El empresario Jorge Castillo, conocido como "El Rey de la Salada", seguirá detenido luego de que se le dictara la prisión preventiva en la causa en la que es considerado líder de una asociación ilícita que amenazaba y extorsionaba a puesteros en la feria de la localidad de Ingeniero Budge.
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El empresario Jorge Castillo, conocido como "El Rey de la Salada", seguirá detenido luego de que se le dictara la prisión preventiva en la causa en la que es considerado líder de una asociación ilícita que amenazaba y extorsionaba a puesteros en la feria de la localidad de Ingeniero Budge.
Además de estar acusado como jefe de una asociación ilícita, a Jorge Castillo se le imputa “tentativa de homicidio”
La medida fue dispuesta por el juez de Garantías 3 de Lomas de Zamora, Gustavo Gaig, tras la solicitud del fiscal Sebastián Scalera el 21 de julio último, y también alcanzó a otros 22 imputados que tiene el expediente, a quienes acusa de ser "miembros" de la organización delictiva con distintos niveles de importancia.
Una fuente indicó que a Castillo, además de acusarlo de ser uno de los jefes de la asociación ilícita, se le imputa la "tentativa de homicidio" de uno de los policías que lo fue a detener el 21 de junio último a su casa.
Es que el dueño de "Punta Mogote", una de las tres ferias habilitadas que funcionan en La Salada, se resistió a los tiros cuando los efectivos se presentaron en su vivienda e hirió en la cara a uno de ellos.
El juez consideró que Castillo debe seguir detenido ante la posibilidad de que se fugue o de que entorpezca la investigación. Lo mismo resolvió sobre sus sobrinos, Adrián y Leandro; su hermano Hugo y su cuñada, Gladys Arrieta.
También continuarán en prisión cuatro efectivos: Orlando Fasone, subcomisario de la División Narcotráfico de Lomas de Zamora; Pablo Randone, cabo primero de la Policía Federal asignado a la División Custodia de Funcionarios, y los oficiales de la Policía bonaerense Orlando Fernández y Héctor Esteban Peralta, alias "Taco", quien prestaba servicio en la Jefatura Distrital Norte.
Este último efectivo fue detenido el 5 de julio y se cree que era la mano derecha de Castillo en la "Banda de los Chaqueños", uno de los tres grupos que se dividían el manejo de los puestos ubicados sobre la vía pública en los alrededores de la feria La Salada.
Según los investigadores, su sobrino Adrián lideraba el grupo conocido como "Banda de Adrián o de River" y Leonardo Farías -uno de los prófugos- otra de las organizaciones, denominada "Banda de los Cucos".
Los otros imputados que seguirán presos son Eduardo Angel Batistoni, Alfredo Javier Almirón, Maximiliano Darío Gómez, Santos Crespín Gómez, Mauro Ariel Leiva, Alfredo Magistratti, Ariel Gustavo Monier, Maximiliano Peralta, Raúl Ernesto Ramírez, Andrés Alejandro Rivero, Francisco Edgardo Ruiz, Rafael Alberto Sambrán, Mauricio Hernan Sequeira y Manuel Gustavo Villalba.
En tanto, se dispuso la falta de mérito y quedaron en libertad Luis Alberto Ramírez y Saúl Alberto Rodríguez.
Esta causa comenzó en abril de 2015, cuando tras un desalojo se determinó que un grupo tenía el control de miles de puestos callejeros que funcionaban afuera de los tres predios habilitados, Urkupiña, Cooperativa Ocean y Punta Mogote, este último administrado por Jorge Castillo.
La pesquisa avanzó y se estableció que explotaban de manera ilegal los puestos, cobraban un canon a los feriantes para poder permanecer en el lugar y otros montos por seguridad, limpieza, estacionamiento, además de un bono contribución.
Todo era realizado bajo amenazas y, en caso de que no se pudieran concretar los cobros, los feriantes eran golpeados, al tiempo que los miembros de la organización que actuaban como "seguridad" atacaban a las "mecheras" que descubrían robando en el predio sin previamente "arreglar" con ellos.
Según videos que constan en la causa, a las mujeres las llevaban a galpones, las hacían desnudar y las azotaban con cinturones.
A través de su Facebook y en declaraciones a radio La Salada, Castillo sostuvo que esta es una "causa política" y que no hay pruebas en su contra, pero en el allanamiento realizado en su casa se encontraron planillas que detallaban los cobros ilegales a los puesteros.
Paralelamente a este expediente, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, lleva adelante una investigación por "evasión impositiva" por la que el 22 de junio allanó el complejo Punta Mogote y secuestró 11 millones de pesos y más de 6.000 dólares que estaban distribuidos en diez cajas de seguridad.