votación artículo por artículo, pero nunca envió al Senado para su análisis.
El ministro de Justicia indicó que la Argentina "suscribió hace muchos años la Convención Contra el Soborno Transnacional, que fue suscrita por 41 países", de los cuales "40 tienen hoy incorporada en su legislación la responsabilidad penal de personas jurídicas y Argentina es el único país que no la tiene".
"Nos parece importante que las personas jurídicas que lucran tengan responsabilidad como tales más allá de las personas físicas que ejercen su conducción", enfatizó el funcionario nacional, al tiempo que aclaró que "no hay posibilidad de sancionar una ley penal retroactiva".
De esta manera intentó zanjar la polémica que surgió en la Cámara de Diputados en torno al llamado "artículo Odebrecht" (finalmente eliminado) que permitía que las empresas acordaran con la Procuración del Tesoro (el cuerpo de abogados del Poder Ejecutivo) la extinción o reducción de la pena a cambio de brindar información sobre delitos anteriores a la sanción de la ley.
No obstante, Garavano indicó que, teniendo en cuenta que "numerosas empresas, como Skanska y Odebrecht, han reconocido la comisión de delitos en el país", sería "valioso poder regular algún mecanismo para ver de qué forma pueden reparar el daño que ocasionaron con ese pago de comisiones o sobreprecios que hayan hecho hacia atrás".
El primero en tomar la palabra fue Rozas, quien advirtió que "no es serio" tratar un proyecto que los senadores todavía no pudieron leer, por lo cual se debía postergar su debate hasta que la Cámara de Diputados lo enviara.
"Lo vamos a volver a invitar ministro, pero por ahora posterguemos", expresó a su turno Pichetto, al tiempo que indicó que el proyecto "hay que verlo, hay que ver si no hay que hacerle alguna modificación" y reclamó "actuar con seriedad y no con demagogia punitiva".